Delcy Rodríguez es una de las figuras más poderosas del chavismo y una de las principales voces del gobierno de Nicolás Maduro, quien fue detenido este sábado en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas (Venezuela), junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.
Abogada de formación, fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2018 y desde 2018 ocupó el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, lo que la colocó primera en la línea de sucesión presidencial. Su rol la ha convertido en una de las principales defensoras del régimen ante la comunidad internacional, especialmente frente a gobiernos que cuestionan la legitimidad democrática de Maduro.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este sábado que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión.
El máximo tribunal del país exigió que Rodríguez, el consejo de defensa de la nación, el alto mando militar y el Parlamento, sean notificados "de inmediato" de esta decisión, sin precisar en cuánto tiempo debe celebrarse la ceremonia de juramentación.
Rodríguz y su insulto a Lacalle Pou
Rodríguez volvió a estar en el centro de la escena regional tras un fuerte cruce con el expresidente Luis Lacalle Pou en 2024, luego de que este reiterara su postura crítica hacia el gobierno venezolano, al que calificó como una dictadura y cuestionó por la situación de los derechos humanos y la falta de garantías electorales. En respuesta, la ahora presidenta encargada lanzó duras descalificaciones personales contra el entonces mandatario uruguayo, a quien acusó de actuar como un “lacayo” de Estados Unidos.
Lacalle Pou respondió públicamente a esos agravios y sostuvo que “cuando se carece de argumentos, se recurre al agravio”, al tiempo que defendió su derecho a opinar sobre la situación en Venezuela. Lacalle insistió en que en ese país existen presos políticos y que no se dan condiciones para elecciones libres y transparentes, profundizando así el distanciamiento diplomático entre Montevideo y Caracas.
Rodríguez respaldó a Maduro
Rodríguez reafirmó el sábado que Nicolás Maduro es el “único presidente de Venezuela” y exigió a Estados Unidos la liberación del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.
La presidenta en ejercicio reiteró el reclamo durante un Consejo de Defensa de la Nación transmitido en cadena nacional, en el que aseguró que el país está “listo para defender Venezuela y sus recursos naturales”.
De acuerdo a AFP, Rodríguez mostró además el decreto de “estado de conmoción exterior” firmado por Maduro, una medida que otorga poderes especiales al Ejecutivo ante un conflicto militar externo. “Se activa toda Venezuela”, afirmó, ya asumiendo un rol central en la conducción política y comunicacional del país en ausencia del presidente.
En paralelo, la BBC informó que horas antes el presidente estadounidense Donald Trump había asegurado que la propia Rodríguez le manifestó al secretario de Estado, Marco Rubio, su disposición a cooperar con Washington, una afirmación que generó nuevas interrogantes sobre el posicionamiento real del gobierno venezolano frente a Estados Unidos en medio del conflicto.
Chavismo busca mantener el poder
Para este lunes, 5 de enero, está prevista la instalación de un nuevo periodo legislativo (2026-2031), dominado por el chavismo, institución en la que se deben juramentar el presidente y otros directivos de ese poder.
El TSJ indicó que tomó esta decisión tras el que consideró como "secuestro" de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses y su posterior traslado a ese territorio, situación que calificó de "excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución" venezolana.
El objetivo, prosiguió, es garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación, "sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores".
De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.
Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.
Expertos consultados por EFE señalan que la Constitución actual, aprobada en 1999, se apoya en la vicepresidencia ejecutiva ante la ausencia del mandatario.
En ese sentido, contempla dos escenarios ante la falta de un presidente que ya asumió el cargo, aunque ninguno de ellos se corresponde con la situación actual que, además, advierten los expertos, le ocurre a un Gobierno de legitimidad cuestionada tras las presidenciales de 2024.
Este sábado, Rodríguez anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al TSJ el decreto de estado de conmoción exterior para que declarara su constitucionalidad y entre en vigor.
Entre las facultades de este consejo están la de movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria petrolera, para garantizar su "pleno funcionamiento".
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