Las exportaciones uruguayas de corvina alcanzaron el mayor registro de la última década entre enero y julio de 2026, con ventas por más de US$ 30 millones y un volumen superior a 16,7 millones de kilogramos, según la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU). Pese a que ya hace algunos meses se desata un conflicto en el sector, la pesca se encuentra en plena zafra y las cifras representan un crecimiento de casi 80% en valor y 63% en volumen respecto del promedio de los últimos 10 años, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
El presidente de la CIPU, Juan Riva Zucchelli, dijo a El País que el total exportado entre enero y julio de este año alcanza los US$ 77 millones; unos US$ 10 millones más que durante el mismo periodo del año pasado.
Solo en exportación de corvina la cifra alcanzó los US$ 30 millones en lo que va del año, mientras que durante los mismos meses del año pasado las colocaciones de ese producto llegaron a los US$ 18 millones.
Riva-Zucchelli sostuvo que entre un año y otro es notorio el cambio en las cifras del sector, que estuvo influenciado por medidas sindicales. “Los paros son lo más dañino que hay”, dijo.
El incremento respecto del promedio histórico representa alrededor de 6.500 toneladas adicionales de corvina. Para una planta con una capacidad de procesamiento de 50 toneladas diarias y unos 100 trabajadores, el volumen equivale a alrededor de 130 días de actividad y cerca de 13.000 jornales de trabajo.
Según un comunicado de la gremial, existe una mayor demanda de personal embarcado, tareas de descarga y logística, transporte terrestre, envases, combustible, energía y múltiples servicios asociados. “Los resultados confirman el potencial de crecimiento del sector cuando la flota puede operar con mayor continuidad y reducir las restricciones que históricamente han limitado su actividad”, indicó.
“Estos resultados muestran cuánto puede aportar la pesca cuando tiene condiciones para trabajar. Uruguay cuenta con recursos, empresas, trabajadores y mercados para generar más empleo, producción y exportaciones. El desafío es construir la continuidad necesaria para sostener ese crecimiento”, afirmó Riva-Zucchelli.
Si bien la corvina y la merluza son dos productos insignia de Uruguay en el sector pesquero, el desempeño de todas las especies no fue uniforme. En la pesca de altura —de barcos de mayor porte— se registró una fuerte disminución del calamar, que se compensó en volumen por mayores capturas de merluza, aunque esta última tiene un valor comercial menor.
“CIPU considera que todavía no existen elementos suficientes para atribuir esa caída a una única causa. No obstante, por sus características y por los antecedentes existentes, entiende que debe analizarse como una posible señal vinculada a la actividad de prospección sísmica (para buscar petróleo) y reclama un seguimiento técnico independiente que permita determinar sus efectos sobre los recursos y la actividad pesquera”, insistió la gremial.
Conflicto
Un importante cruce entre el sector empresarial y la Intergremial Marítima –que reúne al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje (Suddeppu) y el Centro de Maquinistas Navales– se desató hace algunas semanas por condiciones laborales denunciadas por el gremio.
El sindicato había denunciado la pérdida de puestos de trabajo ante el Parlamento ya que considera que los permisos particulares para tripulantes y barcos extranjeros (weivers) otorgados por Prefectura Nacional Naval comprometen a estudiantes egresados de la Escuela Naval y Escuela Técnica Superior Marítima que atraviesan dificultades a la hora de desempeñarse en barcos extranjeros.
En ese sentido, el presidente de la CIPU había señalado a El País que la mayor problemática que atraviesa el sector está vinculada a falta de personal en los 53 barcos de bandera nacional. Según explicó, en la categoría patrones (los capitanes de los barcos) existen entre 60 y 70 personas en funciones, lo que consideró un número escaso. Mientras que en el resto de las categorías se necesitan unos 100 maquinistas y alrededor de 800 marineros para que los barcos funcionen con normalidad.
“Las cámaras empresariales han presentado al Ministerio de Defensa Nacional y a la Prefectura Nacional Naval soluciones concretas que permitirían ampliar la disponibilidad de personal calificado, sin reducir las exigencias de formación ni las condiciones de seguridad”, indicó la CIPU en el documento.
Según indicó Riva-Zucchelli a El País, la cámara solicitó al gobierno no limitar las categorías de patrones –que deben ser uruguayos– y cursos de formación con actividades prácticas para marineros. De acuerdo con lo que explicó, en la actualidad existen cursos de familiarización aunque el primer contacto con los barcos es al zarpar, sin pruebas previas. El presidente de la CIPU también indicó que si bien para los maquinistas no se planteó una propuesta formal, tuvieron que contratar extranjeros por falta de personal de nacionalidad uruguaya.
“La falta de patrones, maquinistas y marineros continúa provocando la paralización de embarcaciones. Las empresas estiman que esta situación ya ha generado más de 300 días/barco de operación perdidos, con un impacto económico superior a US$ 2 millones, además de la pérdida de trabajo e ingresos a lo largo de toda la cadena”, indicó la gremial en su último comunicado y sostuvo que un barco no pudo zarpar el pasado lunes debido a la exigencia normativa de contar con un capitán uruguayo.