Policías antimotines se enfrentaron ayer lunes a manifestantes que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital desde hace más de dos semanas.
Apenas seis meses después de asumir, Paz enfrenta protestas de sindicatos y grupos de izquierda que le exigen medidas contra la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.
Con explosivos y piedras, los manifestantes intentaron ingresar por distintos frentes y con violencia a la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Legislativo. Protegidos con escudos, chalecos y cascos, los policías antidisturbios los enfrentaron durante varias horas con gases lacrimógenos que cubrieron las calles con una densa neblina.
Un grupo de manifestantes saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras, pantallas y otros artículos de oficina, según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno. Avanzada la tarde, la calma retornaba a la ciudad.
Desde temprano, entre el ruido de fuertes detonaciones y gritos contra el gobierno, miles de manifestantes tomaron las calles del centro de La Paz, donde todos los negocios cerraron sus puertas.
Una marcha de seguidores del expresidente populista Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz ayer lunes desde Caracollo, en Oruro, 180 km al sur de La Paz. Morales, refugiado en la zona de Chapare, está requerido por la justicia por un caso de trata de una menor.
Los manifestantes mantenían ayer cerradas rutas de entrada a La Paz. En todo el país hay al menos 33 bloqueos, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.
El gobierno ha desplegado un “puente aéreo” desde hace poco más de una semana para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a La Paz.
Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, y su inflación interanual fue de 14% en abril.
La llegada ayer a La Paz de la marcha de los partidarios de Morales reforzó las protestas en contra del gobierno.
En la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial boliviano, el fiscal general, Roger Mariaca, anunció una orden de captura contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, acusado por el Gobierno de instigación pública a delinquir y terrorismo, entre otros delitos.
“Ahora sí, guerra civil” y “¡Que renuncie, carajo!”, corearon varias veces los manifestantes, que tildaron al presidente Paz “de incapaz” para resolver el conflicto, iniciado por la COB y la Federación de Campesinos Tupac Katari de la región andina con bloqueos de carreteras que cumplieron trece días.
Los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, pidieron ayer lunes al Gobierno declarar un “estado de excepción sectorizado” en departamentos como La Paz.
“Exigimos a las autoridades la aplicación de la ley y un estado de excepción sectorizado”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al leer el pronunciamiento de la Asamblea de la Cruceñidad, que reúne a autoridades locales, empresarios, comerciantes y transportistas de ese departamento, entre otros sectores.
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, faculta al Gobierno a declarar estado de excepción en casos de “conmoción interna” en todo o parte del territorio nacional, sin que ello implique la suspensión de los derechos de la población.
La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación.
El pronunciamiento de las entidades de Santa Cruz también exige al Gobierno, la Fiscalía, los operadores de justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas “actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución” contra quienes “promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia”.
Cochamanidis convocó, además, a una “gran marcha en defensa de la democracia”.
El Gobierno de Bolivia sostuvo ayer que se identificaron grupos armados en las protestas. “Denunciar que lamentablemente se ha identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas. Eso nos tiene preocupados”, dijo el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez.
Gálvez señaló a un exfuncionario del Ministerio de Defensa identificado como Bernabé G.P., quien ahora figura como “presidente del comité de conflicto” de los llamados ‘Ponchos Rojos’, una facción de campesinos aimaras del altiplano de La Paz considerada radical y que tradicionalmente exhibe armas en sus protestas y mantiene una organización de estilo militar.
El vocero mostró un video difundido en las últimas horas en redes sociales en el que aparece una veintena de miembros de los Ponchos Rojos en una carretera andina mostrando armas y gritando “ahora sí, guerra civil”.
Además, según Gálvez, el exfuncionario instó a los manifestantes “que se adhieran a la marcha evista (de los afines a Evo Morales) y cocalera y que vinieran con todas las armas posibles”.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que la marcha de los seguidores de Morales constituye un intento del exmandatario de desestabilizar al Ejecutivo.
“Es una movilización con fines conspirativos, que está en el límite de la legalidad”, afirmó Paredes. EFE, AFP
Seguridad por partido de Copa Sudamericana
La Conmebol decidió devolver a la ciudad de Santa Cruz la sede del partido previsto para este jueves entre Blooming y Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana, que inicialmente fue trasladado a Asunción por los conflictos en Bolivia.
Blooming informó en sus redes sociales que “luego de las gestiones realizadas ante Conmebol”, el partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Sudamericana “se realizará en el estadio Ramón Aguilera Costas”, de Santa Cruz. El club agradeció las gestiones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el “apoyo inmediato” de las autoridades nacionales y departamentales”, quienes “dieron todas las garantías necesarias para que se pueda recibir delegaciones deportivas internacionales”.
Rechazan injerencia de Gustavo Petro
El gobierno boliviano rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que en Bolivia hay una “insurrección popular” para forzar la renuncia del mandatario Rodrigo Paz. el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que las declaraciones del mandatario colombiano “no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados”.
“Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos”, añadió. También indicó que los desafíos que afronta el país deben resolverse “en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo”, y que ello corresponde “exclusivamente al pueblo boliviano”.
Asimismo, enfatizó “la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe”. Petro afirmó el domingo, mediante su cuenta en X, que Bolivia vive una “insurrección popular”. Añadió que su Gobierno está dispuesto, “si es invitado”, a “buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana” y pidió que “no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas”.
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