Parlamento aprueba prórroga de intervención en Casmu que mantiene situación económica "extremadamente compleja"

El gobierno logró este martes extender la intervención que lleva adelante en el Casmu por dos años más. La definición llegó con la aprobación en la Cámara de Representantes, un día después de la anuencia del Senado. La decisión de designar interventores y tener un mayor control estatal de la mutualista se tomó durante la gestión de Luis Lacalle Pou —y continuó en la actual de Yamandú Orsi— debido a la complicada situación financiera que atraviesa la institución.

El Parlamento, sin embargo, no votó todos los pedidos del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley original, además de la prórroga de la intervención, le daba al Casmu un nuevo acceso al Fondo de Garantía para mutualistas, en esta oportunidad de unos US$ 120 millones. Sin embargo, la coalición opositora condicionó su voto para este punto a que se le entregue mayor información del prestador.

Este acuerdo entre las bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se dejó por escrito el lunes de tarde, después de que concurrieran a comisión las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública y los directivos de la mutualista.

Este martes, los diputados discutieron brevemente la aprobación de la intervención en el Casmu. Por el Frente Amplio, el diputado Luis Gallo calificó la situación de la mutualista como “extremadamente compleja”, y aseguró que el prestador será “viable recién cuando pueda regularizar su situación patrimonial, lo que seguramente va a llevar décadas”.

Al mismo tiempo, defendió la decisión de los distintos gobiernos de tomar participación en el prestador: “El control estatal es preceptivo y la intervención permite visualizar el mantenimiento, la calidad asistencial, la mejora de la gestión y los ahorros operativos”. Y argumentó que la prórroga “se justifica ante la complejidad” de la mutualista, al tener en cuenta la gran cantidad de usuarios y trabajadores que tiene. Entonces, es “necesario mantener la continuidad y calidad sanitaria, y que la problemática no altere el sistema de salud”, indicó.

En tanto, del Partido Nacional, el diputado José Luis Satdjian —que ocupó el cargo de subsecretario de Salud Pública durante el gobierno anterior— apuntó que la situación del Casmu “evidencia los múltiples fallos del Sistema Nacional Integrado de Salud”. El principal problema es que se le “trasladó la gestión de los fondos del Fonasa” a las empresas privadas. Porque estas —continuó el legislador blanco— “tienen la posibilidad de endeudarse con el acreedor que quieren, tomar crédito a la tasa que quieren, comprarle al que quieren y, como hemos encontrado, a empresas que son de los propios funcionarios o directivos de las instituciones”.

Además, lanzó críticas al gobierno al cuestionar por qué se envió el proyecto de ley pocos días antes de que venciera el plazo de la intervención, fecha prevista para el 29 de julio, lo que hizo que el Parlamento trabajara a contrarreloj. Y se preguntó: “¿Fue para que no se nos diera tiempo para analizar?”.

Por otra parte, del Partido Colorado, la diputada Nibia Reisch aseguró que ninguno de los legisladores pretende “poner en riesgo la continuidad asistencial de Casmu ni de ninguna institución”. Sin embargo, aclaró, “una cosa es querer una solución y otra muy distinta es aprobarla a ciegas”. Esto en referencia a que la coalición pidió mayor cantidad de información de la situación actual del Casmu para dar su voto a un nuevo acceso al Fondo de Garantías.

Por otra parte, Identidad Soberana pidió instalar —para lo que precisaría el apoyo de legisladores de otros partidos— una comisión investigadora para analizar “la relación entre el Estado y Casmu”, fundamentalmente los “aspectos económicos y contractuales”. Esto —anunció el diputado Gustavo Salle— en “mérito” de que el lunes escuchó en la comisión “que se ha registrado conductas con apariencia delictiva en el Casmu”.