Proyecto Neptuno: pese a la observación del TCR sobre el contrato renegociado, el gobierno reiterará el gasto

El Tribunal de Cuentas (TCR) resolvió este jueves observar, por cuatro votos contra tres, la modificación del contrato del proyecto Neptuno que impulsó la gestión del presidente Yamandú Orsi, y que cambió varios aspectos del plan que firmó el exmandatario Luis Lacalle Pou a la salida de su administración.

Frente a esta definición del organismo público de contralor, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, confirmó luego en rueda de prensa que se va reiterar el gasto por "fundadas razones de interés público, conveniencia técnica y económica y un fuerte respaldo jurídico".

"La decisión que hemos tomado es reiterar el gasto, daremos cuenta de esto en próximos días, por lo tanto vamos a seguir avanzando. Tenemos un mandato claro, y lo vamos a cumplir, que es asegurar el abastecimiento del agua potable en el área metropolitana y la Costa de Oro", sostuvo Ferreri. "No vinimos a prometer o declarar, sino a hacer", dijo.

Por ende, con la reiteración del gasto, el gobierno avanzará con las obras del nuevo proyecto Neptuno, que se prevén, inicien en abril de este año. Tendrán un costo de unos US$ 40 millones, US$ 10 millones menos que el proyecto original, por un plazo de 17.5 años, lo que sumaría US$ 700 millones.

“Esta renegociación está blindada jurídicamente”, aseguró el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, un mes atrás durante el llamado a sala en régimen de Comisión General, respecto al “amplio respaldo jurídico” con el que contaba la renegociación que hizo el gobierno con el consorcio ganador, Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST.

El proyecto renegociado, anunciado hace dos meses, incluyó la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, con capacidad de 200.000 metros cúbicos (m3) diarios, una tercera parte de lo que consume hoy el área metropolitana a diario, así como la instalación de la séptima línea de bombeo, entre otras medidas.

El TCR, encabezado por Francisco Gallinal (presidente), Darwin Machado (vicepresidente), así como los ministros Álvaro Ezcurra, Enrique Cabrera, Miguel Aumento, Flora de Santis y Linder Reyes, analizó por estas horas el caso Neptuno. En la sesión, Gallinal, Ezcurra, el suplente de Machado, José Luis Bringa, y Reyes, votaron observarlo, mientras que Aumento, Cabrera y De Santis votaron por no observarlo.

El proyecto de resolución que remitió días atrás Jurídica del TCR a los ministros, quienes luego evalúan si lo toman o realizan modificaciones, concluyó que el tribunal debería “observar” las modificaciones del contrato del proyecto Neptuno, según un documento al que accedió El País.

Lo remitido por Jurídica planteó que si el objeto del contrato hubiera contado con las condiciones de la renegociación se podrían haber presentado otros oferentes, o realizarse ofertas en condiciones diferentes a las adjudicadas.

“No cabe más que concluir que, los cambios proyectados, alteran sustancialmente el objeto del contrato, contraviniéndose así los primeros de igualdad y concurrencia; en tanto no se configuran todas las circunstancias requeridas para que la modificación contractual pautada sea precedente, en contravención de los artículos 8 de la Constitución y 149, literal B) del Tocaf”, señala el proyecto de resolución, que fue aprobado este jueves.

A juicio del tribunal, la modificación proyectada, “más allá de la nueva ubicación geográfica” para la captación del agua bruta, modifica “sustancialmente” el objeto contractual por varios aspectos. Por un lado, porque la captación de agua bruta “pasará a ser realizada directamente por OSE, excluyéndose dicha tarea del ámbito del contratista como estaba previsto originalmente”. Así como que “todas las actividades de gestión” originalmente asignadas al contratista, “quedan a cargo de OSE”.

En esa línea, la resolución del TCR votada hoy planteó que “con excepción de ese primer año, en el que el mantenimiento corresponde al contratista, éste se transfiere totalmente a OSE, a diferencia del régimen original”.

Dentro de las “modificaciones sustanciales”, el tribunal planteó que “se eliminan del alcance del proyecto la reserva de agua bruta (RAB) y la estación de bombeo intermedia de agua tratada (Ebiat)”, con lo cual, se concluyó que las prestaciones a cargo del contratista se “reducen sustancialmente y en consecuencia su haz obligacional”, acotó.

“Es admisible renegociar contratos, pero su límite natural está en no alterar el objeto del procedimiento de contratación, o las contraprestaciones esenciales emergentes de la relación contractual original, por lo que es necesario respetar las condiciones originales del pliego como garantía de igualdad y concurrencia, excepto que dicha modificación responda a necesidades objetivas de interés público, surgidas con posterioridad a la celebración del contrato, demostrándose fehacientemente que no se afectó el derecho de igualdad de oferentes y potenciales oferentes, lo que no surge de las actuaciones remitidas”, remarcó el tribunal.

Ferreri, en tanto, respondió que el fallo del TCR "no pone en cuestión" los fundamentos de "interés público" que manejó el gobierno sobre el nuevo proyecto. "La opinión del tribunal es contraria a todos los catedráticos de Derecho Administrativo del país", apuntó, en referencia a los informes que elaboraron Carlos Delpiazzo, Augusto Durán Martínez, Graciela Ruocco, Martín Risso, Cristina Vázquez y Sebastián Ramos, a pedido del consorcio, OSE y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que financió el proyecto.

El presidente de OSE también insistió con que la postura del TCR actual -donde hoy la oposición tiene mayoría- "va en contra de los antecedentes del propio tribunal", en relación a cambios "más sustantivos" en proyectos como la renegociación del Hotel Carrasco, o las modificaciones del proyecto Neptuno en el pasado, donde el organismo "no observó".

Pero además, Ferreri aseguró que hay "dos errores conceptuales" en la resolución del TCR respecto a que la renegociación implicó cambios sustanciales al objeto del contrato. Por un lado, planteó que el mantenimiento de la planta de Aguas Corrientes, "la principal obra y la más cara", la seguirá haciendo el consorcio privado, lo mismo que con la planta de tratamiento de lodos.

Y que la operación "siempre estuvo en manos de OSE, salvo en un punto que tenía que ver con la toma de agua bruta, que se cambió porque entendíamos que podía generar problemas con el artículo 47 de la Constitución, que establece que esto debe hacerlo la empresa pública", agregó.

Consultado sobre si la observación del TCR tuvo una razón política de fondo, el jerarca respondió: "Jamás entraría en ese terreno, no me corresponde. Pero entiendo que hay errores conceptuales, un cambio de criterio y que tenemos sobrados argumentos técnicos, económicos y jurídicos para avanzar dentro del marco de la institucionalidad".

El nuevo proyecto, ya firmado entre el gobierno, OSE y el consorcio privado que ganó la licitación, cambió la instalación de la planta potabilizadora, pasando de las costas de Arazatí (San José), que tomaba agua del Río de la Plata, hacia el costado de Aguas Corrientes, que se abastece del río Santa Lucía, como la planta actual.

La modificación del contrato generó fuertes cuestionamientos políticos de la oposición. Entre los argumentos que se esgrimen es que no se podrá contar con una nueva planta para hacer frente a un escenario de déficit hídrico que se arrastra hace meses, y que llevó a que la represa de Paso Severino perdiera millones de reserva en lo que va del año, tal como informó El País.

"Estamos con reservas que significan aproximadamente el 68% de la capacidad máxima. Esto nos deja espacio para trabajar con tranquilidad, pero estamos muy ocupados en el tema", dijo Ferreri. "Estamos generando modificaciones en la infraestructura para poder aprovechar mejor el agua, para hacer mejores trasvases y rebombeos", y exhortó a la población a hacer un "uso responsable" del agua.

Consultado sobre si hay un escenario de sequía actualmente, Ferreri respondió: "Estamos monitoreando. No estamos todavía en ese punto. Pero sí quiero transmitir que estamos trabajando de manera diaria en este tema",

Fuentes de OSE indicaron a El País que con este esquema se contarían con reservas de agua hasta mayo, y que no se descarta activar la emergencia hídrica más adelante si no ocurren precipitaciones que puedan revertir el déficit hídrico que se arrastra desde hace siete meses al sur del Río Negro.

Las críticas de la oposición van contra Neptuno y una nueva represa en Casupá, que busca hacer el gobierno, con la mira puesta en aumentar la reserva de agua dulce bruta para el área metropolitana para no perjudicar el abastecimiento frente a sequías o episodios de salinidad, lo que acumula críticas de vecinos y productores, así como de la oposición.