La Cámara de Diputados aprobará hoy en general el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo y en los próximos días discutirá un polémico artículo que responsabiliza a las agencias marítimas uruguayas por siniestros provocados por barcos extranjeros en el puerto.
La clave del asunto es que el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos (ANP) pretenden que una agencia marítima se haga cargo de siniestros en un puerto cuando dicha empresa solo realiza tareas de representación de los dueños o los armadores de buques de otros países ante oficinas públicas y privadas. Es decir, desde el gobierno se busca dar a una agencia marítima el mismo estatus jurídico que tiene el dueño o el armador del barco en cuestión.
El gobierno argumenta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló diversas sanciones impuestas a agencias marítimas por entender que carecían de legitimación pasiva para responder por infracciones cometidas por los armadores de los buques.
Y señala que la Administración Nacional de Puertos no puede multar a las agencias marítimas por daños ocasionados por los armadores extranjeros porque no hay una norma que así lo disponga. Por ello, dice, se elaboró el cuestionado artículo 206 del proyecto de Rendición de Cuentas.
En la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda realizada el 17 de julio pasado, el Centro de Navegación (Cennave) advirtió que la aprobación del proyecto de artículo 206 de la Rendición de Cuentas representa un “retroceso” respecto al régimen actual, “desconoce” la naturaleza jurídica del agente marítimo, “contradice” la voluntad previamente manifestada por el Poder Legislativo, “afecta” la seguridad jurídica y puede producir “consecuencias negativas” para la competitividad del sector portuario.
El Centro de Navegación nuclea a terminales, empresas marítimas, logísticas y depósitos que operan en el puerto de Montevideo y en el interior del país.
En la sesión de la Comisión de Presupuesto, la presidenta del Cennave, Mónica Ageitos, dijo que la aprobación de este artículo implicará modificar un principio que ha regido durante décadas en la actividad marítima del Uruguay: la condición del agente marítimo representante convencional del armador -explota comercialmente una embarcación- siendo ésta un elemento esencial para la seguridad jurídica.
Actualmente, la legislación uruguaya establece una clara distribución de responsabilidades entre el armador de la embarcación que llega al puerto y el agente marítimo.
El propietario y el armador del barco son responsables de las operaciones del buque, del uso de los puertos y del reglamento de atraque. Mientras que la función del agente marítimo es exclusivamente representar al armador ante oficinas estatales y privadas.
Por eso, dijo Ageitos, las sanciones administrativas, los daños durante maniobras, los incumplimientos del régimen, las afectaciones a la infraestructura portuaria y cualquier otra obligación derivada de la conducta del armador, del propietario o del capitán, escapan completamente a la esfera de actuación del agente marítimo.
Y advirtió: “La reforma propone (en esta Rendición de Cuentas) que la agencia marítima uruguaya pase a responder solidariamente por obligaciones que no genera, que no controla y que muchas veces no puede prever”.
Ageitos señaló que esta modificación “incrementa significativamente” el riesgo jurídico que asumen las agencias marítimas que representan las líneas y armadores internacionales. “La ampliación de este riesgo jurídico inevitablemente se traducirá en mayores costos de cobertura, de garantías, seguros y gestión para las agencias marítimas. Estos mayores costos terminarán trasladándose a la cadena logística y, en definitiva, al comercio exterior uruguayo”, dijo.
Finalmente, Ageitos entendió que la modificación proyectada también plantea serias dudas desde el punto de vista constitucional.
En la sesión del miércoles 5 de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, se volvió a tocar el tema de la responsabilidad legal de la agencia marítima. Allí el diputado blanco, Juan José Olaizola, recordó que el asunto ya se había discutido en 2010 en el Parlamento durante el análisis de una ley de presupuesto.
En ese momento, dijo el parlamentario, “se resolvió seguir con el régimen existente” en la actualidad y que viene de muchos años atrás: la agencia marítima es representante de la línea naviera y del armador.
Según Olaizola, la agencia marítima no tiene una capacidad económica para poder afrontar obligaciones que pueda tener una línea naviera o un armador.
Señaló que Montevideo y Nueva Palmira han sido puertos seguros en materia de operaciones, pero ninguno de ellos está exento de tener mañana un accidente o que un barco pueda romper un muelle.
Agregó que la capacidad económica de las líneas navieras y de los armadores les permite protegerse con seguros muy onerosos ante una mala maniobra de un buque.
Por su parte el diputado nacionalista, Pablo Abdala, coincidió con Olaizola al señalar que le sorprendía que el Poder Ejecutivo haya incluido el artículo referido a las agencias marítimas porque el tema se laudó hace 15 años y, además, hay jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo reconociendo que las agencias marítimas no tienen legitimación pasiva ni para recibir multas por parte del ANP ni para la invocación de ningún tipo de responsabilidad solidaria a este respecto.
Crisis. Empresario propone simposio para tratar la difícil situación portuaria
El empresario Antonio Mitrano, con 72 años de actividad portuaria, solicitó al Ministerio de Transporte y a la Administración Nacional de Puertos (ANP) la organización de un foro con la participación de todos los actores portuarios para tratar la difícil situación que vive el puerto de Montevideo. El puerto enfrenta hoy una gran conflictividad gremial. El lunes 3, Mitrano agregó que el puerto también perdió las cargas en tránsito desde y hacia Paraguay. “Las autoridades estatales no se expresaron al respecto a pesar del daño que dicha pérdida causó y sigue perjudicando económicamente a las firmas involucradas a la actividad y por ende a la economía del país”, advirtió Mitrano.
Medida. Gobierno pretende que Sistema Nacional de Silos dependa de la ANP
El miércoles 5, una delegación del Ministerio de Transporte informó en la Comisión de Presupuesto de Diputados que las plantas de silos del Estado, ubicadas en los puertos de Fray Bentos, Paysandú y Nueva Palmira, pasarán a la órbita de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Según se informó a los legisladores, la medida atiende una vieja demanda de operadores del litoral del país porque ese régimen legal impedía que empresas de la zona pudieran hacer un anclaje en las terminales portuarias. El pase del Sistema Nacional de Silos a la ANP es una iniciativa política impulsada por los ministros Luis Fratti (Ganadería) y Lucía Etcheverry (Transporte).
Decreto. Puertos del litoral podrán operar como deportivos para mejorar actividad
El vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Constante Mendiondo, dijo el miércoles 5 en una comisión parlamentaria que el Poder Ejecutivo dictó un decreto donde se habilita a puertos de Paysandú y Fray Bentos a transformarse, además de comerciales, en deportivos. La intención, según Mendiondo, es generar puestos de trabajo “como espejo” con Argentina que maneja un volumen muy grande de cruceros y veleros. “Mientras el puerto de Montevideo se tensiona siempre y se encuentra como saturado en sus espacios, algunos puertos del interior no funcionan. A corto plazo estamos procurando medidas para ver cómo podemos reactivarlos”, dijo el jerarca portuario.
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