Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo aumentaron 12% y marcaron un nuevo récord en 2025 al totalizar 1.080, frente a 964 de 2024 (el anterior máximo histórico), indicó la Memoria Anual 2025 y Plan de Actividades 2026 de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU).
La cantidad de reportes provenientes del sector financiero se incrementó 10,4% hasta 972 en total. Aumentaron más los reportes que llegan del sector no financiero (+28,6%), aunque continúan como un porcentaje bajo del total ya que alcanzaron 108, según el documento.
Si bien los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado desde el sector no financiero crecieron por cuarto año consecutivo (luego que en 2021 enviaran solamente 39), siguen estando por debajo de los presentados en el año 2019 (149 ROS), sin considerar el año 2018 que fue el mayor registro de reportes presentados por ese sector (263 ROS).
De hecho, del récord de ROS presentados de 1.080, el 90% corresponde al sector financiero (bancos, instituciones que brindan servicios de pago, emisores de dinero electrónico, intermediarios de valores, empresas de transferencias de fondos, empresas de servicios financieros y casas de cambio, gestores de portafolios, entre otros) y solamente el 10% al sector no financiero (proveedores de servicios societarios, rematadores, explotadores y usuarios de zonas francas, escribanos, casinos, contadores, inmobiliarias, entre otros).
Esto ha sido marcado por un problema por parte del BCU en el pasado, ya que entiende que la cantidad de reportes que envía el sector no financiero no se condice con el riesgo que conllevan esas actividades (particularmente la inmobiliaria) para el lavado de activos.
El documento de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU expresó que "la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es el sector dependiente de la SSF que desarrolla las funciones de investigación y análisis financiero en temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con atribuciones propias asignadas por la ley y además es responsable de realizar actividades de supervisión a nivel de las distintas entidades que se supervisan con foco principal de prevención".
El documento recordó que "a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos del año 2023 y de las áreas críticas identificadas en este documento, se elaboró y aprobó en julio de 2025 una nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que contempla las medidas a adoptar por las distintas autoridades competentes del Estado hasta marzo de 2030.
"Esta estrategia contiene un plan de acción detallado que establece 22 objetivos, con sus metas y acciones concretas a desarrollar para mitigar los riesgos identificados en las distintas áreas, involucrando directamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero y a la Superintendendencia de Servicios Financieros", añadió.
A su vez, el informe de la SSF indicó que en 2025 se recibieron 38 pedidos de información internacionales (habían sido 37 en 2024, 31 en 2023, 39 en 2022 y 47 en 2021) y se enviaron cinco pedidos de información internacional en esta materia (habían sido 14 en 2024, cuatro en 2023, 16 en 2022 y 21 en 2021).
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