Redacción El País
La Red Unión de la Costa manifestó este martes en un comunicado su “rechazo categórico” a las resoluciones emitidas el 5 de diciembre por el Ministerio de Ambiente, que otorgaron autorizaciones ambientales previas para la realización de prospecciones sísmicas offshore tridimensionales en varios bloques de la "zona económica exclusiva del Uruguay".
La organización acusó a la cartera de "habilitar proyectos de alto impacto sin una participación ciudadana efectiva y en contradicción con los compromisos ambientales del país".
Según el comunicado, aunque el ministerio cumplió con los plazos y trámites formales, "trató la participación social como un mero requisito administrativo". La Red señala que, si bien las resoluciones mencionan el ingreso de informes y comentarios de colectivos costeros, organizaciones y actores científicos, “ninguno de ellos incidió en la decisión final”, que reprodujo “en bloque” la posición técnica previa y terminó autorizando todas las solicitudes, pese a reconocer impactos y riesgos acumulativos sobre los ecosistemas marinos.
La organización advierte que esta práctica “vacía de contenido” las obligaciones del Estado establecidas en el Acuerdo de Escazú, que exige una participación temprana, significativa y con capacidad real de influir en decisiones ambientales. Cumplir únicamente con el trámite —sostienen— contradice tanto el espíritu como la letra del acuerdo.
"Especialmente grave"
El comunicado también cuestiona la coherencia entre estas autorizaciones y el discurso ambiental del gobierno. La Red Unión de la Costa afirma que resulta “especialmente grave” que "un gobierno que se define como progresista habilite operaciones sísmicas que favorecen a grandes corporaciones petroleras, priorizando intereses privados por encima de la pesca artesanal, la soberanía ambiental y las comunidades costeras".
La organización recuerda que Uruguay ha sido reconocido internacionalmente por su matriz energética basada en renovables, y sostiene que autorizar prospecciones destinadas a impulsar la explotación petrolera “reinstala la lógica fósil” en un contexto global que avanza hacia la electrificación y la descarbonización. A su entender, estas decisiones colocan al país en una posición “incoherente” con sus propios compromisos climáticos.
En el plano ecológico, la Red advierte sobre los impactos de la contaminación acústica generada por las prospecciones sísmicas, que —según investigaciones científicas citadas— pueden causar mortalidad, daños fisiológicos, alteraciones de conducta y pérdida de hábitat acústico en cetáceos, tortugas, peces y otras especies sensibles.
También alerta por la falta de información robusta sobre los efectos de los pulsos acústicos en organismos bentónicos, fundamentales para la cadena trófica, y en particular sobre el cangrejo rojo (Chaceon notialis), recurso pesquero clave cuya vulnerabilidad ante estas perturbaciones permanece “notoriamente insuficientemente evaluada”.
Revisión inmediata
La Red sostiene que "la ausencia de medidas científicas de mitigación a nivel mundial agrava los riesgos y compromete la sostenibilidad de un ecosistema del cual dependen diversas economías locales".
En este marco, la organización exige la revisión inmediata de las resoluciones del 5 de diciembre, la publicación de la matriz de evaluación que indique cómo fueron considerados —o por qué fueron descartados— los aportes ciudadanos, y la apertura de instancias reales de participación con capacidad de incidencia.
“La defensa de la vida del mar uruguayo, de sus ecosistemas y de las comunidades costeras no es negociable”, concluye el comunicado, que reivindica que “Uruguay natural no es un eslogan, sino una identidad cultural construida colectivamente a lo largo de siglos”.
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