Ortuño sobre denuncia por Casupá: “Partidizar el acceso al agua potable es el camino equivocado”

-¿Qué pidió el Ministerio de Ambiente en la Rendición de Cuentas?

-Esta Rendición de Cuentas es muy importante porque supone la concreción de los objetivos priorizados a nivel de gobierno, para los cuales canalizamos recursos desde el Ministerio de Ambiente (MA): infancia, seguridad, atención a la situación de calle y educación. En tanto, a nivel del ministerio se pidió al Parlamento elevar a rango legal la declaración de junio como mes del ambiente. Además, pedimos incorporar una herramienta legal para el funcionamiento de uno de los dos pilares centrales del Plan Vale, por el que se implementará un sistema de depósito-reembolso, en el que las personas recibirán dinero por la devolución de los envases plásticos. En concreto, en la Rendición de Cuentas se incluyó el mecanismo de la devolución del envase, que será en efectivo o con un ticket a ser utilizado en los comercios que los reciban.

-Cuándo se espera que quede efectivo el sistema del Plan Vale, que tiene dos partes: además del sistema de depósito-reembolso, están los acuerdos con las distintas intendencias.

-Esperamos que este año se dé el comienzo de las inversiones del Plan Vale con el inicio de las obras para la instalación de la planta de consolidación de envases. En esa línea, esperamos la concreción de la totalidad de los acuerdos con los gobiernos departamentales, en los que se promueve la recolección selectiva y el cambio de modelo de gestión. Ya hay convenios con 17 intendencias, y faltan Tacuarembó y Paysandú. Para 2027, esperamos que se pueda comenzar a concretar la instrumentación del sistema de depósito-reembolso. También esperamos que pueda empezar en el segundo semestre del año siguiente, por lo menos, con la importación de la maquinaria y el decreto reglamentario que tiene que emitir el MA.

- A lo largo de los años, se ha aplazado la implementación del sistema de depósito-reembolso. Ahora hay problemas dentro del sector empresarial porque algunas compañías están en el Plan Vale, pero otras no se quieren unir. Incluso el MA prorrogó la fiscalización de la adherencia. ¿Falta un clic en las empresas de hacerse responsables sobre los productos que vuelcan al mercado?

-Es un proyecto muy transformador en la gestión de residuos. Supondrá un cambio de hábitos en la gente, pero también supone un desafío para las empresas y una articulación dentro del sector privado en distintos niveles. La ley de responsabilidad extendida de productores e importadores hace que alrededor de 3.500 empresas tengan que estar inscriptas en el Plan Vale. En esta etapa han surgido diferencias entre las empresas que conducen el Plan Vale y las medianas y pequeñas y, en particular, del sector del comercio e importador. Hemos articulado como MA. Hoy estamos cerrando un período de negociación y de intercambio con niveles de acuerdo importantes en la gobernanza del plan y en el documento de readhesión, en lo vinculado al financiamiento y a una menor responsabilidad a nivel general. Es un plan realmente muy transformador que, sin duda, requiere un mayor compromiso de todos los sectores, aunque atendiendo a la diversidad en el sector empresarial porque entendemos el planteo de las medianas y pequeñas empresas.

-¿Se va a ejercer algún tipo de control para que la implementación del sistema de depósito-reembolso no se traslade al precio de los productos?

-El primer control será en las empresas: que estén adheridas al Plan Vale. Por otra parte, los estudios hechos por el equipo técnico del MA y el Ministerio de Economía y Finanzas plantean que la implementación supondrá un sobrecosto realmente muy acotado en los productos, que no debería incidir, por ejemplo, en variables como el Índice de Precios del Consumo. No obstante, ambos ministerios vamos a estar atentos porque no debería suponer una suba significativa del costo para las personas.

-Volviendo a la Rendición, el sindicato se declaró en preconflicto porque el MA busca suspender 37 vacantes. ¿Cómo vienen negociando?

-Antes decía que compartimos y aportamos recursos para las prioridades definidas por el gobierno. Hay una apuesta de reasignación de recursos al interior del Estado como alternativa al recorte o ajuste. Eso supone que todos los ministerios aportemos con una reducción de los gastos de funcionamiento de un 5% para 2027 y la supresión de vacantes, que en el MA es menor al planteo inicial. Coincidimos con el sindicato en que, efectivamente, la gestión ambiental requiere reforzar la asignación de recursos económicos y humanos. Por eso, esperamos acordar con los trabajadores un replanteo del tema de cara a la próxima Rendición de Cuentas, donde esperamos recuperar parte de los recursos que estamos resignando en 2027. Además, apostamos a superar la situación de conflicto con acuerdos amplios que incorporen otras demandas que realizan y que estamos dispuestos a contemplar.

-Los temas ambientales cada vez tienen una mayor relevancia. En estos días está en discusión un proyecto inmobiliario en Bañados de Carrasco, y antes estuvo otro en Punta Ballena. Pero, al mismo tiempo, hay una supresión de vacantes. ¿El ministerio tiene capacidad para controlar todo el territorio nacional?

-Han crecido los compromisos y las exigencias ambientales en el país. Se expresan en la normativa y en la demanda de la sociedad, lo que requiere mayor trabajo especializado en la evaluación de los proyectos de inversión y en el desarrollo de políticas públicas. El miércoles firmamos un acuerdo estratégico y muy importante con la Universidad de la República, que justamente nos permite contar con los profesionales que trabajen en conjunto con el ministerio. También hay convenios con la UTEC y las universidades privadas. Hoy el ministerio tiene una dotación en cantidad y calificación que permite atender los distintos requerimientos y que nos ha permitido gestionar alrededor de 1.000 autorizaciones ambientales por año. Además, le permite tener un rol protagónico en la gestión de proyectos de inversión estratégicos, como los vinculados al hidrógeno verde, la ampliación de UPM, la prospección para conocer si tenemos hidrocarburos en su plataforma marítima y tantos otros.

-¿Cuál fue el criterio técnico para excluir a los Bañados de Carrasco del Inventario Nacional de Humedales?

-Durante este gobierno se dio un avance en la protección ambiental de los humedales, que Uruguay tenía previsto en el Código de Aguas desde 1978, con la modificación de 2018. Tomamos la decisión de proteger 800.000 hectáreas de 37 humedales del país, un avance significativo que no se debe opacar con estas discusiones que, creo, están atravesadas o contaminadas por discusiones de proyectos de inversión puntuales que no estuvieron, no están ni estarán a consideración del MA si no se procesan las decisiones correspondientes a nivel departamental. En su momento, tomamos la decisión de dar los tiempos para trabajar con las intendencias de Montevideo y Canelones sobre la reglamentación y los niveles de protección de los humedales de Carrasco. Esto por las particularidades que tiene, con características y entornos sociales particulares, por los cuales venían siendo objeto de planes de protección y ordenamiento territorial de las intendencias, lo que nos hicieron saber. Reafirmo que la decisión de darnos más tiempo para estudiar la protección de los Bañados de Carrasco no supone ni supuso la decisión de excluirlos de medidas de protección. De hecho, instalamos un grupo de trabajo con ambos gobiernos departamentales para avanzar y en agosto vamos a tener los resultados, que se van a expresar en medidas de protección establecidas por decreto.

-El MA tuvo varios frentes abiertos, pero uno de los principales se debe a la decisión del gobierno de cancelar el Proyecto Neptuno e ir por Casupá. La oposición presentó una demanda judicial contra OSE para frenar la construcción. ¿Que opina de la judicialización de este tema?

-Es una iniciativa de un partido político (N. de R.: Partido Independiente) y, por lo tanto, legítima. Siempre vamos a respetar las conclusiones del ámbito judicial. Pero entiendo que partidizar el acceso al agua potable, que debe ser objeto de política de Estado y acuerdos nacionales, es el camino equivocado. Supone profundizar en este clima de campaña y disputa electoral permanente, que es inconveniente llevarlo a todos los terrenos. El proyecto de Casupá tiene un largo fundamento técnico y científico por encima de intereses y diferencias partidarias. Siempre cito ese informe tan importante sobre todas las fuentes de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana realizado en 1970, en el que se recomendó la construcción de la represa de Paso Severino -que Uruguay construyó más de 10 años después- y la construcción de una represa en el arroyo Casupá. Es un estudio previo a la propia existencia del Frente Amplio. Vamos a solucionar el abastecimiento del agua potable con la obra de Casupá. El proyecto no solo responde a una necesidad, sino que tiene un fundamento técnico profuso y amplio y, además, se está llevando adelante con todas las garantías, tanto en los estudios de impacto ambiental como en un apego estricto a la legislación y a la Constitución. Estamos convencidos de que lo vamos a poder concretar.

-¿Cómo ve la respuesta de la gente hacia el gobierno? Algunos números dan una caída de la popularidad del presidente Yamandú Orsi y de la aprobación de gestión. Una situación nueva para el FA porque, al menos con esta velocidad, no sucedió en administraciones anteriores.

- La gente está cansada de la campaña electoral y la disputa política permanente. Quiere soluciones y en eso nos tenemos que enfocar. Tenemos que concentrarnos en los resultados y trascender el debate político permanente que plantea la oposición, la que, además, está siendo criticada por la ciudadanía porque las encuestas también dan muy bajos niveles de aprobación. El FA enfrenta esta situación, que es efectivamente nueva. También es nueva la combinación de restricciones económicas significativas heredadas del gobierno anterior -no previstas en la transición-, con la incertidumbre internacional y con la situación política restrictiva por la falta de mayorías parlamentarias. A mayor complejidad, mayor dedicación, trabajo y unidad al interior del Frente Amplio y en torno a la conducción del presidente. Hoy el objetivo central debe ser concretar los compromisos establecidos en el programa de gobierno. No tuvimos la capacidad de transmitir a la población que la gestión de problemas heredados insumió el primer año. Más que en el debate político, estoy concentrado en la gestión y en la concreción de resultados que, al final del día, la gente va a evaluar y respaldar cuando llegue el momento.

-¿Hay una unidad real dentro del Frente Amplio? Uno ve que hay sectores que hacen propuestas que van por afuera de la agenda del gobierno, por ejemplo, el impuesto del 1% al 1% más rico. Y las encuestadoras marcan frenteamplistas que no están conformes con el gobierno.

-El Frente Amplio es unidad en la diversidad y ha sido una experiencia histórica exitosa. Ha tenido gobiernos transformadores en beneficio de las grandes mayorías de la población porque ha sabido encontrar y concretar la unidad en torno a un programa. Nosotros proponemos a nivel político partidario o a nivel político sectorial postergar las elecciones del FA, justamente con esta premisa de que no es momento de competencia, sino que es momento de unidad. Para la concreción del programa, para el respaldo al gobierno y al presidente en una coyuntura desafiante y, lo más importante, para cumplir con lo que le prometimos a la sociedad. Existen diferencias, pero son más importantes los acuerdos, que se expresan en el programa y, entonces, se deben expresar en los resultados de la gestión.