Uruguay "muy díficil" que sea un país "barato": el planteo de Oddone y lo que dicen y aportan analistas y empresarios

Esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, planteó que "producir seguridad, justicia, educación, salud y defensa para 3 millones de habitantes es casi tan caro como para 6 millones de habitantes. Además Uruguay tiene un modelo de preferencia en su sociedad de alta cohesión, lo cual le da un rol al Estado muy relevante", al dar uno de los argumentos de por qué Uruguay es un país caro. Entrevistado por el economista Javier de Haedo en el evento Kick Off 2026 de LATAM ConsultUs en Punta del Este, Oddone dijo que “el Estado tiene que mejorar, tiene que gobernarse más eficiente, estamos trabajando mucho en ello. Pero esas dos cosas, economías de escala y una alta preferencia por cohesión social, hacen al país caro".

"Ahora, también es cierto que un país de larga tradición inflacionaria, (promedio anual de 63% entre 1955 y 1999 y promedio anual del 9% entre 2003 y 2023), escondía muchas ineficiencias asociadas a lo que es un país caro", planteó y agregó que “con niveles de inflación por debajo de 4% (como en la actualidad), que el gobierno pretende consolidar en un periodo no prolongado, tenemos que mejorar la eficiencia en el sector público, pero también en el sector no transable” (aquel que no comercia con el exterior).

Sobre esto último, “está lleno de ejemplos en Uruguay de prácticas comerciales que no favorecen una formación de precios transparente”, dijo el ministro y ejemplificó con las prácticas de distribuidor exclusivo en varios sectores o "la costumbre de los privados de tener contratos indexados con el Estado" cuando los niveles de cambio en precios relativos son "mucho más reducidos que en el pasado”.

"Lo que sí es cierto es que Uruguay, un país barato, muy difícil (que sea)”, sentenció Oddone.

¿Qué se puede hacer ante este escenario? ¿Qué rol juegan esas prácticas del sector privado? El País consultó a analistas y empresarios: Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED); Marcelo Sibille, gerente senior de Consultoría de KPMG; el economista José Antonio Licandro; Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción; y Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercados (ASU), además de algunos comerciantes.

Correa coincidió en que Uruguay nunca va a ser barato, como por ejemplo, lo es hoy Paraguay o algunas naciones más pobres del sudeste asiático, “porque esos países tienen salarios más bajos y eso hace que los costos de producción y precios sean más bajos”. Partiendo de esa base, igual destacó que se pueden hacer mejoras para “abaratar”, que a su entender pasan, en primer lugar, por achicar el tamaño del Estado.

Foto: Fabián Tiscornia / El País.

“Es cierto que las economías de escala juegan, como dice el ministro”, ya que con 6 millones de habitantes en vez de 3 millones, los costos fijos, las instalaciones y demás gastos, se licúan más, afirmó Correa. “Pero también hay que decir que el Estado uruguayo no solo genera justicia, defensa, salud y educación, que son las funciones tradicionales, sino que está hiperdimensionado y lo tenemos metido en muchos aspectos de la vida del país, no solo participando directamente sino regulado. Y ahí hay mucho espacio para trabajar”, agregó.

También apuntó al gasto público elevado y que genera gran presión fiscal. “Bajar la carga impositiva sobre quienes producen, ayuda a la competitividad”, dijo. Sobre ese aspecto, Oddone había dicho que "si uno mira la evolución de la presión fiscal en términos del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 40 años, va a encontrar que oscila entre 28% y 31% del PIB. Cuando gobierna la centro-derecha, vamos a una menor presión de 28% o 29% del PIB, cuando gobierna la centro-izquierda va a 31% del PIB. Eso es un fuerte consenso de la sociedad uruguaya sobre una presencia importante del Estado”, que no se puede desconocer.

Correa destacó especialmente en la necesidad de trabajar fuertemente en el sector energético, que impacta sobre manera en los precios. “Hay que tener energía de buena calidad, buena cantidad y barata. La mitad de los precios de los combustibles en Uruguay es carga impositiva”, apuntó, además de señalar que la energía eléctrica también se podría producir de manera más eficiente.

Licandro, por su parte, fue más drástico al considerar que “no ve el sustento (de Oddone) para justificar que seamos más caros porque somos chicos, o que para ser más cohesionados tengamos que tener un Estado más grande. Hay países de dimensión pequeña, como los nórdicos, que no se ajustan a esa percepción”.

Al igual que Correa, planteó que uno de los grandes problemas es que el Estado es una “mochila muy pesada” para los contribuyentes, sin que eso refleje servicios eficientes, como sí tienen los países que mencionó. “Por algo quienes pueden pagárselo, mandan a sus hijos a la enseñanza privada o atienden su salud fuera del sistema público, entre otros casos”, ejemplificó.

Licandro sí coincidió con Oddone en la necesidad de mejorar los sectores no transables. “Pero ahí habría que empezar por los altos costos de las empresas públicas, que son monopolios legales, como Ancap y UTE”, jerarquizó.

Otro tema vinculado a los no transables son los acuerdos con permisarios de servicios públicos, como el transporte de pasajeros. “Ahí se negocian las famosas ‘paramétricas’ que terminan incorporando ineficiencias en los precios o sobrecostos sectoriales sin justificación. La práctica de paramétricas y concesiones de servicios ‘de por vida’ que nunca se exponen a nuevos llamados competitivos, hace que muchos de esos servicios sean caros por responsabilidad del propio Estado que pone el acento en proteger a los proveedores, no a los consumidores”, destacó Licandro, esperando un cambio regulatorio en la materia.
 

Correa señaló lo que considera “cierta contradicción” por parte del gobierno en el tema de la inflación y la indexación. “Por un lado, tenemos una inflación en el 3% anual, que es la más baja en 70 años, pero, cuando uno escucha el mensaje de las autoridades, se ve que están preocupadas porque está demasiado baja. Lo mismo sucede con el dólar, que afirman que hay que ayudarlo a subir”, dijo en relación tanto al Banco Central (BCU) como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Y apuntó: “Hay que aprovechar que estamos en un escenario de inflación baja y afirmarlo”.

Respecto a las "costumbres de los proveedores del Estado a firmar contratos indexados" —expresión que utilizó Oddone en la entrevista con De Haedo—, Licandro opinó que “implica exponerse de responsabilidad”, ya que en dichos contratos el Estado es contraparte firmante. Es decir, a su juicio, alcanzaría con que el propio Estado tome la decisión de no aceptar ese tipo de cláusula contractual.

En suma, según su opinión, con los bajos niveles de inflación de Uruguay hoy, las cláusulas de indexación son un anacronismo que solo protege a los proveedores.

El País consultó a Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercados (ASU) sobre la figura de “distribuidor exclusivo”, y afirmó que la gremial no tiene una posición tomada sobre el tema, pero que aceptarían un diálogo con Oddone al respecto.

Comerciantes de la zona centro con los que habló El País afirmaron, por su lado, que Uruguay está dominado por algunas marcas en diversos rubros, sobre todo de alimentos, y que si hubiera más competencia, los precios bajarían.

Algunos criticaron el “certificado de libre venta” que se exige, considerando que su eliminación haría caer al distribuidor exclusivo por su propio peso. También hicieron referencia a las “trancas burocráticas” para importar productos más económicos de otros países y venderlos acá, que se podrían evitar.

Correa coincidió “totalmente” sobre las dificultades que traen las prácticas de distribuidor exclusivo en el país ya que tienen que ver con los bajos niveles de competencia en algunos mercados. “De hecho, desde el CED se hizo un trabajo que tiene que ver justamente con esto, que muestra por qué los precios en Uruguay son más altos que en otros lados. Estamos de acuerdo con Oddone y esperando cambios regulatorios en ese sentido. Tenemos claro que el ministro ha trabajado en estos temas en su etapa profesional (en CPA Ferrere), previa a la de ser ministro”, afirmó.

Licandro observó que las prácticas de distribuidor exclusivo están amparadas en reglamentaciones estatales, y tomó como ejemplos paradigmáticos de bienes, los productos de higiene o ciertos alimenticios, con un Ministerio de Salud Pública (MSP) que obliga a los importadores a presentar las fórmulas de los productos.

“Eso hace que los productores en países vecinos no las comparten con nadie (impidiendo la competencia a nivel de importadores) e instalen subsidiarias que importan en exclusividad o hacen acuerdos de exclusividad con algún importador y se reparten las rentas monopólicas”, señaló.

“Detrás de estas prácticas impropias, se fomenta el contrabando regional en bienes que teóricamente no tienen aranceles pero que, ‘a caballo’ de la reformulación mencionada, generan monopolios de importación que fijan precios monopólicos altos a nivel local”, advirtió.

Consultado por El País, Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, defendió las paramétricas —o fórmulas de ajustes de precios— que tienen los contratos del Estado en las obras, al afirmar que se actualizan en función de la evolución de los costos (ya sea de la mano de obra, combustible o materiales).

“Si la inflación es baja, el ajuste es bajo”, ejemplificó para fundamentar que “no es cierto que las paramétricas se ajusten por encima de la inflación, no son incrementos a las ganancias, sino que están diseñadas para proteger los costos de las obras y los precios administrados por el propio Estado”, fundamentó.

El MEF plantea que, en un escenario de inflación baja como el actual, habría que eliminar o al menos revisar la indexación de las obras y, en tal sentido, Ruibal afirma que el sector de la construcción está dispuesto a analizar alternativas sobre este tema. “Tenemos toda la voluntad de discutir a fondo la idea de desindexar”, afirmó, recordando también que las fórmulas paramétricas se aplican en todas partes del mundo cuando la inflación está arriba del 2% o 3%.

Ruibal concluyó aportando la idea de que, por ejemplo, una alternativa es que haya un precio fijo en pesos uruguayos y, si suceden eventos inesperados, ahí sí que apliquen cláusulas de ajuste, pero aclara que esta idea es personal y no ha sido evaluada aún por la gremial.

Sibille prefirió hacer foco en el problema del conflicto en Medio Oriente y lo que eso plantea en temas de precios. Sobre los precios del petróleo que, con el conflicto en el Medio Oriente, se han disparado a alrededor de US$ 100 el barril, Sibille dijo que “al importar el 100% el petróleo consumido, y al ser un insumo esencial en el proceso productivo, el aumento en el precio internacional constituye un shock de oferta agregada con doble impacto negativo en Uruguay. Por un lado, aumentan los precios al incrementarse los costos de producción, pero también se contrae el PIB al reducirse la demanda por el aumento de costos señalado”.

A su entender, en vista de que también hubo un impacto al alza en el valor del dólar, se podrá ver una cierta recuperación en el tipo de cambio real para mayor tranquilidad de los exportadores, aunque la contra cara sería una caída en el salario real. “Por su parte, la inflación se alejará del piso del rango de tolerancia fijado por el BCU, que hasta hace apenas unos 10 días era la principal preocupación”, agregó.

“Si no se disipa el conflicto en Medio Oriente, el alza en el tipo de cambio y precio del petróleo perdurarán, generando un rebrote en la inflación transable que volverá a llevar la tasa al techo del rango, sin mucho poder de fuego por parte del BCU para revertir la tendencia debido a la naturaleza del shock. En cualquier caso, al menos en el corto plazo habrá un impacto recesivo”, señaló.

“En este estado de cosas, el gobierno no puede hacer mucho más que prender velas para que el shock sea transitorio”, catapultó.