Los reiterados paros en el puerto de Montevideo mantienen alerta a todos los actores del sector y mientras gremiales agropecuarias reclamaron medidas para retomar la operativa, la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) emitió un comunicado en el que insistió en "pasar de las advertencias a la acción” en momentos que el sector tuvo un récord de exportaciones de corvina. “Existe una responsabilidad sindical por adoptar medidas desproporcionadas; una responsabilidad de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) por no asegurar la continuidad del servicio ni responder por sus consecuencias; y una responsabilidad de las autoridades por no haber logrado generar aún condiciones de negociación que impidan que la operativa portuaria sea utilizada recurrentemente como instrumento de presión”, aseguró la gremial en el comunicado.
Las actividades en TCP funcionan con intermitencia desde hace algunos meses cuando el Sindicato de TCP-Nelsury –uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario (Supra)-- comenzó a negociar con la empresa Katoen Natie –principal accionista de TCP– por salarios y condiciones laborales.
El último paro de actividades tuvo una duración de tres días; comenzó durante la tarde del viernes y retomó las actividades el lunes. El País se intentó comunicar con el sindicato de TCP-Nelsury pero no obtuvo respuesta.
“CIPU respeta el derecho a la negociación colectiva y la legitimidad de discutir las condiciones de trabajo. Pero resulta inadmisible que cada nueva reivindicación sea precedida por medidas que paralizan la actividad portuaria, sin consideración por sus consecuencias sobre miles de empresas y trabajadores ajenos al conflicto”, dijo la gremial en el comunicado.
Sin embargo, los reclamos de la gremial también fueron hacia la empresa: “También resulta inadmisible la actitud pasiva de TCP, una empresa a la que el Estado ha confiado la prestación de un servicio público absolutamente relevante para la economía del país. TCP no puede limitarse a comunicar la suspensión de la operativa, afirmar que procura una solución y trasladar luego la totalidad de los costos a sus clientes”.
La CIPU también recordó el importante y extenso conflicto que se desató durante el año pasado en el sector pesquero. “Por eso hablamos no solo como empresas perjudicadas, sino desde la experiencia de haber encontrado una salida cuando los mecanismos de negociación no ofrecían soluciones”, explicó la gremial y agregó: “Esa experiencia nos lleva a reclamar con mayor firmeza que TCP y las autoridades asuman la responsabilidad de construir alternativas que protejan el trabajo, la producción y los derechos de terceros”.
La industria pesquera en Uruguay exporta el 95% de su captura y tiene la corvina y merluza como productos insignia. Sin embargo, la CIPU reconoció en su comunicado que las paralizaciones en el puerto golpean a otros sectores como el farmacéutico y el de repuestos y componentes para la producción industrial.
Según el comunicado, la CIPU comenzó a “reunir y cuantificar evidencia sobre los daños sufridos por las empresas pesqueras y ha iniciado consultas jurídicas sobre las actuaciones que puedan corresponder”. “La continuidad del puerto de Montevideo debe ser asumida como un asunto de interés nacional, esencial para el interés de todo el país”, culminó la gremial en el comunicado.
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