En la mesa del presidente de la República, Yamandú Orsi, se sumó un nuevo potencial diferendo internacional y también vinculado a decisiones de gestión del anterior gobierno de Luis Lacalle Pou.
El problema lo representa la empresa de capitales mexicanos y alemanes que instaló y mantiene el sistema de control migratorio en puertos, Veridos, que está reclamando al Estado uruguayo el impago de una deuda de US$ 10,7 millones. Y, de hecho, ya inició el tradicional proceso que tiene como destino el inicio de un arbitraje internacional, lo que implica al mismo tiempo la posibilidad de evitar ese extremo y alcanzar un entendimiento.
La firma privada -aunque el 40% corresponde al Estado alemán-, cuyos servicios se utilizan en los puertos de Montevideo y Colonia y pasos de frontera terrestres, reclama que el cobro de US$ 2,10 más IVA, que se debía aplicar por cada pasajero que se controlara, no fue abonado pese a estar operativo el sistema hace más de un año.
Veridos ya envió una nota dirigida al presidente Yamandú Orsi y los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y del Interior, Carlos Negro, el 11 de agosto para notificarlos del inicio del período de negociaciones.
El gobierno, dijeron a El País fuentes oficiales, tiene como objetivo evitar los tribunales, así que citará para los próximos días a representantes de las firmas para continuar el diálogo. “La idea es llegar a un acuerdo; sentarnos a conversar y encontrar una solución”, dijo un integrante de la Torre Ejecutiva.
Lo que lamentan en el gobierno es que se trata de un tema otra herencia negativa de la administración nacionalista, tal como también ocurrió con los pagos atrasados del Ferrocarril Central -que se zanjó abonando US$ 144 millones-; con la decisión de Lacalle Pou de seguir adelante con su proyecto de agua potable en Arazatí (San José) sobre el filo de su gestión, y que este gobierno reformuló; o con el contrato firmado con el astillero Cardama para la adquisición de dos patrulleras oceánicas, que este Ejecutivo rescindió e incluso llevó a la Justicia.
Se tratará, entonces, de otro capítulo de desencuentro con la oposición. Días atrás, el exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, aseguró que entendía “fundamental que se revisen estas medidas inexplicables que se tomaron durante la anterior administración (Lacalle, Heber, Martinelli)”. En su cuenta de X, y tras conocerse la posición de la Procuradoría del Estado en lo Contencioso Administrativo (ver recuadro), Carrera subrayó también que “la adjudicación a Veridos fue observada tres veces por el Tribunal de Cuentas”.
Los argumentos
En la misiva de seis páginas, a la que accedió El País, se indicó que hubo “omisiones” del Estado uruguayo.
Luego se afirmó que “con el propósito de encauzar estas negociaciones y evitar la agravación del daño”, los inversores piden que “pague de inmediato” lo adeudado y que “asegure la operativividad futura del mecanismo de pago” sea cumpliendo con el decreto o generando un nuevo mecanismo.
Además, se advirtió en la carta que de no alcanzarse una solución “amistosa” en los próximos seis meses -a partir del 11 de agosto- seguirán adelante hacia el arbitraje internacional. Se reclaman US$ 10,7 millones, cifra estimada por Veridos.
Antecedentes
Veridos resultó adjudicatario en setiembre de 2023 y el 20 de diciembre de ese año firmaron un contrato de los denominado “llave en mano” por la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay.
La solución implicó actuar sobre 17 pasos fronterizos en los que se renovaría la forma en que se revisarían a los pasajeros y su documentación bajo la creación del Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay (Sigmu).
El precio acordado, US$ 2,10 más IVA que se pagaría solo en los pasos fluviales, se estableció en un decreto aprobado el 31 de enero de 2024 que obligaba a las empresas navieras que operen en los puertos a cobrar el cargo a los pasajeros.
En febrero de 2024 las navieras impugnaron el decreto negándose a cumplirlo e impusieron un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Un año después, en febrero de 2025, el Ministerio del Interior y Veridos emitió el informe final y con ello se puso en operación el sistema de control, lo que para la firma mexicano alemana, implicó que a partir de ese momento comenzaba el cobro.
“A la fecha, los inversores no han recibido pago alguno a cuenta del precio y pese a los reiterados llamados de los inversores para buscar una solución a esta problemática. Uruguay no ha adoptado medida concreta alguna para atender sus reclamos y se ha negado a cumplir sus obligaciones”, se indica en la nota enviada al presidente y los ministros.
Reclamos cruzados y la opinión del organismo que asesora al TCA
A la par del reciente reclamo de Veridos, existen ocho expedientes judiciales en el TCA que de alguna u otra manera refieren a este proceso licitatorio que llevó adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Por un lado, las sociedades de Buquebus y Colonia Express impugnaron el método de cobro. Y por el otro, el consorcio Dafiway-Vilnago, que perdió la licitación, reclamó el proceso. Entre otras impugnaciones.
La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo (PECA) -el organismo que asesora al TCA- dijo en marzo pasado que se debía anular la adjudicación a Veridos por haber presentado los US$ 200 mil de garantía de mantenimiento de la oferta fuera de plazo. Según narró la empresa, en su momento se envió el dinero total pero el trámite bancario de la transferencia costó US$ 12 por lo que ese resto se completó luego.
Luego, en junio la PECA emitió otra recomendación, esta vez contra el mecanismo de cobro. En su opinión, con ese decreto hubo cambios en materia tributaria y eso solo puede hacerse mediante ley; o sea, pasando por el Parlamento. Ahora, el TCA deberá resolver.
Este escenario vuelve compleja la situación para el gobierno que lidera Orsi. Porque si el TCA falla que debe anularse el proceso licitatorio, el sistema ya fue diseñado y puesto en prática desde hace más de un año por Veridos. Y esto podría implicar reclamos millonarios de parte de la empresa de capitales mexicanos y alemanes. Por otro, si deja sin efecto el decreto eso no implica que haya sido resuelto el pago para la adjudicataria por el servicio brindado desde que comenzó a operar en 2025.
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