"Hipertrofia de recursos humanos": mutualistas rechazan proyecto de ordenanza de cuidados paliativos del MSP

La Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica (Conaiamc), que nuclea a las mutualistas, planteó reparos al borrador de una nueva ordenanza de cuidados paliativos presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El Poder Ejecutivo reglamentó hace un año la ley de cuidados paliativos aprobada en 2023, que consagra el derecho de las personas con enfermedades “graves, progresivas y avanzadas”, así como de sus familiares y cuidadores, a recibir esta atención.

El MSP presentó un proyecto, al que accedió El País, que propone actualizar las patologías pasibles de asistencia paliativa en adultos y niños, unificar los criterios de funcionamiento de los cuidados paliativos y derogar las ordenanzas de 2019 y 2023 sobre el tema.

"Es prioridad del MSP asegurar la universalidad, equidad, continuidad y calidad de la atención en cuidados paliativos en todo el territorio nacional", resaltó el proyecto.

La iniciativa marcó las funciones de las unidades de cuidados paliativos (UCP), de adultos y niños, la organización de la asistencia, con qué recursos humanos y materiales, y que no se podrá cobrar tasa moderadora y ciertas prestaciones a los pacientes.

Además se detallaron criterios clínicos para la derivación y consulta, los insumos médicos y farmacológicos referidos en las UCP de adultos, los criterios de complejidad para pacientes adultos, y las dotaciones mínimas y cargas horarias según profesiones, con plazos límites.

Frente al plan del MSP, la Conaiamc marcó, en una carta a la que accedió El País, un conjunto de “aspectos críticos” a la propuesta, con el objetivo de "colaborar” en un marco regulatorio “sostenible”, trabajando en una “agenda técnica de trabajo”.

Los prestadores apuntaron que el proyecto prevé un “importante incremento de los costos fijos institucionales”, pero “omite” definir una “fuente de financiamiento” correspondiente.

“Pretender el cumplimiento pleno de exigencias de infraestructura y recursos sin su correspondiente respaldo financiero traslada íntegramente el riesgo y la carga económica sobre los prestadores, comprometiendo el equilibrio financiero de las instituciones”, dijeron.

En un contexto de recursos humanos “escasos”, y “tensionados” por el “incremento” de la demanda, las dotaciones fijadas “competirían por las mismas horas profesionales, con riesgo de afectar la disponibilidad asistencial en otras áreas”, señalaron.

Además se cuestionó que las dotaciones fueron “sin distinguir” la complejidad de los pacientes, con pisos horarios “independientes de la demanda efectiva”.

El MSP marcó que para la gestión de las UCP se debe valorar que la cifra mínima de pacientes pasibles de cuidados paliativos equivale al 0,5% de la población de adultos del prestador.

En tanto, los prestadores dijeron que ese cálculo es “a partir de la mortalidad, y no a partir de una demanda real”, lo cual puede “generar una hipertrofia de recursos humanos”, alertaron.

La Conaiamc planteó que las dotaciones mínimas fijadas apliquen para los pacientes complejos definidos, y que se distinga entre “requisitos obligatorios” y “estándares recomendables”.

Además el MSP, sostienen, se “excede en sus potestades técnico-sanitarias”, al fijar el régimen horario y otras condiciones, que “son materia de negociación colectiva”, pero no de una ordenanza.

El MSP estimó que un 15% de la población pediátrica con necesidades paliativas recibe atención, concentrándose el 65% de los casos en Montevideo, con ocho departamentos sin dispositivos pediátricos.

En un contexto de “pronunciada escasez” de pediatras paliativistas, y de requerimientos específicos para esta población, los prestadores apuntaron a dar un “análisis diferenciado”.

“Aplicar exigencias generales sin delimitar con precisión la escala, la demanda esperada y las particularidades del abordaje pediátrico genera un escenario de alta incertidumbre operacional para los prestadores”, alertaron.

Además cuestionaron que se fijaron “parámetros homogéneos de funcionamiento y rendimientos promedio de atención”, que no contemplan las “marcadas asimetrías geográficas ni la realidad asistencial del interior del país”.

La ordenanza marca que el 80% del equipo profesional de las UCP deberá tener formación especializada, pero los prestadores apuntaron que “no se define” qué credencial se valora como tal en cada disciplina, ni “cómo se instrumentará” la formación.