Casmu removió a Raúl Rodríguez del directorio y denunciará presuntas irregularidades de su gestión en Fiscalía

Una auditoría de la anterior administración arrojó supuestos cambios al balance, perjuicios en contratos y conflictos de interés, que podrían configurar el delito de estafa.

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Raúl Rodríguez y Juan José Areosa, presidente y secretario general de Casmu, este martes en el MSP.
Raúl Rodríguez y Juan José Areosa, expresidente y secretario general de Casmu.
Foto: Francisco Flores/ Archivo El País

Los médicos capitalizadores de Casmu resolvieron en la medianoche de este jueves en asamblea remover como prosecretario del consejo directivo a Raúl Rodríguez, también expresidente de la mutualista, por presuntas irregularidades que podrían configurar el delito de estafa, dijeron a El País fuentes de la institución intervenida por el Poder Ejecutivo desde julio de 2024.

Tras no alcanzarse el quórum este martes, este miércoles de noche se retomó la asamblea general extraordinaria que analizó una auditoría, encomendada en marzo, para determinar si existieron eventuales irregularidades o incumplimiento de normas durante la gestión anterior (2022 – 2025), y determinar eventuales responsabilidades.

En medio de una sesión con tensión, que incluyó gritos, según supo El País, tras considerarlos responsables de presuntas irregularidades, se resolvió por 544 votos a favor y 198 en contra la remoción de Rodríguez (Prosecretario), Juan José Areosa (Tesorero), y sus suplentes Andrea Zumar y Marcelo Gilard, como miembros del consejo directivo de Casmu. En su lugar quedarán Álvaro Arigón y Mónica Castilla.

Entrada la medianoche de este jueves, la asamblea de la mutualista también aprobó otra moción —por 562 a favor y 119 en contra— para que Casmu realice una denuncia ante Fiscalía los hechos que surgen en los informes.

Los médicos capitalizadores resolvieron además, por 481 votos a favor y 127 en contra, que Casmu promueva una acción civil contra Rodríguez, Areosa, Zumar y Gilard por las presuntas irregularidades.

"Estoy con total tranquilidad, como siempre. Sin ningún tipo de problema. Fue una caza de brujas preparada por dos abogaduchos que trataron de inventar cosas", dijo Rodríguez a El País tras la asamblea.

"Fue una auditoría de RSM, que está vinculada a los prestamistas de Casmu. Así que tranquilo, como dije siempre. Me tocó en este momento perder y nos va a tocar de nuevo ganar. Nada me baja los brazos. No tengo ninguna intranquilidad", agregó.

Conclusiones de informe

La asamblea de la mutualista que dirige Domingo Beltramelli analizó los informes de una auditoría encomendada a KPMG, RSM, que contó con un informe del estudio jurídico Donnángelo Sasson que hizo un análisis de todo lo relevado.

Tras analizar diversos documentos, los abogados Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson detectaron cuatro presuntas irregularidades que podrían configurar el delito de estafa. Y recomendaron que la información analizada se remita a Fiscalía, para que allí se determine la “existencia o inexistencia de conductas penalmente relevantes y las eventuales responsabilidades individuales”.

Por un lado, los abogados marcaron irregularidades en la elaboración y presentación de los balances de Casmu, tras aplicar criterios “contrarios” a las normas contables obligatorias para presentar una situación patrimonial “significativamente más favorables” que los reales.

Se apuntó que no se presentaron gastos o pérdidas ($ 545 millones) como tales, así como integrantes del consejo directivo que lideraba Rodríguez fueron advertidos en julio de 2024 de las supuestas irregularidades, y que con este balance se fundamentó el acceso al Fondo de Garantía estatal por $ 2.184.367.134, autorizado por la ley 20.325.

Los abogados apuntaron que se podría configurar un delito de estafa de comprobarse si quienes conocían las irregularidades utilizaron deliberadamente información patrimonial inexacta “para inducir a error” a terceros para obtener financiamiento u otros beneficios.

La segunda situación señalada fueron presuntas irregularidades vinculadas a la contratación con Vivicar S.A.S. Casmu realizó el 1 de abril de 2025 la firma citada que era representada por el entonces gerente general Marcelo Gilard para el arrendamiento de una camioneta y un camión sin conductor, por un plazo de tres años y un precio mensual de $ 405.000 más IVA.

De acuerdo a las conclusiones de la comisión fiscal de Casmu, los precios eran entre “cuatro y cinco veces superiores” a los valores de mercado. A esto se añadió que no surgieron documentos de comparación de ofertas, de un estudio económico sobre la pertinencia de adquirir vehículos y la imposibilidad de rescindir el contrato por conveniencia.

Para los abogados justifica investigar si las condiciones señaladas como perjudiciales fueron conocidas y aceptadas deliberadamente, así como si se ocultó información a la mutualista y si existió “alguna relación entre quienes intervinieron en la operación y sus beneficiarios”.

En caso de confirmarse que se usaron “maniobras engañosas” para perjudicar patrimonialmente a Casmu y obtener un “provecho injusto para terceros”, se podría también configurar el delito de estafa.

La tercera supuesta irregularidad está vinculada con los contratos entre Casmu con la firma Capnec S.A.S. por préstamos parabancarios entre julio de 2024 y setiembre de 2025.

De acuerdo al informe de KPMG, se identificaron operaciones de préstamo con tasas de interés, que calculadas en función de su duración efectiva llegaron a niveles “manifiestamente desproporcionados”, superando en algunos casos el “3.400 % anual equivalente”.

Además se marcó que no se aplicó la cláusula contractual que disponía cambiar las tasas pactadas por las máximas legales se superara el umbral establecido por la ley 18.212. Por tal motivo, KPMG estimó el pago de intereses en exceso por “$ 77 millones y US$ 632.900”.

No obstante, se marcó que la irregularidad “más relevante” fueron las “importantes discordancias” entre los capitales consignados en contratos con los desembolsos efectivamente identificados en Casmu.

“En algunas operaciones se reconocieron obligaciones financieras sin que fuera posible verificar el correspondiente ingreso de dinero, mientras que en otras se detectaron períodos superpuestos que podrían haber determinado la duplicación de intereses sobre una misma deuda”, dijeron los abogados.

La eventual relevancia penal en este caso se vincula con que quienes administraban los recursos institucionales hubieran autorizado conscientemente obligaciones de pago “carentes de justificación económica suficiente”, permitiendo transferencias patrimoniales indebidas en beneficio de Capnec S.A.S.

Si se comprobara una maniobra fraudulenta, se podría configurar el delito de estafa, y hasta la eventual aplicación del artículo 5 de la ley 14.095, relativo a la insolvencia societaria fraudulenta, añadieron.

La cuarta situación refiere a la presunta irregularidad de los contratos entre Casmu con la firma Vindaclass S.A.S. para el arrendamiento de vehículos y la prestación de servicios de mantenimiento.

Del análisis, los abogados marcaron un conflicto de intereses “particularmente grave” en virtud de que, en función de la información registral, los funcionarios de Casmu Luis Laxalt y Osvaldo Barrios figuraban como presidente y vicepresidente de la empresa citada.

Sobre todo se apuntó que Barrios fue quien intervino en representación de Casmu para el contrato con la mutualista cuando seguía siendo el vicepresidente de Vindaclass S.A.S. A su vez, se detectó que los contratos atribuyeron potestades de control a estos funcionarios.

La relevancia penal en este caso implicará comprobar si las vinculaciones de estos funcionarios fueron deliberadamente ocultadas a los órganos competentes y si mediante el “ocultamiento u otras maniobras engañosas” se provocaron perjuicios para Casmu o un provecho a terceros. De confirmarse, podría configurarse el delito de estafa.

Donnángelo y Sasson resaltaron que las cuatros situaciones refieren a circunstancias que “justifican investigar” si las facultades de dirección, administración o contralor de los recursos institucionales pudieron haber sido “utilizadas conscientemente en perjuicio de Casmu, favoreciendo intereses ajenos a la institución”.

Rodríguez negó irregularidades

Rodríguez, expresidente de Casmu, ha negado en los últimos días las presuntas irregularidades citadas, y habló de “linchamiento” en su contra. En una carta abierta, a la que accedió El País, apuntó que los balances de su gestión “contaron con la actuación de nuestros contadores y el aval de los interventores de la época así como el visado del MSP”, dijo.

“Los contratos se sometían rigurosamente al análisis de los interventores sin que mediaran observaciones, y cabe señalar que en este período se continuó trabajando con los mismos prestamistas... ¿Raro, no?”, lanzó.

Entre otras consideraciones, Rodríguez también apuntó contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a quien acusó de tener una “obsesión en su contra”. “Durante la campaña electoral, usted solicitaba apoyo económico para su campaña argumentando que era una persona de diálogo; así lo creímos y aportamos”, comenzó diciendo el directivo mutual.

“Sin embargo, llegada al ministerio, me citó para imponerme —bajo la amenaza de desplazar a las autoridades de Casmu legítimamente constituidas, el cese de dos excelentes profesionales, el gerente general, Dr. Marcelo Gilard, y el director técnico, Dr. Nicolás Maseiro, por no ser de su color político— y su sustitución por los Dres. (Raquel) Panone y (Gustavo) Burroso”, desafió.

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