Francia vivió este martes una jornada marcada por intensas protestas en Francia, con paros en la administración pública y graves choques entre estudiantes y la Policía. La ola de movilizaciones ocurrió a tan solo dos días de que el gobierno presente los nuevos presupuestos estatales y en un clima político tensionado por la proximidad de los comicios donde la extrema derecha aparece posicionada como favorita.
Alrededor de 200.000 personas se manifestaron a lo largo del país y cerca de 30.000 marcharon en la capital, de acuerdo a las cifras informadas por el Ministerio del Interior. Sin embargo, las estimaciones sindicales elevaron la convocatoria a más de 300.000 asistentes en todo el territorio nacional y a unos 70.000 en la marcha parisina.
Las jornadas contaron con más de 170 concentraciones convocadas para exigir la revalorización de los sueldos en el sector público, golpeados por el costo de vida, además de recursos financieros para la educación pública e infraestructura estatal.
"Incluso con 40 °C, nuestros salarios siguen congelados", rezaba una proclama expuesta durante la marcha desarrollada en Lyon, reflejando el malestar acumulado tras un verano de altas temperaturas que sobreexigió los servicios esenciales.
Los reclamos de los trabajadores abarcaban el deterioro de las condiciones de trabajo, la falta de personal suficiente y la creciente precariedad laboral originada por los recortes en el presupuesto fiscal. El primer ministro, Sébastien Lecornu, había adelantado semanas atrás un plan de ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (equivalentes a unos US$ 62.000 millones) debido a los registros récords de la deuda pública.
El acatamiento al paro alcanzó al 10% de los funcionarios estatales, mientras que en el sector educativo la adhesión llegó al 13,71%. Mathilde Bourgain, docente de física de 47 años que se unió a la huelga de educadores en la capital, expresó la disconformidad generalizada: "Estamos hartos, todos tenemos que enfrentarnos al cierre de clases y tenemos la impresión de que lo público está más afectado que lo privado". La profesora denunció que en su liceo se eliminaron grupos de primer año de secundaria y que varios docentes deben desempeñarse en múltiples centros para completar sus horas.
Asimismo, la precariedad afectó al personal de apoyo pedagógico. Nadia M’Dahoma, acompañante de estudiantes con discapacidad de 45 años, detalló su situación salarial: "No estamos formados y nos piden que seamos a veces psicólogos, a veces asistentes sociales, a veces madres", señalando que percibe aproximadamente 1.000 euros (US$ 1136) al mes por una jornada de 24 horas semanales.
Disturbios en las marchas estudiantiles y escenario político
En paralelo a las agrupaciones sindicales, estudiantes de secundaria protagonizaron violentos enfrentamientos con la policía en el marco de sus reclamos por la infraestructura edilicia y la falta de docentes en colegios. Durante los incidentes, grupos de jóvenes encendieron contenedores de basura y lanzaron proyectiles contra la Policía, que respondió mediante el uso de porras y gases lacrimógenos.
Los choques dejaron un saldo de 440 detenidos a nivel nacional, además de registrarse heridos que incluyeron a varios alumnos y al menos a diez integrantes del personal de los centros educativos. Ante estos hechos, el ministro de Educación, Édouard Geffray, confirmó la iniciación de acciones judiciales. "Esta violencia es indescriptible. Legitimarla o pedir, en este contexto, que se amplíen los bloqueos, es poner en peligro tanto a nuestros alumnos como a los funcionarios públicos", advirtió el titular de la cartera educativa.
Las manifestaciones de los estudiantes mantuvieron con bloqueos a cientos de liceos de todo el país. Los reclamos abarcaban desde la carga horaria y la superpoblación de las aulas hasta las altas temperaturas padecidas en los salones durante las recientes olas de calor.
El malestar del sector público se fundamenta en la pérdida sostenida del poder adquisitivo. Desde el año 2017, la base salarial de los funcionarios públicos solo registró dos incrementos: un 3,5% en 2022 y un 1,5% en 2023, acumulando una suba ligeramente superior al 5%. En contraposición, los datos del instituto oficial de estadística Insee proyectan que la inflación acumulada desde 2017 alcanzará un 24,17% al cierre de 2026.
Ante este panorama, la secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet, remarcó que el congelamiento de las escalas salariales implica "una reducción salarial para millones de funcionarios".
Este escenario de conflictividad social coincide con el inicio de la carrera hacia las elecciones presidenciales de Francia, previstas para los meses de abril y mayo de 2027, que marcarán el fin de casi una década de mandato de Emmanuel Macron. Las últimas encuestas ubican al frente de las preferencias a la dirigente de ultraderecha Marine Le Pen, teniendo como eventuales competidores de segunda vuelta al ex primer ministro Édouard Philippe o al referente de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.
Con información de AFP
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