De las comisarías al reciclaje: convierten miles de motos en cubos de un metro cúbico para que no recirculen

El Ministerio del Interior busca deshacerse de un problema que acarrea desde hace años: qué hacer con las motos y los autos incautados que quedan varados, sin destino aparente, en sus comisarías y depósitos. Ante esta problemática y con el objetivo de reducir la cantidad de chatarra en sus predios -en especial, por falta de espacio, aunque también hay un factor medioambiental-, firmó dos convenios este año.

En marzo, el ministerio puso la firma en un convenio con la empresa Pedernal para que se hiciera cargo de las motos y autos catalogados como chatarra -cuando son irrecuperables o no aptos para circular- en Montevideo, Canelones y San José. Algo similar se había hecho en febrero con la cooperativa de trabajo Burgues, aunque en una escala menor, pero con un enfoque más social.
Aunque la idea del ministerio es retirar autos y motos de sus predios, por ahora estos dos convenios trabajan solo con los birrodados.

El ministerio calcula que hay 3.100.000 kilos de motos en todo el país, y la empresa Pedernal asegura que desde marzo ya se retiraron 1.500.000 kilos. En tanto, la cooperativa de trabajo Burgues viene creciendo en su capacidad: en una primera etapa desarmaba 30 motos por semana, pero ya alcanzó las 83 y quiere llegar a las 100.

La cooperativa nació en 2020, pero tiene como antecedente el programa Uruguay Clasifica del Ministerio de Desarrollo Social y ahora es dueña de la empresa Forja del Sur SAS. Tiene 30 socios y tres empleados, y se dedica a la clasificación y reciclaje de distintos materiales como cartón, papel, nylon, pet, aluminio y chatarra. En pocas palabras, enfardan los materiales y los venden a diferentes empresas formalizadas del rubro.

El problema de la acumulación de vehículos incautados es tal que incluso el ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a este en marzo en el Congreso de Intendentes.

“Es impresionante la cantidad de motos acumuladas en las dependencias policiales y a ustedes (los intendentes) les pasa lo mismo (en los predios municipales). Es hasta un problema medioambiental. No tenemos una solución clara, cómoda y económica para reciclar los materiales de estos vehículos porque son de tan escaso valor en el mercado que se abandonan fácilmente y (las personas) salen a comprar otra, nueva o usada”, indicó.

En esa línea, puso sobre la mesa del plenario de los intendentes que había que buscar una solución “agudizando la imaginación” dado que “todo lleva dinero”.

Foto: Ministerio del Interior.

De la empresa Pedernal, su gerente comercial, Matias Silva, contó a El País un poco qué ve en las recorridas por seccionales y depósitos, donde van a hacer relevamientos. “A veces te preguntás por qué ese auto de alta gama está en medio de un campo en Canelones. También ves autos que son tan buenos que parecen nuevos, pero, en realidad, están hace años”, comentó.

Asimismo, al trabajar con la chatarra, ven árboles que crecen entre los cuadros de las motos o dentro de los autos e incluso se encuentran panales de abejas.

El Ministerio del Interior buscó una solución a la cantidad de motos y autos que tenían estancados en sus predios, pero con una condición: que no tuviera un costo económico, logístico ni de recursos humanos para la cartera de seguridad, dijo a El País el encargado del área de gestión vehicular Pablo Vichi.

Pero, además, había que asegurarse de que el “destino final fuera la destrucción total del vehículo”, indicó, y explicó que se deben garantizar de que las motos no sean vendidas por partes o como repuestos o que las acondicionen para que vuelvan a transitar por la calle.

La idea del Ministerio del Interior es hacer llamados a licitación para poder implementar este mecanismo -ahora en Montevideo, Canelones y San José con Pedernal- en otras partes del país.

Ahora, ¿por qué con Pedernal hubo un convenio? Vichi afirmó que existió un llamado a licitación, pero no los convencieron las ofertas que recibieron porque implicaban un costo para el ministerio. En cambio, sí les gustó la propuesta de esta otra empresa, por lo que se procedió a hacer un acuerdo.

Foto: Ministerio del Interior.

De la empresa Pedernal, su gerente comercial, Silva, explicó que retiran las motos -después comenzarán con los autos- de los distintos lugares, las llevan a su depósito en el barrio Paso de la Arena y las desguazan. Por un lado, se diferencia entre chatarra ferrosa y chatarra no ferrosa. Además, se sacan los líquidos que pueden tener los vehículos, como el aceite y el combustible, y se separan las cubiertas, los plásticos y la batería.

Después cada componente tiene su destino porque la empresa clasifica “los residuos para enviarlos por el canal correspondiente”, señaló.

“Parte de la chatarra no ferrosa y los plásticos se exportan, y, para los líquidos, tenemos un gestor que los comercializa, por ejemplo, para combustible de hornos. En tanto, la parte de cables queda en plaza”, dijo. Por otra parte, los cuadros de las motos los rompen y los compactan en un cubo de un metro cúbico. “Eso facilita mucho que pueda ingresar a (la empresa siderúrgica) Gerdau Laisa porque queda pronto para el horno que tienen y se pueda transformar, por ejemplo, en varillas para la construcción u otro tipo de fierro”, explicó.

El socio de la cooperativa de trabajo Burgues y coordinador operativo, Juan Iervolino, contó a El País que el convenio con el Ministerio del Interior surgió a partir de la idea de expandir sus unidades de negocios. Se firmó en febrero por un año, pero se va a renovar, adelantó.

El desafío que tienen -señaló- es “hacer una cooperativa sustentable con inclusión social”. “Queremos dar oportunidades a personas que están fuera del mercado laboral. Trabajan personas que son muy jóvenes o que estuvieron privadas de libertad o en situación de calle o clasificadores que están en la informalidad”, contó.

“El trabajo, para nosotros, es fundamental. El trabajo como núcleo rector y central de la vida, que te permite organizar todo lo demás. En este caso, no solo implica ir a trabajar, sino que, como socios y socias, somos dueños de esa empresa y de la cooperativa”, añadió Iervolino.

Aunque al principio los trabajadores ingresaban a través del programa Uruguay Clasifica del Ministerio de Desarrollo Social, hoy dicha cartera “no tiene ninguna incidencia”, dijo. Es la propia cooperativa la que selecciona personal y recibe los currículum vitae. Cada persona tiene su sueldo y las ganancias excedentes se invierten. Por ejemplo, ahora quieren comprar maquinaria para poder aglomerar el material, dado que hoy se centran en enfardar, un modelo que consideran “perimido”.

La búsqueda, entonces, es de conseguir una mayor autonomía económica y de decisiones, apuntó.

Entre los temas que tienen en agenda están solucionar “los problemas de vivienda” de integrantes de la cooperativa y hacer un “centro familiar” porque hay socias que no tienen con quién dejar a sus hijos durante la jornada laboral o cuando quieren hacer un curso fuera de hora -entonces, tienen que pagarle a alguien-.

También quieren implementar un “acompañamiento escolar y liceal” para los hijos de los clasificadores, incorporar herramientas para la salud mental, hacer un “almacén popular con precios populares” y enseñar educación financiera, finalizó.