Rodríguez, expresidente del Casmu, acusa a la ministra Lustemberg de "persecución"

A través de una carta abierta dirigida directamente a la ministra Cristina Lustemberg, el expresidente y actual prosecretario del Casmu, Raúl Rodríguez, lanzó severas acusaciones. Le atribuye a la jerarca una “obsesión” personal en su contra y el intento sistemático de proscribirlo de la conducción mutual.

Según afirma en la misiva, la secretaria de Estado lo citó expresamente para “imponer, -bajo la amenaza de desplazar a las autoridades del Casmu legalmente constituidas-- el cese de dos excelentes profesionales”. Además, denuncia que a partir del momento en que Lustemberg logró el “control del MSP, de ASSE, del Colegio Médico y, por fin, de Casmu”, el canal de comunicación se cerró por completo.

“No volví a tener diálogo con Ud., a pesar de ser el Prosecretario de la institución. Quizás estuvo muy atareada viendo cómo reducirle la pena a la colega anestesista declarada homicida de la también colega pediatra (Soledad) Barrera”, lanzó, en referencia a la mujer de 41 años que murió producto de una mala praxis.

Rodríguez sostiene que las supuestas acciones en su contra cobraron impulso a comienzos de este año, cuando una persona de confianza de la ministra le advirtió que esta trabajaba en “un nuevo estatuto” donde su mayor desvelo era “encontrar la forma” de proscribirlo.

Según consta en “actas públicas del Consejo” -continúa Rodríguez-, la propuesta original de reforma estatutaria buscaba “proscribir a casi 400 colegas”, disposición que fue finalmente eliminada tras sus denuncias.

Tras el revés interno, Rodríguez afirma que desde el Ejecutivo “enviaron al Parlamento un proyecto de ley de acceso al Fondo de Garantía que incluía un artículo” para proscribirlo. El médico remarca que, según valoraciones de un catedrático de Derecho Constitucional, una norma de esa naturaleza “solo se había visto en la Constitución de 1980, durante la dictadura militar”.

Otro de los puntos críticos señalados en la carta refiere a la contratación de la firma auditora KPMG -a la cual el propio Rodríguez había cesado durante su mandato- y la elaboración de un dictamen jurídico encargado a penalistas recomendados. Rodríguez califica a este expediente irónicamente como el informe “EVENTUALMENTE”, asegurando que fue redactado para someterlo a consideración en la Asamblea General “para complacer a Lustemberg y ver si ese día logran lincharnos”.

“Del mismo modo que al enviar el proyecto al Parlamento, se actúa al margen de la Constitución y de la ley, negándonos el derecho elemental a la legítima defensa”, sostiene.