Parlamento aprueba prórroga de intervención en el Casmu y con ello evita que la mutualista pueda caer en concurso

El gobierno logró este martes extender la intervención que lleva adelante en el Casmu por dos años más. La definición llegó con la aprobación en la Cámara de Representantes, un día después de la anuencia del Senado. La decisión de designar interventores y tener un mayor control estatal de la mutualista se tomó durante la gestión de Luis Lacalle Pou —y continuó en la actual de Yamandú Orsi— debido a la complicada situación financiera que atraviesa la institución.

El Parlamento, sin embargo, no votó todos los pedidos del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley original, además de la prórroga de la intervención, le daba al Casmu un nuevo acceso al Fondo de Garantía para mutualistas, en esta oportunidad de unos US$ 120 millones. Pero este punto quedó pendiente —no lo trataron los senadores y, por lo tanto, tampoco los diputados— porque la coalición opositora condicionó su voto a que se le entregue mayor información sobre el prestador.

Las bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado dejaron por escrito el lunes de tarde que, en los 15 días siguientes a que aparezca la información, estarán los votos para el nuevo acceso al Fondo de Garantía. Pidieron, entre varias cosas, los informes de los interventores de 2025 y 2026; las metas y reportes trimestrales; los estados contables de los últimos dos años; y la “nómina de acreedores parabancarios, incluyendo montos y titulares”. Este acuerdo se dio ante dudas de la coalición tras la concurrencia a comisión de las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública y los directivos de la mutualista.

En esa comisión, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, hizo hincapié en que el acceso al Fondo de Garantía no significa que el Estado esté “asistiendo ni financiando al Casmu”, sino que “simplemente está garantizando el endeudamiento privado de la institución”. Asimismo, la prórroga de dos años de intervención “da un horizonte de tiempo suficientemente largo para que puedan madurar las soluciones de fondo” que se “quieren poner sobre la mesa” desde la mutualista. Aunque mostró “cierta flexibilidad” a que se apruebe un tiempo menor.

En tanto, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, aseguró que el Casmu tiene un plan con el que “prevé reperfilar el endeudamiento mediante el fideicomiso financiero a largo plazo; sustituir pasivos de alto costo; y normalizar el pago a proveedores”. Así como —indicó a los legisladores— bajar el “costo promedio de la deuda y generar ahorros operativos permanentes mediante la reducción de gastos administrativos, las renegociaciones con proveedores, la disminución de tercerizaciones y la racionalización del funcionamiento institucional”.

Asimismo, reafirmó la necesidad de que se apruebe el acceso al fondo por unos US$ 120 millones para evitar que Casmu ingrese “en un proceso de liquidación —como en su momento aconteció con Casa de Galicia— mediante un blindaje de las garantías financieras a la institución”.

Este martes, los diputados discutieron brevemente la aprobación de la intervención en el Casmu. Por el Frente Amplio, el diputado Luis Gallo calificó la situación de la mutualista como “extremadamente compleja”, y aseguró que el prestador será “viable recién cuando pueda regularizar su situación patrimonial, lo que seguramente va a llevar décadas”.

Al mismo tiempo, defendió la decisión de los distintos gobiernos de tomar participación en el prestador: “El control estatal es preceptivo y la intervención permite visualizar el mantenimiento, la calidad asistencial, la mejora de la gestión y los ahorros operativos”.

En tanto, del Partido Nacional, el diputado José Luis Satdjian —que ocupó el cargo de subsecretario de Salud Pública durante el gobierno anterior— apuntó que la situación del Casmu “evidencia los múltiples fallos del Sistema Nacional Integrado de Salud”. El principal problema es que se le “trasladó la gestión de los fondos del Fonasa” a las empresas privadas. Porque estas —continuó el legislador blanco— “tienen la posibilidad de endeudarse con el acreedor que quieren, tomar crédito a la tasa que quieren, comprarle al que quieren y, como hemos encontrado, a empresas que son de los propios funcionarios o directivos de las instituciones”.

Además, lanzó críticas al gobierno al cuestionar por qué se envió el proyecto de ley pocos días antes de que venciera el plazo de la intervención, fecha prevista para el 29 de julio, lo que hizo que el Parlamento trabajara a contrarreloj. Y se preguntó: “¿Fue para que no se nos diera tiempo para analizar?”.

Por otra parte, del Partido Colorado, la diputada Nibia Reisch aseguró que ninguno de los legisladores pretende “poner en riesgo la continuidad asistencial de Casmu ni de ninguna institución”. Sin embargo, aclaró, “una cosa es querer una solución y otra muy distinta es aprobarla a ciegas”. Esto en referencia a que la coalición pidió mayor cantidad de información de la situación actual del Casmu para dar su voto a un nuevo acceso al Fondo de Garantías.

Durante la sesión (y ya lo había planteado en comisión el día anterior), Identidad Soberana pidió instalar —para lo que precisaría el apoyo de legisladores de otros partidos— una comisión investigadora para analizar “la relación entre el Estado y Casmu”, fundamentalmente los “aspectos económicos y contractuales”. Esto —anunció el diputado Gustavo Salle— en “mérito” de que el lunes escuchó “que se ha registrado conductas con apariencia delictiva en el Casmu”.

La gerenta económica, María Ana Porcelli, explicó en la comisión de Hacienda integrada con Salud Pública que Casmu precisa una “restructura de los pasivos”, tanto de los “financieros como de estos préstamos particulares”, para seguir funcionando.

Se necesita que el endeudamiento sea a “una tasa más baja y a más largo plazo”, indicó la contadora a los legisladores, y añadió, en esa línea, que quieren “cancelar los préstamos con particulares y llevarlos a la entidad financiera bancaria con tasas más reducidas”.

Por su parte, la gerenta general, Raquel Pannone, aseguró que no tienen “inconveniente” en “entregar a la comisión el listado completo de los acreedores” ni un detallado de los proveedores con la información de cuánto se les debe.

Asimismo, hizo hincapié en que la importancia de continuar con la intervención de la institución radica en que, si están en esa situación, no pueden ir a concurso.