Caza de patos "ilegal" en Uruguay: la dura denuncia de 52 organizaciones ambientalistas al ministro Ortuño

Redacción El País
Un conjunto de 52 organizaciones vinculadas a la conservación de la naturaleza entregó al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, una petición para culminar con la "caza de patos ilegal en Uruguay". La Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) mantuvo un encuentro el pasado viernes 5 de diciembre con Ortuño y le entregó la misiva con la firma de las más de 50 organizaciones.

En el documento, al que accedió El País, las asociaciones recordaron que "un informe técnico presentado en 2022 recomendó mantener la veda por al menos cinco años debido a la disminución de las poblaciones", y denunciaron que "tanto el gobierno anterior como el actual habilitaron la práctica sin cumplir la normativa". También expresaron sorpresa "por la realización de censos de patos financiados por asociaciones de cazadores" y advirtieron que "estos estudios no pueden considerarse válidos por conflictos de interés".

A estas críticas se sumaron las declaraciones de Mauricio Álvarez, presidente de la Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu), quien aseguró a El País que “los últimos días de febrero, antes de la asunción del nuevo gobierno", solicitaron una reunión con el presidente Yamandú Orsi.

Según contó, primero fueron recibidos por Estela Delgado, directora de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), pero el planteo central sigue siendo el mismo: “En el tema de la caza de patos el gobierno actual y el anterior están siendo déspotas, porque no se realizó un estudio poblacional sobre esta especie. No hay estudios poblacionales; la ley exige ese estudio, por lo que la situación es ilegal”.

Álvarez sostuvo que, tras insistir durante meses, finalmente se reunieron con el ministro Ortuño el 5 de diciembre: “El ministro nos dio una presentación de 10 o 15 minutos y nos manifestó la idea de frenar la caza de patos, pero que no dieron los tiempos”. Según relató, Ortuño también les habló de un posible cambio normativo en materia de fauna. “Tuvimos media hora o 40 minutos exponiendo. Salimos con la afirmación de que se va a rever la situación de la caza y con la modificación o derogación de los decretos del gobierno de Luis Lacalle Pou”, afirmó. Para Álvarez, el problema es estructural: “En materia ambiental los gobiernos han sido autoritarios y déspotas, y lamentablemente nuestra sociedad civil lo permite”.

Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

La delegación ambientalista pidió además derogar los decretos emitidos durante la administración de Luis Lacalle Pou que flexibilizaron la caza —incluida la nocturna— y que, aseguraron, siguen vigentes pese a los anuncios iniciales del nuevo gobierno. Plantearon que, en ausencia de estudios técnicos, “toda la caza en Uruguay es ilegal” y reclamaron suspender la de especies nativas hasta que exista evidencia científica que la justifique. También criticaron la propuesta parlamentaria para controlar la población de cotorras y el pedido de habilitar la caza de zorros, señalando que "ambas iniciativas carecen de sustento científico". A esto sumaron un reclamo sobre la persistencia de la caza con perros, que —subrayaron— "vulnera leyes de bienestar animal y provoca la muerte de especies protegidas".

Otro de los puntos abordados fue el combate al tráfico de fauna. Coendu pidió retomar una política activa, como la aplicada en la segunda administración de Tabaré Vázquez, y revisar las autorizaciones de cría y comercio otorgadas en los últimos años. También llamaron a restaurar el corredor biológico de banquinas, cuya gestión se modificó durante el gobierno pasado y que, según indicaron, "afecta la conectividad ecológica en zonas rurales, incluida la regeneración de palmares".

Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.