El juez José Luis Calama rechazó ayer miércoles la petición de la Fiscalía de retirar el pasaporte al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no impuso ninguna medida cautelar tras tomarle declaración como investigado en el caso Plus Ultra.
Calama admitió que la declaración de Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad en su contra, si bien tiene en cuenta que el exlíder socialista es una persona de pública notoriedad, una circunstancia “que dificulta de manera evidente” que pueda huir. No atendió así el juez a ninguna de las peticiones de las acusaciones tras oír la versión del expresidente, que sólo contestó a las preguntas del magistrado y de su abogado.
La Fiscalía y las acusaciones de Partido Popular (PP) y Ciudadanos habían solicitado la retirada del pasaporte -incluido el diplomático-, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado, mientras que otras cuatro acusaciones -Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum- pedían el ingreso en prisión provisional del exjefe del Ejecutivo.
Zapatero, el primer expresidente del Gobierno español imputado por la justicia, declaró ante el juez Calama en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental. A ello se suma el delito fiscal y de contrabando que le imputó el juez por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía durante un registro.
Zapatero respondió durante casi tres horas, para negar de plano haber liderado ninguna trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra y sostener que únicamente hizo trabajos de consultoría para la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez.
Su declaración consistió, según fuentes jurídicas, en negar las principales tesis de la investigación.
Zapatero rechazó haber influido en ninguna administración o funcionario público para que Plus Ultra recibiese el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 y sostuvo que los 490.780 euros que el juez atribuye a comisiones es el pago de trabajos de consultoría para Análisis Relevante. EFE
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