Detectan falta de controles en la compra de traslados en ASSE, según auditorías hechas por la actual gestión

La gestión de Álvaro Danza en la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició hasta diciembre pasado nueve auditorías para indagar sobre la gestión anterior, según informó a El País el prestador tras un pedido de acceso a la información pública. Tres de ellas fueron concluidas, —que apuntan a la falta de controles y aumento del gasto en varias áreas.

Las auditorías fueron realizadas sobre la oficina de recursos humanos de Ceremos (excolonias psiquiátricas), el seguimiento de una auditoría de 2020 en el centro auxiliar de Bella Unión, otra sobre la empresa de traslados ITHG (actual UTAM), y de los procesos que “determinaron el aumento del gasto en estudios, recursos materiales y traslados en unidades ejecutoras”.

Así como también el seguimiento de una auditoría de 2020 sobre el Hospital de Maldonado, la evaluación de la gestión administrativa y financiera de las casas de Desarrollo de la Niñez, analizar la demanda en espera para las diferentes especialidades, las obras en cuidados moderados y el CTI del Hospital de Artigas; y los traslados comunes y especializados en el Hospital de Bella Unión.

De las nueve auditorías citadas, las tres “finalizadas”, de las cuales compartieron los respectivos informes por estas horas, fueron las de ITHG, los procesos que “determinaron el aumento del gasto en estudios, recursos materiales y traslados en unidades ejecutoras”, y la vinculada con la auditoría en el Hospital de Maldonado.

“Las derivaciones de las mismas se encuentran siendo analizadas por el directorio”, agregó la respuesta del prestador sobre las auditorías finalizadas. En tanto, sobre las seis investigaciones restantes, se indicó que están “en proceso”, por lo cual se planteó que no se podía brindar información.

La auditoría que refiere a los “procesos que determinaron el aumento del gasto en estudios” entre los años 2022 y 2024, del anterior gobierno, reúne casi un centenar de páginas, entre dos avances y un complemento, que se realizaron entre agosto y noviembre pasado.

Foto: Natalia Rovira/El País.

Para este análisis, se analizó el gasto de la unidad ejecutora SAME 105, que brinda el servicio de asistencia y traslados en emergencia, y traslados para la realización de estudios en general. Así como también coordina los ingresos de usuarios de ASSE a cualquier prestador, sea público o privado, ya sea para servicios contratados o propias.

El gasto devengado de CTI contratado, en valores constantes, aumentó 252% entre 2021 y 2022, se incrementó 83% entre 2022 y 2023, y bajó 16% entre 2023 y 2024. Mientras que el gasto devengado de estudios subió 4.160% entre 2021 y 2022, aumentó 349% entre 2022 y 2023, y cayó 16% entre 2023 y 2024. En ambos casos, el gasto anual fue mayor en los años pospandemia que en anteriores. El aumento de SAME fue por la “inclusión de ITHG en el rubro estudios cuando corresponden a traslados”, entre otros puntos.

ASSE firmó en 2022 un convenio de complementación con Casmu, y otro con Círculo Católico —que se rescindió en octubre pasado— para la compra de camas de CTI y estudios, con una diferencia de 20 días entre uno y otro. En un primer informe se indicó que “no se verificaron facturas de parte de ASSE por los servicios acordados a usuarios de los prestadores privados”.

“No hay un adecuado ambiente de control en relación a los días camas contratados, días cama cuidados moderados y estudios realizados mientras un paciente está internado en un sanatorio privado. No se detectaron controles por parte de SAME sobre la estadía, evolución del mismo, estudios y a la cantidad de días que permanece allí”, señaló el reporte.

En un informe complementario, se marcó que “no surge de los expedientes que se haya realizado un llamado a precios a otros proveedores del mercado” previo a los convenios firmados en 2022, y que estos “no respetan” el Tocaf, el texto ordenado que reúne las normas para las contrataciones estatales y otros aspectos.

Otra de las conclusiones de la auditoría de ASSE es que el gasto ejecutado en estudios, a valores constantes, subió 45% entre 2021 y 2024. El gasto total a proveedores subió 28% comparando 2019 y 2023, así como aumentaron las camas de ASSE en un 24%, cuando el aumento del padrón fue de un 8%. En 2020, el 12% del gasto a todos los proveedores se concentraba en Casa de Galicia, Casmu y Círculo Católico, cuando en 2024 dicha concentración fue de un 29%.

La auditoría incluyó un análisis del Hospital de Treinta y Tres, donde se marcó que aumentaron las intervenciones con médicos tercerizados, y una “disminución” con médicos propios de ASSE, lo que supone un “incremento” del gasto. El aumento del gasto ejecutado de servicios tercerizados con el convenio con Casmu fue de 237% entre 2021 y 2024, entre varios aspectos.

También se auditaron las contrataciones privadas de estudios y camas de CTI en el Hospital de Paysandú. “Para el total de compras analizadas, no se observan procedimientos licitatorios ni convenios vigentes, realizando la unidad ejecutora todas las compras directas”, así como “no se realizan controles”, entre otras faltas.

También se realizó un seguimiento de una auditoría de 2020 en el Hospital de Maldonado, sobre contrataciones de estudios diversos entre 2016 a 2020, con datos al 2024, que incluyó varias observaciones. En las contrataciones de tomografías, por ejemplo, el 65% de las recomendaciones no fueron implementadas. La contratación del mismo servicio, a dos mutualistas, a precios diferentes, con autorizaciones de forma “verbal”, sin una rúbrica, fueron algunos de los hallazgos. En otras contrataciones de estudios, también se vio un porcentaje de medidas no implementadas.

ASSE también culminó una auditoría sobre las contrataciones a ITHG, tal como informó El Observador en diciembre. El proveedor que nació en pandemia concentró el 96,5% del gasto de SAME 105 (servicio de ambulancias estatal) entre 2022 y 2024, que recibió pagos por encima del mercado y sin controles sobre si los traslados fueron “efectivamente realizados”.

Detectaron desvíos de 672% de la pauta correspondiente en 2024 y traslados pagos que “figuran como cancelados sin dejar constancia del motivo de su cancelación”. SAME 105 no cuenta con “adecuada planificación” para la contratación de traslados, sin proceso competitivo, sino por compra directa, todos observados por el Tribunal de Cuentas (TCR). También surgió la cobertura de “cinco eventos sociales” con móviles contratados a terceros que no fueron facturados por SAME al organizador.