Organizaciones ambientales presentaron recurso en la Justicia para detener exploración sísmica en Uruguay

Redacción El País
Organizaciones ambientalistas y vecinos de la costa presentaron ante el Juzgado Letrado Civil 8vo turno una medida cautelar de no innovar para "detener de forma inmediata" todas las actividades vinculadas a los contratos de exploración y prospección sísmica offshore firmados por Ancap con petroleras internacionales.

La solicitud a la que accedió El País, presentada como diligencia preparatoria de un juicio ordinario de nulidad absoluta, apunta a "suspender perforaciones, estudios sísmicos y cualquier movimiento de buques especializados hasta que exista una sentencia firme sobre la validez de los acuerdos".

La acción fue promovida por la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la organización Socobioma, que alegan que los contratos contienen “causa y objeto ilícitos” por contradecir normas ambientales de orden público, entre ellas el artículo 47 de la Constitución, la Ley General de Protección del Ambiente y la Ley de Santuario de Ballenas y Delfines. Según sostienen, la actividad exploratoria prevista tendría impactos severos e irreversibles en la biodiversidad marina.

Los colectivos advierten que las campañas sísmicas que las empresas Searcher, PGS, APA y CGG prevén iniciar entre octubre y diciembre de este año implican "detonaciones submarinas de entre 230 y 260 decibeles cada pocos segundos, durante meses o años, en un área de más de 40.000 km²". De acuerdo con el escrito, "esos pulsos acústicos pueden causar desorientación, estrés, daños fisiológicos y mortalidad en cetáceos, tortugas, peces e incluso en el zooplancton, base de la cadena trófica, según estudios científicos regionales citados".

Las organizaciones recuerdan que "Uruguay vivió episodios similares entre 2012 y 2017, cuando las prospecciones sísmicas sin autorización ambiental coincidieron con varamientos y muertes de ballenas, además de pérdidas pesqueras denunciadas por la Cámara de Armadores". Aunque no hubo confirmación de causalidad directa, los grupos sostienen que el precedente refuerza la necesidad de aplicar el principio precautorio.

Foto: Ricardo Figueredo.

El documento destaca que la expedición científica Uruguay Sub200, desarrollada este año por la Universidad de la República y el Schmidt Ocean Institute, "reveló una riqueza biológica excepcional en aguas profundas". Esa evidencia —afirman— refuerza la obligación del Estado de proteger ecosistemas frágiles que podrían verse alterados por las ondas sísmicas y eventuales perforaciones.

Los demandantes cuestionan además la estrategia estatal de "fragmentar las evaluaciones de impacto ambiental, analizando por separado prospección, perforación y explotación". Citan jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe ese fraccionamiento y exige evaluar los impactos acumulados de un proyecto petrolero en su totalidad. También advierten que "Uruguay carece de capacidad operativa para responder ante un derrame en aguas profundas", recordando el reciente incidente en la boya petrolera de José Ignacio.

Foto: Estefanía Leal.

La medida, fundamentan, "se vuelve urgente debido a que los cuatro proyectos sísmicos se encuentran en la etapa final de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente". Si las campañas comenzaran antes de que haya fallo judicial, el daño sería “inmediato, masivo e imposible de revertir”, por lo que la sentencia eventual perdería efecto.

La acción incorpora además argumentos sobre abuso de derecho y desviación de finalidad por parte de Ancap, al promover contratos que —según los colectivos— se oponen a los propios compromisos climáticos del país y a su política de transición energética. El pedido de suspensión también se respalda en una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en julio exhortó a detener las autorizaciones ambientales de los proyectos sísmicos, recomendación que, indican, no fue atendida por las autoridades.