La Federación Rural le presentó al gobierno un paquete de medidas para bajar el precio de los combustibles

La Federación Rural elevó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) un documento con medidas para reducir el precio de los combustibles, principalmente del gasoil y corregir distorsiones que, según advierten, afectan la competitividad del sector productivo.

El planteo incluye cambios regulatorios, de organización del mercado de combustibles y apuntan tanto al rol de Ancap como al fortalecimiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), cuya independencia afirman que fue “sucesivamente recortada”. En concreto, piden asegurar la estabilidad de sus autoridades y otorgarle “poder efectivo de fijar precios máximos”, junto con la capacidad de publicar escenarios alternativos de precios.

Entre las principales medidas, la gremial pide que se aplique la regulación de distribución primaria en el mercado de combustibles que fue diseñada por la Ursea y frenada en 2024. Según sus cálculos, esto generaría una reducción del 40% en los costos de distribución, aproximadamente una reducción de unos $ 4 por litro.

“Su implementación progresiva, con períodos de transición negociados pero vinculantes, es la medida de mayor impacto inmediato sobre el precio al consumidor”, afirman en el documento al que accedió El País.

Por otro lado, recomiendan la eliminación de los subsidios cruzados dentro de Ancap y piden “hacerlos explícitos”. Sobre este punto, el documento sugiere identificar, cuantificar y trasladar al presupuesto nacional los subsidios al pórtland, el Fideicomiso del Transporte, bioetanol, supergás, entre otros.

Foto: Darwin Borrelli.

“Solo el Parlamento puede aprobar impuestos y subsidios. Ancap no debería actuar como agencia de política social o industrial encubierta”, indica el documento.

En cuanto a Ancap, la gremial propone una reestructura profunda y afirma que la estatal “debería concentrarse” en la importación, refinación y distribución mayorista de combustibles y desprenderse de actividades no energéticas como las del pórtland o bioetanol que “deberían cerrarse o transferirse al sector privado”, según indicaron.

El precio actual del gasoil en Uruguay se ubica en $ 50,63 por litro, pero desde la gremial estiman que si se eliminaran el aporte al Fideicomiso del Transporte ($ 3 por litro), el subsidio al supergás (alrededor de $ 1,20 por kilo) y se concretan las reformas sugeridas, “el precio del gasoil podría reducirse en aproximadamente $ 8,20 por litro”.

El paquete de recomendaciones incluye además la evaluación de la apertura a la libre importación de combustibles para “permitir la formación competitiva de precios”, la profesionalización de la gestión de las empresas públicas, revisar la política de mezcla obligatoria de biocombustibles, así como también eliminar restricciones a la apertura de nuevas estaciones de servicio.