El avance de las ocho “medidas urgentes” que aplicó Interior para el Comcar con una inversión de US$ 3 millones

La cárcel de Santiago Vázquez (Unidad Nº 4), ex Comcar, es el centro con mayor cantidad de privados de libertad en todo el país y ha sido lugar de trágicos y fatales hechos. Actualmente, según datos del Ministerio del Interior, cuenta con una población carcelaria de 5.200 personas, lo que representa el 31,6% del total nacional. En comparación, la penitenciaría de Punta de Rieles es la segunda con mayor cantidad y tiene el 10,8%.

En junio, el ministro Carlos Negro, junto a Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), anunció ocho “medidas urgentes” a aplicar en la cárcel, luego de comparecer ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento a raíz de la muerte de cuatro reclusos por un incendio.

De acuerdo con los últimos datos, hay 16.640 presos en Uruguay, principalmente de 18 a 37 años de edad. Aproximadamente el 70% de las penas están vinculadas a delitos relacionados con estupefacientes, hurtos o rapiñas.

Ya a casi seis meses del anuncio, Juanche, en diálogo con El País, hizo un balance de las medidas anunciadas y explicó en qué etapa se encuentra la implementación de esas ocho disposiciones. En total, implicó una inversión de US$ 3 millones de la administración.

La primera medida se anunció con el objetivo de reducir el hacinamiento y los hechos violentos en los módulos más críticos de la cárcel, principalmente el 10 y el 11. El INR logró remover cerca de 400 personas de estos dos espacios y derivarlos, ya sea a otros módulos o a otros centros penitenciarios.

“También llevamos un conjunto de personas a otras unidades. Por ejemplo, si eran oriundas de otros departamentos, las retornamos a sus departamentos, obviamente siempre tomando en cuenta el perfil criminológico y sus niveles de adaptación a unidades de menor seguridad”, relató Juanche. En paralelo, se realizó una inspección sanitaria para “constatar que estuvieran con un nivel de salud en condiciones adecuadas”.

Si bien “los módulos tienen menos población que antes de tomar las medidas”, la población “no siempre se mantiene en el nivel óptimo”, ya que “ha crecido bastante”: más de 700 personas desde marzo. Anualmente, y en promedio, el sistema entero aumenta su población de a mil, ya que salen cerca de 9.000, pero entran otras 10.000.

El instituto llevó a cabo un “reordenamiento” de 500 “vacantes genuinas”, mayoritariamente de “agentes ejecutivos grado 5”, sumado a vacantes de “otras unidades ejecutoras” del ministerio.

Cerca de la mitad de las vacantes, unas 224, están en formación en el Centro de Formación Penitenciaria, donde realizan su formación policial y penitenciaria.

Mientras tanto, la otra mitad lo está en la Escuela Nacional de Policía, pero de su formación penitenciaria se encarga el propio INR. A medida que se den los egresos en 2026 y con la suma de otros 88 operadores penitenciarios, se completarán las vacantes.

“Por la ley de Presupuesto, generamos mil nuevas vacantes: 500 de policías y 500 de operadores penitenciarios. De esas mil nuevas vacantes, 200 se van a proveer a partir de la apertura de llamados en el correr del año, con suerte a partir de setiembre. Van a estar listos para acoplarse a la función”, apuntó la jerarca.

El INR realizó un plan de obra, cuyos proyectos específicos “ya están prontos”, para la aplicación de “cocinas descentralizadas”. A través de un convenio de Interior con Transporte y Obras Públicas, ya firmado, se agilizará la contratación de las empresas de obra y las licitaciones.

“Con eso vamos a poder lograr que, en lugar de que una sola cocina provea la alimentación para las 5.200 personas, cada subunidad dentro del complejo tenga su propia cocina y elabore los alimentos para esos módulos que integran cada una de esas subunidades”, puntualizó Juanche.

“Tenemos grandes problemas de distribución porque la cocina está al frente del Comcar, entonces hay que transportarla. Hasta ahora se hacía con mecanismos bastante artesanales; para eso también en las medidas urgentes nosotros propusimos la compra de pequeños tractores que permiten llevar los insumos hasta cada una de las cocinas, y de ahí se va a repartir a cada una de las unidades desde su propia cocina”, agregó.

Con respecto a los salones de visita, en algunas unidades ya comenzaron las obras, destinadas a mejorar y refaccionar su infraestructura: ingreso de visitantes, baños, sectorización de los salones, procedimiento de registro y de revisoría, y más escáneres de bultos y personas.

Otro punto en el que se invirtió fue en programas de reinserción, tanto en términos de la creación y adecuación de espacios como de la propia oferta programática. Con la aprobación del Presupuesto, el INR consiguió una línea de $ 50 millones para el primer año y de $ 45 millones para cada uno de los años restantes del período actual.

“Vamos a poder contratar, mediante llamado público transparente, a organizaciones sociales, cooperativas de técnicos, para llevar programas sobre todo de tratamiento, y comprar materiales para la oferta de trato, los programas de educación, de formación profesional, de trabajo, cultura, deporte y recreación”, describió Juanche.

En ese sentido, la jerarca señaló que un convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) logró el aumento de la cantidad de programas de formación y capacitación profesional. Esto incluye más cobertura del programa Rumbo junto con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), “por lo cual las personas cumplen el ciclo básico abreviado en un solo año y se les agrega una capacitación profesional en diversas áreas: desde gastronomía hasta carpintería tradicional, carpintería de obra, carpintería en aluminio, mecánica liviana”, entre otros.

En cuanto a tecnología y videovigilancia, las obras en torno a la cárcel de Santiago Vázquez “ya culminaron”, aseguró la jerarca.

“Cableamos 2,9 kilómetros, es decir, todo el perímetro del Comcar, con cables de datos que nos permiten instalar las cámaras en sectores comunes, pasillos, salones de visita, y sectores de ingreso a cada uno de los módulos”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que esto, en los módulos 10 y 11, “ha permitido prevenir y dilucidar un conjunto importantísimo de incidentes gracias a las cámaras de monitoreo permanente”.

En colaboración con la organización Familias Presentes, el INR confecciona “una guía de recursos para orientar a las familias, que tiene todos los datos: teléfonos, qué artículos se pueden ingresar a las visitas, cómo se tramitan los traslados, cómo hace una persona para registrarse para visitar a su familiar”.

Juanche también indicó que se crearon oficinas de atención a la familia “en cada una de las unidades penitenciarias para atender las demandas, las quejas y también las diversas solicitudes que tienen relacionadas con las personas familiares”.

Por otro lado, enfatizó que otro objetivo es actualizar el reglamento de visitas “para imprimirle perspectiva de derecho y armonizarlo con las reglas Mandela, las reglas Bangkok, los principios de Yogyakarta”, en referencia a las normativas internacionales sobre estándares mínimos para la gestión de centros penitenciarios.

“También estamos trabajando en soluciones tecnológicas que nos permitan, por ejemplo, tener un chat que responda a solicitudes en forma automática sobre consultas preestablecidas, así como en el rediseño de la página web para dotarla de transparencia pasiva y que toda la información relacionada con trámites y solicitudes esté disponible en forma electrónica”, dijo la directora del INR.