Redacción El País
El gobierno de Donald Trump anunció ayer lunes una “asistencia de viaje” y el pago de 1.000 dólares a los migrantes que usen una aplicación gubernamental para “autodeportarse”.
Desde que comenzó su segundo mandato en enero, Trump tomó medidas drásticas para frenar la migración e impulsó una campaña que alienta a los extranjeros en situación irregular a “autodeportarse”.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) lanzó la aplicación móvil CBP Home para que comuniquen al gobierno su intención de irse del país.
“Les pagaremos a cada uno una cierta cantidad de dinero y les conseguiremos un excelente vuelo de regreso a su lugar de origen”, declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca. “Trabajaremos con ellos para que, algún día, con un poco de esfuerzo, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestro país”, añadió.
DHS informó que los migrantes recibirán 1.000 dólares “una vez confirmado su regreso a su país de origen a través de la aplicación”.
El gobierno calcula que el uso de la aplicación “reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%”, incluso con el pago de la ayuda. Actualmente, el costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular “es de 17.121 dólares”, según la administración.
Según el DHS, un hondureño ya utilizó el programa “para obtener un billete de avión de Chicago a Honduras”.
En una reunión de gabinete en abril, la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem mencionó la cifra de “20, 21 millones de personas que tienen que volver a casa”.
Según datos oficiales, en 2022 vivían 11 millones de migrantes en situación irregular o con estatus temporal en Estados Unidos.
El gobierno de Trump considera criminales a todos los migrantes que han entrado sin visa ni permiso, y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante el mandato del demócrata Joe Biden.
Según datos gubernamentales, las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en 2025, incluidos más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Trump ha declarado organización “terrorista” global.
Se ha deportado a casi 300 personas a las que acusa de ser pandilleros del Tren de Aragua y de la pandilla MS-13 a la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, que se prestó a recluirlos al cambio del pago de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
Algunos abogados de los deportados niegan que sus clientes sean pandilleros y asociaciones de defensa de los derechos civiles denuncian la expulsión de migrantes sin la garantía de un debido proceso. AFP
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