La Justicia condenó al Ministerio del Interior a pagar US$ 245.000 a familiares de Carlos Eduardo Cisneros, un recluso que murió tras sufrir graves quemaduras durante un incendio ocurrido en diciembre de 2021 en una celda de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar.
La sentencia, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, consideró que existió responsabilidad estatal por las condiciones de seguridad del establecimiento y fijó indemnizaciones por daño moral para siete familiares de la víctima.
El incendio se produjo el 9 de diciembre de 2021 en la Unidad 4, donde dormían cinco personas privadas de libertad. Según reconstruyó la sentencia a la que accedió El País, el fuego se inició a partir de una sobrecarga eléctrica en los aparatos conectados en la celda, que provocó un cortocircuito en los cables y alcanzó colchones ubicados en una cucheta.
Cisneros sufrió quemaduras graves y posteriormente murió. La jueza señaló que en el módulo existían deficiencias eléctricas, falta de alarma contra incendios, ausencia de extintores dentro del sector y dificultades para acceder rápidamente a elementos de combate del fuego.
El Ministerio del Interior sostuvo que el episodio fue accidental, que los funcionarios actuaron de inmediato y que los propios presos realizaban conexiones eléctricas irregulares pese a conocer los riesgos.
La sentencia, sin embargo, entendió que esas circunstancias no liberaban al Estado de su obligación de garantizar la seguridad de las personas bajo su custodia. Consideró que el incendio no constituía un hecho imprevisible o inevitable y que las deficiencias existentes configuraron una “falta de servicio”.
Por concepto de daño moral, el fallo condenó al Ministerio del Interior a pagar US$ 50.000 al padre de Cisneros, US$ 50.000 a su madre; y US$ 50.000 a su hija; US$ 30.000 para su pareja, US$ 25.000 para otra mujer considerada hija de crianza; y US$ 20.000 para cada una de sus dos hermanas.
Los familiares de Cisneros también demandaron a Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) porque entendieron que podía tener responsabilidad por la atención médica que recibió tras el incendio. Sostuvieron que el organismo tenía a su cargo la asistencia integral de las personas privadas de libertad y cuestionaron la atención brindada a Cisneros, quien sufrió quemaduras en cerca del 20% de su cuerpo y fue trasladado a distintos centros asistenciales antes de morir.
ASSE rechazó esa responsabilidad y alegó que la atención sanitaria dentro de la Unidad 4 correspondía a Sanidad Policial, dependiente del Ministerio del Interior, mientras que su participación se limitaba a determinadas prestaciones establecidas en un convenio entre ambos organismos. La jueza aceptó este argumento y desestimó la demanda contra ASSE por falta de legitimación pasiva.
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