Ancap informó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que decidió mantener el precio del gasoil marino durante setiembre en $ 34.764,3 por metro cúbico, de forma excepcional y para un volúmen máximo de 2.300 metros cúbicos.
El Ejecutivo justificó que la decisión se debe a "la situación que atraviesa dicho sector, caracterizada por una prolongada dificultad estructural que ha afectado el nivel de actividad y la competitividad de las empresas que lo integra" y que el sector pesquero enfrenta dificultades crecientes y persistentes vinculadas a la pérdida de competitividad frente a mercados internacionales, envejecimiento de la flota y limitaciones estructurales propias de su escala productiva".
La ley de Urgente Consideración (LUC) desmonopolizó el combustible marino en Uruguay desde 2020, lo que permite la libre importación del producto. El precio de este se fija en función de los de la región y Ancap lo estaba ofreciendo a un precio conveniente durante los últimos días cuando en los mercados internacionales se había encarecido con motivo del conflicto bélico en el Medio Oriente.
El aumento en el precio internacional del petróleo hizo que el gobierno decidiera un incremento en el precio de los combustibles desde marzo de este año. El gasoil marino no fue ajeno a esta situación y Ancap decidió un aumento de 83% en su precio aunque luego dio marcha atrás en la resolución y fijó el incrementó en 7% como había sido para el resto de la canasta de combustibles.
La guerra también provocó una mayor demanda por gasoil marino desde marzo, que registró aumentos de entre 25% y 30% por sobre lo normal para esa época del año lo que llevó a que Ancap haya suspendido la disponibilidad del combustible.
En marzo de este año se desató una polémica entre Ancap y la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) debido al aumento del precio del combustible marítimo y la detención del suministro. Las flotas permanecieron detenidas durante algunos días hasta que Ancap dio marcha atrás en su decisión y estableció un aumento del 7% como indica el tope de variación máximo de la normativa dispuesta por el Ejecutivo.
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