¿Cuál es la estrategia del gobierno para un aspecto crucial de la economía uruguaya que determina el "ancla" fiscal?

El nivel de endeudamiento de Uruguay es elevado respecto a sus pares de calificación de riesgo y ha venido en aumento en los últimos años. El actual gobierno definió en la ley de Presupuesto, un nivel de deuda pública neta prudente como "ancla fiscal", fijado en 65% del Producto Interno Bruto (PIB). Con ese contexto, ¿cuál es la estrategia que sigue el gobierno en materia de endeudamiento? ¿Qué hitos se prevén para este año en la política de deuda?

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -que dirige Herman Kamil- emitió su Reporte de Deuda Soberana, que se elabora en forma trimestral.

"En los últimos cinco años, el mercado doméstico ha crecido como fuente de financiamiento, complementando las emisiones internacionales de bonos, reflejando la maduración en las condiciones de mercado y la profundización la base de inversores domésticos", indicó la UGD.

"Esta mayor capacidad de emisión en el mercado local por parte del gobierno ha fortalecido la estrategia de desdolarización que ha venido implementado Uruguay durante dos décadas, reduciendo la exposición a la volatilidad del tipo de cambio y proporcionando una base de financiamiento estable en contextos de turbulencia de los mercados globales", agregó el informe en referencia a lo que ha sido una política de Estado.

En 2025 a través de subastas regulares de Notas del Tesoro en moneda local, el gobierno coloco el equivalente a US$ 2.172 millones (el 36,6% del total de emisiones). Este total se compuso de US$ 1.126 millones en pesos nominales a tasa fija, US$ 680 millones en Unidades Previsionales (UP) y US$ 366 millones en Unidades Indexadas (UI).

"En un contexto de inflación persistentemente a la baja, los instrumentos en pesos nominales a tasa fija se convirtieron por primera vez en la moneda de denominación predominante en las emisiones domésticas, pautando una creciente confianza de los inversores en el régimen de metas de inflación implementado por el Banco Central (BCU). De los US$ 2.172 millones emitidos en el mercado doméstico durante 2025, el equivalente a US$ 962 millones se obtuvo durante el primer semestre, aumentando un 26% hasta US$ 1.210 millones en el segundo semestre", indicó el reporte.

"La composición de las emisiones por moneda experimentó un cambio significativo: los instrumentos en pesos nominales representaron aproximadamente el 35% del total emitido en el primer semestre, elevándose al 65% en el segundo semestre (lo que resultó en un 52% para el año completo, casi el doble del porcentaje registrado en 2024)", añadió.

Foto: Ignacio Sánchez.

Para 2026 la UGD prevé necesidades de financiamiento por US$ 6.778 millones equivalentes. "Este monto incluye un déficit fiscal estimado (déficit primario -antes del pago de deuda- más pagos de intereses) de aproximadamente US$ 3.834 millones, amortizaciones contractuales de bonos y préstamos por US$ 2.843 millones, y US$ 101 millones correspondientes a acumulación proyectada de activos financieros", especificó el informe.

"Se proyecta un fondeo bruto de US$ 6.584 millones. Este se descompone en emisiones en el mercado de bonos (mercado doméstico e internacional combinados) por un total de US$ 5.984 millones, y desembolsos estimados de organismos multilaterales por US$ 600 millones", agregó.

Después de la crisis de 2002, los sucesivos gobiernos han mantenido una estrategia de tener en "caja" y con créditos de rápido desembolso dinero como para hacer frente a 12 meses de vencimientos de deuda. "A fines de febrero de 2026, las reservas de caja del Gobierno ascendían a US$ 2.468 millones, mientras que las líneas de crédito precautorias con organismos multilaterales totalizaban US$ 1.228 millones (correspondientes a financiamiento disponible del Fondo Latinoamericano de Reservas, el BID y la CAF). En conjunto, este colchón de liquidez cubría 83% de las necesidades de servicio de deuda correspondientes al período marzo–diciembre de 2026", explicó la UGD.

El informe de la UGD del MEF estableció cuál va a ser la estrategia en el manejo de la deuda este año.

Así una de las pautas es la de "profundizar el financiamiento en moneda local en el mercado doméstico, para avanzar en la desdolarización y mitigar riesgos de descalce de monedas", con "el objetivo principal" de "expandir el volumen de emisiones en moneda local y a la vez reducir los costos de endeudamiento, capitalizando la creciente confianza en la trayectoria descendente de la inflación de Uruguay, el fortalecimiento de la credibilidad del Banco Central y el bajo riesgo país".

"El gobierno continuará explorando oportunidades para internacionalizar los mercados de bonos soberanos domésticos —evaluando la factibilidad de implementar sistemas de custodia y compensación internacionales—, sujeto al marco legal que rige el rol del BCU como Depositario Central de Valores, así como ampliando los mecanismos de las Notas de Depósito Global", añadió.

Otro aspecto es el de "diversificar fuentes de financiamiento internacional a través de monedas, mercados y bases de inversores para preservar los beneficios de la diversificación". Eso implica que el gobierno "buscará mantener una composición equilibrada de monedas en las emisiones de deuda internacional, mientras sigue desarrollando una base de inversores amplia y diversa, incluyendo inversores cross-over y fondos enfocados en los factores ambientales, sociales y de gobernanza".

El informe agregó que "la UGD evaluará opciones de moneda y plazo para emisiones globales, considerando: (i) preferencias de inversores residentes y no residentes en distintas geografías, en cuanto a moneda y plazo, y (ii) los objetivos del gobierno de minimizar costos de fondeo esperados, ampliar el acceso a mercados y asegurar un perfil de amortización suavizado".

El tercer punto de la estrategia es "mantener acotado el riesgo de refinanciamiento a través de una gestión proactiva de pasivos", para lo que "el gobierno continuará ejecutando operaciones de manejo de pasivos (canjes y/o recompras) de instrumentos de corto plazo para extender vencimientos, y reducir el riesgo de refinanciamiento".

"Sujeto a condiciones de mercado, también buscará equilibrar las emisiones de plazos más cortos en el mercado doméstico de pesos nominales, con colocaciones de plazos más largos en diversas monedas en los mercados internacionales", agregó.

El cuarto aspecto es "promover la liquidez en los mercados secundarios de bonos externos. Un mercado secundario (donde se compran y venden los bonos ya emitidos) líquido y transparente ayuda a asegurar precios competitivos y menores costos de financiamiento, contribuyendo a que los instrumentos de deuda soberana sean más atractivos para comprar, mantener y negociar".

"El gobierno continuará promoviendo actividades de creación de mercado y la provisión regular y transparente de cotizaciones por parte de bancos e intermediarios financieros para mejorar la liquidez a lo largo de las curvas de bonos en moneda local y dólares de Uruguay", agregó.

El quinto punto es "asegurar fondeo estable y líneas de crédito de instituciones multilaterales" y al respecto "al determinar el mix entre emisiones de bonos y préstamos multilaterales —y entre diferentes instituciones—, el gobierno evaluará costos financieros, perfiles de vencimientos, flexibilidad de ejecución y capacidad de de gestión de riesgos. El gobierno continuará negociando líneas de crédito precautorias para fortalecer su posición en este tipo de líneas, y su resiliencia ante la incertidumbre global y shocks climáticos".

"Además, el gobierno colaborará estrechamente con los organismos multilaterales para diversificar la exposición a monedas y reducir costos de interés esperados de su portafolio de préstamos en moneda extranjera", agregó.

El último punto, "avanzar en la agenda de financiamiento sostenible integrando indicadores de adaptación al cambio climático en instrumentos de préstamos con instituciones multilaterales".

"En particular, se explorará vincular las métricas de los préstamos al progreso en los esfuerzos de adaptación climática del país, apoyando así la resiliencia ambiental y económica alineados con los compromisos internacionales de Uruguay", concluyó.