Los cambios en la forma de pagar que se vienen, la idea de mejorar el acceso al crédito, el rol fintech y más

El gobierno se ha propuesto definir políticas públicas para un mayor desarrollo del ecosistema de las fintechs y de los sistemas de pago en Uruguay, que es hacia dónde está yendo el mundo. En ese camino, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU) coordinan entre sí, procurando estar alineados también con el sector privado, según manifestaron jerarcas de ambos, en el evento Fintech Summit 2025, organizado por la Cámara Uruguay Fintech (CUF), ayer en el WTC Free Zone.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, habló sobre la significación del sector y “recogió muy bien las inquietudes del sector”, según dijo poco después a El País Martín Benítez, vicepresidente de la CUF.

Uno de los “platos fuertes” fue la ponencia de Martín Vallcorba, subsecretario del MEF, al recorrer los principales hitos de la evolución del sistema pagos en el país, siendo un pilar la ley de Inclusión Financiera de 2014 y su plan correspondiente. De hecho, esa ley fue mencionada a lo largo de la jornada, en distintos paneles, que la valoraron muy positivamente.

El País.

Vallcorba comenzó mencionando la estrecha relación positiva existente entre la inclusión financiera y el desarrollo económico y social de los países, por lo que el MEF tiene por objetivo, con el mencionado programa, promover precisamente el acceso universal a los servicios financieros (darle más profundidad y alcance) y modernizar el sistema de pagos, un punto este último en el que Uruguay se encuentra actualmente rezagado, a pesar de sus avances del pasado.

El Programa de Inclusión Financiera se basó en instrumentos definidos, como: acceso gratuito a productos financieros básicos con cuentas sueldo y cuentas Pymes, el programa de ahorro joven para vivienda, el crédito de nómina para trabajadores y jubilados, la reducción de aranceles e incentivos a la expansión de las redes de POS, limitaciones a prácticas anticompetitivas en el sistema de pagos (esto es, regulación de la interoperabilidad, además de mejoramiento del funcionamiento de las transferencias electrónicas).

“En 2014, las prácticas anticompetitivas de las redes POS estaban muy instauradas, era un problema para los usuarios y para el desarrollo del mercado”, recordó Vallcorba.

Agregó que, en ese entonces, las transferencias electrónicas se usaban únicamente para grandes montos y que tenían altos costos, “prohibitivos para transferencias de montos menores; el movimiento del efectivo era importante en esa época”, dijo.

Lo cierto es que el sistema tenía fallas y vacíos que no permitían el desarrollo de los pagos electrónicos, pero se fue solucionando, también con la incorporación de otras medidas, como la reducción del IVA para pagos con tarjeta de débito y dinero electrónico.

“Se decía que 4 puntos de rebaja de IVA no iban a mover la aguja, pero sí lo hizo”, defendió Vallcorba, mostrando una gráfica sobre una cadena de supermercados que pasó del 4,6% al 10,3% de transacciones electrónicas en solo un mes en 2014, por el impacto positivo de la reducción del IVA para el usuario.

En los primeros cuatro años de vigencia de la rebaja de ese impuesto, se pasó del 33% al 63% de transacciones electrónicas, por ese estímulo que promovió un verdadero cambio en los hábitos de pago de los uruguayos.

La economía ha ido usando cada vez menos el efectivo, los retiros en efectivo y el uso de cheques, al tiempo que los usuarios privilegiaron el pago de tarjetas y transferencias electrónicas. En 2024, se emitieron 4,1 millones de instrumentos de dinero electrónico y 1,3 millones de nuevas tarjetas de débito en el país.

La cantidad de operaciones con esos dos instrumentos se multiplicó por 94, desde junio de 2014 a fines de 2024, mientras que el monto total operado por esas vías creció 90 veces.

"Qué pueden hacer las políticas públicas para avanzar en la inclusión financiera y el desarrollo de la economía", se preguntó Vallcorba. Sobre la base de desarrollar más la infraestructura tecnológica y financiera, y de aumentar la formación para la era digital, el gobierno define “nuevos incentivos, regulaciones más ajustadas a las realidades de hoy (el proyecto de ley de Presupuesto va en ese sentido) y promueve la competencia”, se respondió.

En relación a la competencia, ésta se ve alimentada porque existen pocos jugadores en el mercado financiero uruguayo. “Hay una tendencia por parte de las empresas del sector a bloquear el acceso a los nuevos jugadores, a pesar de que la colaboración es lo que promueve más el desarrollo de todos”, apuntó Vallcorba, fundamentando así la necesidad de regular, para el sano crecimiento del sector.

Al decir de la vicepresidenta del BCU, Ana Claudia de los Heros (quien a su turno, retomó este punto), “que las empresas del sector crezcan por calidad y no por bloquear a los nuevos jugadores”.

Vallcorba quebró una lanza a favor de las fintechs, al afirmar que estas empresas promueven la inclusión financiera (facilitando el acceso a servicios financieros a poblaciones alejadas y reduciendo costos operativos), e impulsan la creación de nuevos productos y modelos de negocio, en un sistema que tiende a ser poco innovador con sus actores tradicionales, en materia de pagos, crédito, inversiones y demás.

“La regulación no tiene que matar la innovación”, fue uno de sus mensajes cuando habló sobre la importancia de garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

De ahora en más, el objetivo —detalló— será generar mejores condiciones para que el desarrollo del ecosistema fintech sea dinámico y seguro, potenciar la protección al consumidor y la ciberseguridad, así como promover la educación financiera y digital (finanzas digitales).

Ana Claudia de los Heros, vicepresidenta del Banco Central, centró su discurso en “el BCU que hoy tenemos y cuál nos imaginamos”, en una suerte de ejercicio al futuro.

Destacó la ley de inclusión financiera, la multiadquirencia (que abrió el juego y aumentó la competencia en cuanto a los POS) y, más recientemente, los instrumentos de crowdfunding.

Acto seguido, enumeró una serie de desafíos, entre ellos, el acceso al crédito (que es muy bajo en el país, especialmente para las pymes), el sobreendeudamiento de los hogares (en parte, por no tener formación financiera, dijo), las pocas opciones de inversión para los pequeños ahorristas, las barreras de entrada a los nuevos actores al sistema, el aumento de fraudes (que actúan en contra de los niveles de acceso al sistema) y los costos altos del acceso a los instrumentos de pago (“tenemos el objetivo de bajarlos”, anunció).

Foto: Darwin Borrelli, El País.

“El rostro del sobreendeudamiento tiene cara de mujer; no nos olvidemos del género. Las mujeres se sobreendeudan por los gastos del hogar”, destacó.

Las metas del BCU a cinco años son, según detalló: consolidar la inclusión financiera en el país, profundizar la interoperabilidad (incluyendo la transfronteriza), implementar la hoja de ruta de finanzas abiertas y fortalecer el peso uruguayo.

En línea con lo anteriormente mencionado, el Plan estratégico del BCU para 2030 se basa en tres focos principales: régimen monetario maduro (buscan aumentar la credibilidad del peso uruguayo); desarrollo del sistema financiero (con eje en el mercado de valores, de seguros y protección al consumidor); y mejor estructura del mercado financiero, en términos de eficiencia y accesibilidad, ciberseguridad y prevención de fraude.

De los Heros planteó que el BCU está revisando su propia gobernanza institucional, su estructura administrativa, rol y funcionamiento interno, para poder dar respuestas más ágiles al mercado. “El BCU tiene que ser más flexible en lo interno para dar mejores respuestas”, afirmó.

Hizo hincapié en que las regulaciones deben propiciar espacios para la “experimentación responsable”. En esa línea dijo que el BCU no cuenta con sandbox (entornos de prueba o ejecución aislados para desarrollo de productos o servicios), pero sí pilotos con ámbitos de control, que garantizan la seguridad de los datos.

Finalmente, la vicepresidenta del BCU resumió que, del espectro de líneas de acción, se van a centrar fundamentalmente en la interoperabilidad y en las finanzas abiertas.

El proyecto de la ley de Presupuesto plantea más competencias para el BCU en el mercado financiero, en especial ante situaciones de riesgo que pueden generar los nuevos instrumentos o actores en el ecosistema.