Gobierno se reunió con empresa de control migratorio que busca arbitraje y tendrá otro encuentro con navieras

Por la Torre Ejecutiva pasan muchas de las principales negociaciones del gobierno, y todas las que tienen que ver con eventuales demandas arbitrales que inician compañías extranjeras al sentirse perjudicadas por decisiones tomadas por esta u otra administración. Entre ellas se encuentra el proceso que quiere impulsar Veridos, compañía que desde 2023 tiene a cargo el sistema del control fronterizo nacional, y que ya comunicó a Presidencia que pretende promover ante el Ciadi, aunque concedió primero seis meses de gracia para que puedan tener lugar las conversaciones que eviten el extremo de la demanda.

Para esto, como ya informó El País, estaba previsto un primer encuentro entre el Ejecutivo y la compañía, que reclama el pago de una deuda que supera los US$ 10 millones —esa es la estimación de Veridos—, ya que no se viene cobrando, por pasaje vendido, una tasa de US$ 2,10 más IVA, pese a que el sistema está operativo desde hace más de un año. Esa cifra fue establecida por decreto el 31 de enero de 2024, norma que, justamente, obligaba a las empresas navieras, como Buquebus y Colonia Express, a cumplir con ese cobro.

Esa primera reunión, convocada por Presidencia con la finalidad de que este conflicto —que se lo entiende como otra herencia problemática que de la administración de Luis Lacalle Pou— pueda encausarse por la vía del diálogo, tuvo lugar el pasado jueves.

El encuentro, según contaron fuentes de ambas partes a El País, tuvo un desenlace "correcto" y cordial, aunque fue solo el inicio del proceso de entendimiento buscado tanto por Presidencia y como por Veridos. "Las negociaciones recién comenzaron", dijo un integrante del gobierno.

Consultada la empresa, la respuesta fue similar. Tal como señalaron en una carta enviada al presidente Yamandú Orsi y a los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Carlos Negro (Interior), el objetivo es "evitar un arbitraje internacional", sostuvo uno de los representantes de la firma, cuyo 40% está integrado por el Estado alemán —y el resto por capitales mexicanos—, y cuyos servicios se utilizan en los puertos de Montevideo y Colonia y pasos de frontera terrestres y aéreos.

El planteo de los inversores, reflejado en la misiva entregada días atrás, es que se "pague de inmediato" lo adeudado y se "asegure la operatividad futura del mecanismo de pago", sea esto a través del cumplimiento con el decreto emitido durante la gestión de Lacalle Pou o generando un nuevo mecanismo.

La carta también advertía que de no alcanzarse una solución "amistosa" en los próximos seis meses se seguirá adelante con el proceso arbitral, en el que se reclama, exactamente, US$ 10,7 millones.

"A la fecha, los inversores no han recibido pago alguno a cuenta del precio y pese a los reiterados llamados de los inversores para buscar una solución a esta problemática", se señaló en el documento, y se agregó: "Uruguay no ha adoptado medida concreta alguna para atender sus reclamos y se ha negado a cumplir sus obligaciones".

En buena medida, este inconveniente se gestó desde que las empresas navieras, fundamentalmente Buquebus y Colonia Express, se negaron a trasladar el sobrecosto a los pasajeros. Es decir, a cobrar la tasa. Ya incluso en febrero de 2024 habían impugnado la resolución que dispuso este método de cobro ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), órgano que concentra otras varias demandas vinculadas de una forma u otra a este caso (ver recuadro).

Por esto mismo, como las navieras son parte integrante de esta situación, el gobierno también las convocó a una reunión para esta semana, que tendrá lugar en las oficinas de Presidencia, y en la que además del prosecretario Jorge Díaz —quien, como en todos los asuntos que involucren arbitrajes, tiene una participación protagónica en la resolución de este problema— se hará presente el Ministerio del Interior. Esta cartera, de hecho, según informaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo, ya ha intimado a estas empresas a realizar los pagos en cumplimiento con la normativa vigente.

La idea del gobierno, contaron desde la Torre Ejecutiva, es poder llegar a un acuerdo que involucre a todos los actores, conscientes de que la consecuencia de no lograrlo es enfrentar una nueva demanda internacional y un inconveniente operativo mayor en los 17 pasos fronterizos en donde se renovó la forma en que se controla a los pasajeros: con el nuevo Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay.