Tras negociación y cambios en Diputados, Parlamento llega a acuerdo en proyecto de salvataje del Casmu

El Parlamento llegó a un acuerdo para aprobar el proyecto de salvataje estatal a la mutualista Casmu, tras la aprobación en la Cámara de Senadores en agosto y ahora en Diputados, con votos de todos los partidos políticos.

El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo hace un mes vinculado con el futuro de la mutualista, que contenía cuatro puntos, se modificó tras varias cuestionamientos de la oposición. El 28 de julio se votó por unanimidad solo el punto de extender la intervención —activada en julio de 2024— por hasta dos años, al filo del vencimiento del plazo fijado (29 de julio), para evitar que la tercera institución con más afiliados entre en concurso.

Ahora, se aprobó el proyecto con sus dos primeros artículos, mientras que el tercero se desglosó y pasará a la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. El segundo fue aprobado tal cual salió del Senado; plantea que los planes previstos en la Ley N° 18.439 (Fondo de Garantía) deberán incorporar “programas de reestructuración de la situación económico-financiera, de los aspectos administrativos y funcionales, y de la gobernanza de las instituciones”.

Caso contrario fue el del primer artículo —que consagra el séptimo acceso a la fecha del Casmu a un nuevo Fondo de Garantía por unos US$ 120 millones—, al que se le agregaron una serie de disposiciones. No obstante, este número se redujo a unos US$ 110 millones, diferencia que se compensará con aportes de socios capitalizadores de la mutualista, principalmente médicos.

Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio, dijo en rueda de prensa que se definió, dentro del número total, “una ampliación de US$ 22 millones extra que está condicionada a un aporte que van a hacer los médicos del Casmu”.

“Entendemos que los médicos también pueden aportar. De hecho, ya lo están haciendo de una manera reembolsable a futuro, pero ahora estamos disponiendo una cifra de hasta un 8% del monto total que va a ser en un plazo de hasta 48 meses, es decir, cuatro años, para que puedan ir colocando los aportes de los propios médicos”, explicó.

Además, el Parlamento deberá recibir trimestralmente “un informe sobre el estado de avance del plan de reestructuración” y “sobre la situación económico-financiera”.

El tercer artículo, que fue desglosado, generó polémica a nivel de la oposición. El mismo dispone que las mutualistas que accedan a una garantía debe asegurar que quienes integran sus órganos de dirección, administración y conducción ejecutiva deben poseer “idoneidad y experiencia”, así como reunir condiciones de “honorabilidad e integridad”, no mantener “conflictos de interés”, no encontrarse comprendidos en “inhabilitaciones legales”, y que se conduzca a la población “conforme” al plan de reestructura aprobado.

También prevé que durante todo el período de vigencia de la garantía, la designación de los integrantes de los consejos directivos u órganos de dirección, de la gerencia general, la dirección técnica, del gerente administrativo y financiero del Casmu y todas las mutualistas estarán sujetos a la “no objeción previa” del Ministerio de Salud Pública (MSP) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que deberá expedirse en un plazo de 30 días.

Asimismo, establece que el MSP y el MEF podrán verificar “en cualquier momento” durante el período de vigencia de la garantía, el cumplimiento de las condiciones, que podrán motivar diversas acciones que correspondan, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas” que pudieran corresponder.

Durante el debate en el Senado, el colorado Pedro Bordaberry cuestionó que el artículo tercero —votado solo por el oficialismo— será aplicable exclusivamente respecto a las garantías otorgadas a partir del 31 de julio de 2026.

“La única garantía que entraría dentro de esto es el de la Asociación Española, a quien el gobierno no le va a reclamar todo lo que está reclamando al Casmu”, afirmó Bordaberry en sala.

El legislador recordó que quienes accedieron hasta ahora al Fondo de Garantía fueron Casa de Galicia, Casmu y la Asociación Española. “Acá estamos poniendo un inciso que exonera a la Asociación Española de cumplir con los requisitos que tanto exige el MSP y MEF”, insistió el colorado, que presentó el mes pasado un proyecto de ley para prevenir y sancionar los conflictos de intereses en el sistema de salud.

“¿Estamos haciendo trampas al solitario, diciendo que vamos a adoptar un artículo para ponernos duros, para que sean realmente personas capaces, o vamos a ir al hueso y encarar los conflictos de intereses?”, desafió, y llamó a encarar lo que denominó las “roscas”.