Demanda judicial a OSE: dirigentes políticos y la Federación Rural piden suspender la represa de Casupá

El líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, presentó este martes una demanda judicial contra OSE para frenar la construcción de la represa de Casupá. A principios de este mes, el dirigente había advertido que la empresa pública había generado compromisos administrativos y económicos que podían "exponer al Estado a futuras responsabilidades patrimoniales".

Además, a la iniciativa se sumaron legisladores de la oposición como Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Martín Lema (Partido Nacional), así como la Federación Rural y vecinos de Casupá. Asimismo, también impulsan la demanda el Partido Constitucional Ambientalista y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

Los demandantes cuestionan que OSE ya haya puesto en marcha la licitación para realizar la obra, pese a que el Ministerio de Ambiente "aún no ha resuelto la autorización ambiental previa". En ese sentido, entienden que esto es un "requisito indispensable" para determinar si el proyecto es viable o no.

En el petitorio a la Justicia difundido por Mieres, se solicita la "suspensión inmediata" de las actuaciones en el marco del proyecto de la represa en Casupá "hasta tanto recaiga" la sentencia definitiva o se "disponga otra solución durante la sustanciación del proceso".

Además, piden que se condene a OSE a que cese "toda conducta administrativa" que consolide el proyecto Casupá. Asimismo, solicitan que se suspenda el procedimiento de licitación publica promovida para la construcción de la represa.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en el Parlamento, en la que participaron varios de los impulsores de la demanda, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo se "atropellaron" los procedimientos "que se deberían haber realizado". "Es un tema de forma que nos debe llamar a la reflexión, y por suerte tenemos la posibilidad de poder manifestarlo en la Justicia y que sea un juez quien determine que en este caso hay un incumplimiento del Estado, un atropello y un proceder inadecuado", manifestó.

Por su parte, Silvana Facheli, una vecina de Casupá, explicó por qué "insisten" en el estudio de impacto ambiental. "Lamentamos que se nos generen suspicacias inevitables, porque si el Ministerio de Ambiente encarga un estudio y ya está diciendo que [la represa] se hace de antemano, genera suspicacias y no queremos desconfiar", manifestó.

Mieres, dijo que la demanda "no pretende" que la Justicia determine si la represa es "útil y conveniente", sino que piden que se intervenga "para evitar el incumplimiento de normas ambientales".

"Esta demanda busca evitarle al país un grave daño, y esperamos que haya una medida cautelar que interrumpa el avance, y ojalá tengamos la posibilidad de que de parte del gobierno haya una actitud de apertura para reconocer que este camino no va", expresó Mieres.

Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El País.

La demanda, anunciada por el Partido Independiente a principios de este mes, trae a flote que el proyecto ha seguido avanzando "mediante la obtención de financiamiento internacional, la elaboración del proyecto ejecutivo, expropiaciones y el llamado a licitación". En esa línea, argumentan que se han generado varios compromisos tanto administrativos, contractuales como económicos previo a que las etapas previstas por el ordenamiento jurídico se hayan cumplido.

Foto: IMM

"Esta situación puede exponer al Estado a futuras responsabilidades patrimoniales si el proyecto debiera modificarse como consecuencia de las decisiones que aún deben adoptarse dentro del procedimiento correspondiente", sostiene el partido.

El PI subraya que el proyecto Casupá fue clasificado por el Estado como una obra de categoría C. Se trata de la máxima categoría de impacto ambiental que está prevista en la normativa uruguaya y "reservada para emprendimientos con potenciales impactos significativos".