Proyecto Neptuno: Ambiente concedió la autorización ambiental previa; prevén comienzo de obras en setiembre

El Ministerio de Ambiente (MA) concedió la autorización ambiental previa (AAP) a OSE para el Proyecto Neptuno, para reforzar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana, de acuerdo a la resolución ministerial del viernes pasado a la que accedió El País.

Está previsto que la primera etapa de las obras se inicie en setiembre, indicaron fuentes de la empresa estatal de aguas y el MA a El País.

El proyecto renegociado por el gobierno de Yamandú Orsi, anunciado en diciembre de 2025, incluyó la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, con capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios, una tercera parte de lo que consume hoy el área metropolitana a diario, así como la instalación de la séptima línea de bombeo, entre otras obras.

La modificación del contrato del proyecto Neptuno cambió varios aspectos del plan que firmó el exmandatario Luis Lacalle Pou a la salida de su administración. El nuevo proyecto modificó la instalación de la planta potabilizadora, pasando de las costas de Arazatí (San José), que tomaba agua del Río de la Plata, hacia el costado de Aguas Corrientes, abasteciéndose del río Santa Lucía.

Otro aspecto destacado por el gobierno es que con la nueva planta, que estará ubicada al costado de la histórica planta potabilizadora de Aguas Corrientes, la cuota anual que pagará OSE al consorcio será de US$ 40 millones —US$ 10 millones menos que el proyecto original— al consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.

La nueva planta estará ubicada al costado de Aguas Corrientes, que toma agua de la misma fuente, para reforzar el abastecimiento hacia 2045, que pasaría de 600.000 metros cúbicos diarios a 845.000. Pese a que el Tribunal de Cuentas (TCR) observó el contrato renegociado en febrero, el gobierno resolvió reiterar el gasto descartando las críticas señaladas.

La resolución que concedió la AAP a Neptuno, firmada por el ministro Edgardo Ortuño, señaló que el proyecto queda sujeto al “estricto cumplimiento” de ciertas condiciones.

"Toda variación que se proponga al proyecto original deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) para su evaluación y previa autorización", marcó.

“El titular del emprendimiento será responsable de la adecuada gestión ambiental en todas sus etapas (construcción, operación y abandono), sin perjuicio de que estas sean ejecutadas por terceros”, acotó.

Otro aspecto es que previo al inicio de obras, la OSE deberá presentar para su aprobación el Plan de Gestión Ambiental de Construcción, “sin perjuicio” que las actividades preparatorias y los replanteos de obra en los predios de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) podrán iniciarse previamente, previa autorización de Dinacea.

La AAP también establece que el plan de gestión ambiental de construcción “deberá incorporar un plan de intervención y monitoreo ambiental de las obras en el Río Santa Lucía y sus márgenes”, así como un “plan de restauración del bosque ribereño”, un “programa de seguimiento del patrimonio cultural y arqueológico”, que incluya un “plan de comunicación” con la población.

El plan de gestión ambiental deberá desarrollar los lineamientos del Estudio de Impacto Ambiental, el que incorporará “programa de operación y seguimiento hidrológico de la nueva toma a instalarse para las distintas etapas de funcionamiento, incluyendo la futura fase de operación de la represa de Casupá y la séptima línea de bombeo".

De constatarse impactos ambientales no previstos originalmente, durante cualquiera de las fases del proyecto, OSE “deberá proponer medidas de mitigación y presentarlas a la Dinacea para su aprobación previo a su ejecución, sin perjuicio de las acciones de respuesta rápida, que eventualmente pudiera corresponder para atenuar la magnitud de aquellos impactos”, acotó la resolución.