El proyecto de construcción de un salón de baile en la Casa Blanca costará US$ 600 millones, de los cuales más de la mitad serán financiados por los contribuyentes estadounidenses, según un informe publicado este martes por The Washington Post.
El proyecto fue concebido originalmente como una donación de Donald Trump financiada de forma íntegra por fondos privados y donantes particulares, con un presupuesto máximo estimado en US$ 200 millones.
Sin embargo, documentos internos revelados por el periódico estadounidense The Washington Post expusieron una realidad financiera muy diferente. Una estimación detallada preparada para el gobierno por Clark Construction, la empresa contratista encargada de la obra, fijó el costo total en US$ 600 millones.
A pesar de que el mandatario aseguró públicamente el pasado 31 de marzo que el presupuesto se elevaría a US$ 400 millones de manera "libre de impuestos para los contribuyentes", un informe elaborado tres semanas antes ya contemplaba el millonario aporte de las arcas públicas. De hecho, el gobierno de EE.UU. aprobó durante el mes de marzo más de una docena de pagos a la constructora por una suma que asciende a decenas de millones de dólares.
Por su parte, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado oficial en el que insistió con la versión original y afirmó que "el presidente Trump y patriotas estadounidenses generosos están financiando el salón de baile por aproximadamente 400 millones de dólares". Frente a las consultas de la prensa, los representantes de la firma encargada de la obra evitaron dar precisiones sobre las planillas de gastos y señalaron que los detalles del proyecto son confidenciales.
Disputas patrimoniales y nuevas exigencias de seguridad
La iniciativa arquitectónica no solo enfrenta cuestionamientos económicos, sino también legales y patrimoniales. Para iniciar las tareas operativas, el presidente autorizó la demolición del ala Este de la estructura presidencial. Esta medida generó una inmediata reacción de diversas asociaciones de preservación del patrimonio histórico, las cuales presentaron querellas judiciales y lograron bloquear de manera parcial el avance de las maquinarias en el predio.
Tras los fallos de un juez federal que ordenaban detener de inmediato los trabajos edilicios, el mandatario convocó en mayo a una rueda de prensa frente a la propia zona de obras. En ese escenario, presentó una ampliación del plan original sustancialmente más ambiciosa, argumentando razones de fuerza mayor vinculadas a la protección de la sede gubernamental.
La nueva propuesta incorpora un búnker, un hospital de dimensiones reducidas en el subsuelo y una plataforma de aterrizaje para drones en la azotea del edificio. Según explicó el jefe de Estado, estas modificaciones estructurales responden directamente a las sugerencias de los expertos del servicio de seguridad.
El mandatario justificó la necesidad imperiosa de contar con esta nueva infraestructura para albergar las visitas de líderes extranjeros con las máximas garantías de protección. Como argumento de peso, recordó que la tradicional cena de corresponsales del mes de abril, desarrollada en un hotel de Washington, debió suspenderse debido a un ataque armado en el que un hombre intentó ingresar al lugar efectuando disparos.
Al defender la polémica obra frente a las críticas de la opinión pública, el presidente estadounidense aseguró sin ambigüedades: "Este es un regalo para los Estados Unidos de América". En paralelo a esta construcción, el Congreso legislativo asignó una partida presupuestaria de US$ 1.000 millones destinada de forma exclusiva a reforzar la seguridad de la sede de gobierno, una medida que cosechó duras críticas y el rechazo de la oposición perteneciente al Partido Demócrata.
Con información de AFP
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