Vínculo “friccionado” entre MSP y mutualistas por medidas; pese a situación de Casmu, el sistema está “estable"

En paralelo a la discusión política que se generó días atrás sobre la situación del Casmu y el pedido del Poder Ejecutivo de extender la intervención en la tercera mutualista con más afiliados, así como de habilitar una nueva garantía estatal para que logre reestructurar deudas millonarias, se procesan otros debates sobre el sistema de salud (SNIS), en varios niveles.

Fuentes mutuales consultadas por El País señalaron que existen “fricciones” con el Ministerio de Salud Pública (MSP) por propuestas de modificación al sistema presentadas al Parlamento, así como por medidas que se aprobaron y otras aún en debate, sumado a “promesas” de acceso a fondos.

“Está un poco friccionado el vínculo porque abrieron todos estos artículos y el ambiente no es el mismo. En vez de tener a las mutualistas de aliados, hoy están generando una oposición porque las acciones tomadas no se ven con buenos ojos”, dijo una fuente del sector mutual.

El cuarto artículo del proyecto original de Casmu, que no se votó aún en el Parlamento, marcó que las mutualistas que accedan al Fondo de Garantía deben someterse a la “no objeción” del Poder Ejecutivo en la designación de integrantes del consejo directivo, gerentes y el director técnico.

A nivel mutual consideran que ese artículo es “inconstitucional” porque va “en contra” la libertad de asociación y la libertad de empresa, e implica “entrometerse en las instituciones privadas”. Además, desde el sector valoraron que podría ocurrir que el avalado por el Estado no sea el “más idóneo” para el cargo, lo cual “influye” en la gestión.

También es visto como “inconstitucional” el artículo 247 de la Rendición de Cuentas, que propone que los prestadores puedan cobrar los medicamentos incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) “únicamente” al valor de las tasas moderadoras (tickets y órdenes), que fija el Poder Ejecutivo.

Algunas mutualistas cobran medicamentos del FTM, de nombres comerciales, por encima de los medicamentos genéricos -que suelen ser más económicos- cuando ambos tienen el mismo principio activo, algo que el gobierno busca evitar.

El cambio es considerado un “error” a nivel mutual, básicamente por dos razones. La venta de estos fármacos supone una fuente de financiamiento para algunas mutualistas, que prevén una pérdida de ingresos clave para alcanzar balances positivos.

Además valoran que el artículo “beneficia a las farmacias”, ya que captarían las ventas que hacen los prestadores, a un precio “más barato”. “Los medicamentos no solo no van a bajar, sino que van a subir, al no tener la competencia de las mutualistas”, añadió una fuente mutual.

También generan rispideces que se incorporaron nuevas prestaciones al Plan Integral de Atención en Salud (PIAS), la canasta común a todos los prestadores del SNIS, que impulsa particularmente la ministra Cristina Lustemberg.

Mientras algunos plantearon que cada prestación incorporada le hace “perder dinero” a las mutualistas, otros indicaron si se cumple con el procedimiento establecido en el contrato de gestión, “no es un derecho de las instituciones decir qué se incorpora y qué no”.

No obstante, algunos actores remarcaron que se debe hacer un “gran sinceramiento” del resultado de las mutualistas, sin incluir la ganancia de esas ventas, para primero “compensar” lo que pierden, y luego pasar a “incorporar” más prestaciones.

Las “fricciones” además se extendieron al nuevo decreto de tiempo de espera, anunciado en marzo. Ahora se está trabajando en su aplicación en una comisión que está “trancada”, porque el MSP envió a técnicos “sin decisión política”, lo cual obstruye las negociaciones, indicaron las fuentes mutuales.

Además las mutualistas cuestionan el proyecto de una nueva ordenanza de cuidados paliativos que presentó el MSP recientemente. “Hay que trabajar el tema porque tal como está, implica muchos recursos. Hay que bajarlo a tierra, y a la realidad uruguaya”, graficó un informante.

Por otro lado, las mutualistas insisten que la cápita que cobran por usuario “nunca contempló inversiones”, en un contexto de sanatorios que tienen décadas y una actualización médica que se aceleró en los últimos años.

Las instituciones pidieron tiempo atrás al MSP acceder a un préstamo “blando” a pagar en un varios años, y con baja tasa de interés, para actualizar la infraestructura. “Se prometió un financiamiento, pero nunca apareció”, cuestionó una fuente.

En un contexto donde resurgió el debate del estado de salud que goza el SNIS, a nivel mutual se remarcó que la situación de Casmu “no es nueva”, en referencia a los apoyos estatales que recibieron en los últimos años, y se enfatizó que supone un caso “particular”, y no es la norma del sistema.

El SNIS, vigente desde 2008, está “estable” a nivel general, coincidieron los consultados. “Pero si a este sistema estable le empezamos a tirar piedras de todos lados, lo desestabilizamos rapidísimo”, advirtió una fuente, en alusión a los cambios previstos.

“No tenemos nada que envidiarle a otros países, tenemos un buen sistema de salud, pero económicamente estamos al borde porque la cápita nunca se ajustó”, agregó otra fuente mutual.

“Soy partidario de constituir una entidad reguladora del sistema de salud con independencia técnica, que permita fijar lineamientos y criterios de regulación, y con niveles de autonomía técnica suficientes”, dijo este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en el marco de su comparecencia al Parlamento por el proyecto de ley de Casmu.

“Creo que ese es el camino por el que deberíamos ir, pero me parece que es una discusión insuficientemente dada en Uruguay y en algún momento tendremos que poner sobre la mesa”, añadió Oddone, consta en la versión taquigráfica.

“El sistema de salud ha dado probadas muestras de que, recurrentemente, tiene dificultades que requieren soluciones de recursos públicos para atender situaciones particulares como consecuencia de que hay problemas de gestión, de incentivos inadecuados y de gobernanza, que este proyecto de ley no pretende, ni mucho menos, resolver, pero sí encaminarlos”, dijo.