"El muerto ya está en el cajón": la dura reacción del sector automotor tras el impuesto a vehículos eléctricos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) resolvieron gravar con Imesi (Impuesto Específico Interno) a vehículos eléctricos a partir de enero del próximo año en franjas según valor de importación. Privados salieron al cruce de la decisión y argumentaron que los tomó por sorpresa el anuncio ya que el gobierno no mantuvo reuniones previas con actores del sector. “Es bastante peor de lo que esperábamos”, dijo a El País el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), Diego Oroño.

Asimismo, el presidente de Auder suscribió las declaraciones de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU): “Llama especialmente la atención la rapidez con la que se ha impulsado esta medida, sin un proceso adecuado de diálogo”.

La resolución del gobierno implica que los vehículos eléctricos cuyo valor de importación en Aduanas (precio CIF) es menor a US$ 19.000 seguirán exonerados del impuesto. En cambio, aquellos con un valor se ubica entre US$ 19.000 y US$ 27.000 serán gravados con un 5% de Imesi, mientras que a los que superen los US$ 27.000 se les aplicará un 9% del impuesto. En el caso de los vehículos híbridos, el porcentaje del gravamen se aplicará en función de la cilindrada.

“Nos tomó por sorpresa para mal”, dijo Oroño y agregó que se trata de “un punto de inflexión” en la movilidad eléctrica ya que consideró que la decisión sugiere una suerte de “política energética con fines recaudatorios”.

El presidente de ACAU, Ignacio Paz, señaló a El País que si bien la gremial mantuvo reuniones con el MEF y la cartera se había comprometido a comunicarse previo al anuncio del decreto. Sin embargo, las partes no dialogaron y de hecho, Paz indicó que los aportes realizados por la gremial “no fueron tenidos en cuenta, sino todo lo contrario”.

Si bien la gremial mantuvo reuniones previas con el gobierno, Paz sostuvo que las observaciones de la gremial no fueron contempladas. Una de las primeras puntualizaciones que hizo ACAU fue la necesidad de que el decreto entrara en vigencia un año después de haberse firmado. Sin embargo, el Imesi a eléctricos se comenzará a aplicar a partir del 1° de enero del próximo año.

El decreto del Poder Ejecutivo establece que el porcentaje del gravamen se establece en función del precio CIF (por su nomenclatura en inglés, Cost, Insurance and Freight) de importación; un término comercial donde el importador asume el valor de costo, seguro y flete. Según Paz, la volatilidad del mercado internacional, en particular el costo del combustible y los seguros, encarecen aún más la importación. “Es un perjuicio innecesario”, dijo Paz. En cambio, ACAU planteó que el porcentaje se decida en función del precio FOB (por su sigla en inglés, Free on Board) que incluye el costo de la mercadería y los trámites correspondientes en Aduanas.

Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

“Yo creo que no se puede decir que hay un mercado maduro cuando tan solo el 2% de los vehículos que circulan en la calle (son eléctricos), cuando todavía no terminaste de arreglar el tema de la disposición final de baterías y cuando no tenés resuelto la infraestructura de carga en la vía pública de forma suficiente”, apuntó y agregó que esta decisión genera dudas entre quienes están evaluando comprar un vehículo eléctrico.

Por otra parte, Paz explicó que como resultado a la aplicación del Imesi, el IVA y el costo de la patente –otros beneficios tributarios con los que cuentan los eléctricos– se verán modificados. “En otros países están sacando el IVA, nosotros incrementándolo, estamos a contramano”, dijo Paz y agregó: “La veo muy difícil. El muerto ya está en el cajón”, en relación a que el gobierno revea la decisión.

Luego de que se publicara el decreto, la gremial manifestó a través de un comunicado su “profundo descontento con la forma en que fue conducido este proceso”. “Se trata de una decisión de enorme trascendencia para el sector automotor, para miles de consumidores y para la política energética y ambiental del país”, dijo la gremial y agregó que las empresas “tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación, pese al compromiso previamente asumido por las autoridades de informar al sector sobre las conclusiones alcanzadas antes de su adopción, permitiéndonos expresar, por última vez, nuestras consideraciones”, dijo.

Una reunión que estaba pactada hace ya varias semanas entre Auder y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, se desarrolló ayer en la tarde luego de que el gobierno anunciara la decisión de gravar los eléctricos. El presidente de Auder destacó la disposición de Cardona para actuar como nexo entre la gremial y el MEF ya que Oroño lamentó no haber tenido un contacto previo con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Según relató Oroño, la respuesta de Cardona fue positiva a los planteos manifestados por representantes de Auder. Entre ellos resaltó que las partes se comprometieron a generar un ámbito de trabajo sobre movilidad eléctrica para revisar las franjas de aplicación del impuesto para generar “previsibilidad” en el sector. Sin embargo, el ejecutivo no observa posible que el gobierno revea su decisión.

Con el objetivo de promover un mayor uso de los puntos de carga públicos establecidos por UTE, Auder planteó una mesa de trabajo conformada por el MIEM, UTE, Ancap y la gremial. En ella está previsto discutir el desarrollo de la infraestructura para movilidad eléctrica y fomentar la instalación de puntos de carga en todas las estaciones de servicio. En ese sentido, sostuvo que la intención de Auder es que para 2030 el 100% de las estaciones de servicio en Uruguay tengan como obligación cargadores eléctricos.

Luego de que Oddone señalara que el mercado se encuentra “maduro” para revisar los incentivos fiscales de los eléctricos, Cardona afirmó en rueda de prensa que “no estamos en el momento oportuno para tomar esa decisión”. Oroño recordó las declaraciones de la ministra y sostuvo que pese a la posición de la ministra de Industria, la decisión “primó como mecanismo recaudatorio” en la Rendición de Cuentas.

El Poder Ejecutivo detalló en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal 2025, presentado este martes, que a la disminución de gasto tributario vinculado a la compra de vehículos eléctricos se suman las ganancias de eficiencia previstas para la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI).

En ese sentido, el MEF tiene previsto un aumento presupuestal de US$ 31 millones. En conjunto, se espera que estos ingresos alcancen al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2029. Según las proyecciones del documento presentado el lunes, el gobierno estima recaudar unos US$ 16 millones adicionales por la reducción del beneficio tributario asociado a la compra de vehículos eléctricos.

Foto: Ignacio Sánchez

“El gasto tributario asociado a esta política ha aumentado sostenidamente desde 2022, hasta alcanzar US$ 87 millones en 2025 por concepto de Imesi y US$ 70 millones por concepto de TGA (Tasa General Arancelaria).

Asumiendo que se mantienen los niveles de ventas observados desde el segundo semestre de 2025, se proyecta para 2026 un gasto tributario que superaría los US$ 200 millones”, indicó el documento presentado ayer por el MEF.

El gobierno también analizó el impacto y la participación de este tipo de vehículos en el mercado uruguayo y agregó que tiene previsto aumentar la flota de transporte público eléctrico hacia 2029.

“Al analizar la evolución y composición del parque automotor, se observa un crecimiento de los automóviles eléctricos e híbridos, que se acelera en los últimos tres años. Al cierre de 2025, estos vehículos se ubicaron cerca del 4% de la flota activa. Suponiendo que el ritmo de las ventas de 2026 sea similar al observado en los últimos 12 meses, la participación alcanzaría aproximadamente al 7% de la flota activa al cierre del año”, argumentó.