TCA falló contra navieras que impugnaron cobro de tasa a pasajeros para pagar el servicio de control migratorio

Este dictamen se da en momentos en que Veridos, la empresa que instaló los puestos de control en los pasos de frontera, le reclama al Estado uruguayo una deuda de US$ 10 millones precisamente por la tasa que Buquebus y Colonia Express se niegan a exigir

Sistema operativo contratado por el Estado; puesto de control.
Sistema operativo contratado por el Estado; puesto de control.
Foto: El País.

En momentos en que se dan varias reuniones entre el gobierno y actores privados para evitar que el Estado uruguayo reciba un nuevo litigio internacional vinculado a supuestos impagos por los servicios de control migratorio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) emitió un fallo clave para el desarrollo de las negociaciones.

La empresa de capitales mexicanos y alemanes, Veridos, ganó la licitación para instalar el sistema de control migratorio en todos los pasos de frontera, incluyendo los terrestres, fluviales y aéreos. El decreto emitido el 31 de enero de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, determinó que una vez en funcionamiento se le abonaría a Veridos mediante el cobro de una tasa equivalente a US$ 2,10 más IVA a cada pasajero que utilizara el sistema únicamente en los puertos de Montevideo y Colonia y que las empresas Buquebus y Colonia Express debían ser los agentes de retención.

Las navieras reclamaron ante el TCA contra dicho decreto el 10 de setiembre de 2024 por considerar que el Estado incurrió en una "conducta arbitraria" al determinar que el cobro sea solo mediante quienes operan en los puertos y no así en los aeropuertos y otros puestos en rutas. Asimismo, se solicitó que fuera suspendida la aplicación del decreto.

Tras recibir la demanda, el TCA resolvió que analizaría por separado el pedido de suspensión y la impugnación al decreto en sí.

El pasado 22 de julio tribunal dictaminó sobre el primer punto. En el fallo de seis páginas, al que accedió El País, que "no se advierte una ilegalidad de modo fehaciente y manifiesto que habilite a suspender la ejecución".

A su vez, se cita la declaración que hizo ante el TCA una abogada en representación del Ministerio del Interior, quien sostuvo que "de anularse o suspenderse la ejecución del mismo, explicó, no se podría hacer frente al pago por el servicio de seguridad de control fronterizo, debiendo volver al sistema anterior que mostraba falencias que impedían la realización del control en cuestión".

El TCA consideró que el daño que podría ocasionar la suspensión sería mayor para el Estado que continuar con él vigente mientras se siguen analizando los reclamos sobre el cobro. Por lo que, finalmente, resolvió "no hacer lugar" al reclamo de Buquebus y Colonia Express.

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