"Riesgos ambientales y aeronáuticos": organizaciones piden una nueva ubicación para el aeropuerto de Rocha

Un total de 55 organizaciones de la sociedad civil reclamaron a las autoridades nacionales y departamentales que evalúen localizaciones alternativas para el Aeropuerto Internacional de Rocha, actualmente proyectado en el corredor territorial y ecológico comprendido entre las lagunas de Rocha y Garzón. La declaración fue fechada el 11 de agosto y sostiene que el planteo no implica oponerse a la construcción de la terminal aérea ni al desarrollo del departamento, sino cuestionar el emplazamiento elegido.

Las organizaciones, entre las que se encuentran la Fundación Lagunas Costeras, COENDU, Red Unión de la Costa, MOVUS, Redes-Amigos de la Tierra, Karumbé y Punta Ballena Protegida, entre otras, sostienen que el aeropuerto "debería instalarse en un sitio compatible con la conservación de las lagunas, el ordenamiento territorial y la seguridad de las operaciones aéreas". Para eso, solicitan en un comunicado que antes de consolidar el actual emplazamiento se realice una comparación objetiva de alternativas.

El aeropuerto planteado surge luego de que el Parlamento aprobara en uno de sus artículos de la Ley de Presupuesto extender la concesión del aeropuerto de Laguna del Sauce, cercano a Punta del Este, a Corporación América Airports -propiedad del empresario argentino Eduardo Eurnekian- por 25 años a cambio de esta nueva terminal internacional en Rocha.

Uno de los principales argumentos planteados está vinculado con la ubicación del proyecto entre dos áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo de Hábitats y Especies Laguna Garzón. Ambas forman parte de la Reserva de Biosfera Bañados del Este, reconocida por la Unesco, mientras que Laguna de Rocha también integra la Lista Ramsar de humedales de importancia internacional y la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

Según el documento, al que accedió El País, las dos lagunas forman parte de "un sistema ecológico integrado y el territorio ubicado entre ellas funciona como corredor para distintas especies de fauna". Las organizaciones señalan especialmente el desplazamiento habitual de aves acuáticas, costeras y migratorias, que utilizan ambas lagunas y atraviesan el territorio y el espacio aéreo donde se proyecta instalar el aeropuerto.

La declaración advierte que la coincidencia entre las rutas habituales de la avifauna y las futuras trayectorias de aproximación, aterrizaje y despegue podría generar un doble riesgo: para la conservación de la biodiversidad y para la seguridad operacional. En ese sentido, sostiene que la normativa y los documentos técnicos de la Organización de Aviación Civil Internacional advierten sobre "el aumento del movimiento de aves" y del "riesgo de colisiones cuando existen varias masas de agua alrededor de un aeródromo", especialmente cuando este se encuentra ubicado entre ellas.

Foto Archivo El País.

A los posibles impactos sobre la fauna, las organizaciones agregan otros efectos asociados a la construcción y funcionamiento de la infraestructura, como "los movimientos de suelo, la impermeabilización de superficies, las modificaciones en los escurrimientos, el ruido, la iluminación nocturna, los efluentes y el almacenamiento de combustibles". También mencionan "las nuevas infraestructuras eléctricas y viales y el eventual desarrollo urbano y logístico que podría generarse alrededor del aeropuerto".

El documento sostiene además que "las medidas de gestión del peligro de fauna que eventualmente deba implementar el operador del aeropuerto pueden incluir modificaciones de hábitats, control de la vegetación y acciones destinadas a expulsar o disuadir aves". Para las organizaciones, esto demuestra que "el problema no debería abordarse únicamente mediante medidas de mitigación posteriores, sino que la prevención debería comenzar con una adecuada selección del sitio".

Otro de los puntos señalados es que la autoridad ambiental clasificó el proyecto en categoría C, correspondiente a emprendimientos que pueden producir impactos ambientales negativos significativos. Según la declaración, "esta clasificación implica la realización de un Estudio de Impacto Ambiental completo y de una audiencia pública obligatoria". Las organizaciones reclaman que "el proceso sea transparente, con acceso oportuno a la información y participación efectiva de la ciudadanía".

Leonardo Mainé. Archivo El País

Entre sus pedidos, las organizaciones solicitan que "no se autorice definitivamente el emplazamiento previsto sin evaluar previamente otras alternativas y que esa comparación contemple criterios ambientales, aeronáuticos, territoriales, sociales y económicos". También reclaman "estudios sobre fauna, hidrología, hidrogeología, meteorología, ruido, topografía, geotecnia, obstáculos y seguridad operacional".

Además, piden que los expedientes administrativos, estudios técnicos, antecedentes y decisiones vinculadas al proyecto "sean de acceso público, y que se habiliten instancias tempranas de participación de la comunidad científica, organizaciones sociales, habitantes del territorio, sectores productivos y autoridades nacionales y departamentales". También plantean "que la audiencia pública se realice cuando esté disponible la información esencial para que la participación ciudadana pueda ser informada y tener incidencia en la decisión".

Las organizaciones sostienen que Rocha necesita infraestructura, conectividad y oportunidades de desarrollo, pero consideran que ese crecimiento "debe compatibilizarse con la protección de su patrimonio natural y con la seguridad de las operaciones aéreas". Por eso, reclaman que las autoridades dispongan una evaluación "seria y transparente" de posibles emplazamientos alternativos y prioricen una ubicación que permita avanzar con la infraestructura aeroportuaria sin afectar el sistema de lagunas costeras.

Foto de Archivo.

Días atrás el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que “debe buscarse otra ubicación” para el aeropuerto internacional que se pretende construir en Rocha porque el lugar proyectado es un “área sensible desde el punto de vista ambiental” ya que se encuentra entre dos áreas protegidas.

Detrás de esa afirmación tan tajante hay tres informes medioambientales que respaldan su postura. Uno del Centro Universitario Regional Este (CURE) -divulgado por La Diaria-, otro elaborado por los especialsitas Diego Federico Pasquariello y Claudio Gabriel Raimundi -del que informó El Observador- y el que realizó Geo Ambiental. Los tres a pedido de la Fundación Lagunas Costeras, que se opone al proyecto actual.

Foto de Archivo.

El informe de Geo Ambiental, fechado agosto de 2026, y al que accedió El País, concluye que existen dificultades tanto a nivel ambiental como aeronáutico que llevan a descartar la ubicación propuesta. “Se recomienda evaluar prioritariamente localizaciones alternativas que permitan reducir los impactos ambientales y garantizar condiciones adecuadas de seguridad operacional”, se afirma en el documento.

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructuca Aeronáutica (Dinacia), presentó la solicitud ambiental el 17 de abril, que sigue en curso aún.

Se construiría sobre la ruta 10 entre las lagunas Garzón y de Rocha, dos áreas protegidas. Se instalaría a la altura de donde se encuentra un amplio terreno de cientas de hectáreas del empresario Eduardo Costantini que planifica lotear para chacras privadas.

El informe técnico fue elaborado por la licenciada en Geografía y especialista en Educación Ambiental, Romina Ojeda, y el ingeniero en Seguridad e Higiene Laboral Alberto Angelozzi.

En el documento los expertos afirman que existe “una elevada sensibilidad ambiental y condicionantes significativos para la seguridad operacional”.

En relación a lo ambiental, afirman que “el área propuesta para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Rocha posee una elevada complejidad ambiental, determinada por la interacción de ecosistemas costeros, humedales, lagunas litorales, pastizales y ambientes de transición que sostienen procesos ecológicos de importancia regional”.

“Estos ecosistemas presentan un alto valor para la conservación de la biodiversidad, particularmente por la presencia de especies de aves residentes y migratorias, así como por las funciones ecológicas que cumplen los humedales en la regulación hídrica, el mantenimiento de hábitats y la provisión de servicios ecosistémicos”, se añade en el documento de 65 páginas.

Leonardo Mainé. Archivo El País

Por otra parte, a nivel de la aeronáutica se plantean ciertos reparos. Uno de los principales desafíos del proyecto es el riesgo por “la interacción entre la fauna y las operaciones aéreas” ya que “la mayor parte de los impactos con aves registrados internacionalmente ocurre durante las fases de despegue y aterrizaje” cuando las aeronaves operan a baja altura.

Además, se indica que “la evaluación del emplazamiento no puede limitarse a las dimensiones físicas del aeropuerto, sino que debe incorporar el análisis del territorio circundante, los movimientos estacionales de la avifauna, la distribución de los humedales y la localización de los principales sitios de alimentación y descanso”.

En las proyecciones analizadas se estiman unas 1.000 operaciones anuales, en un predio de 209 hectáreas, donde se instalará una pista de 1.350 metros, ampliables a 1.600 en una segunda etapa. La terminal tendrá una capacidad para 50 personas.

Se alerta por varias amenazas aeronáuticas siendo la de mayor riesgosa la colisión de aves con aeronaves, identificada en el informe como una circunstancia de “alta” probabilidad y “muy alta” consecuencia.

De todos modos, se insiste en que aún faltan 39 estudios sobre los posibles impactos ya que restan presentarse, por parte del privado, que son específicos sobre la seguridad aeronáutica y la mitigación ambiental.