La empresa de capitales mexicanos y alemanes que instaló y mantiene el sistema de control migratorio en puertos, Veridos, le reclama al Estado uruguayo el impago de una deuda de US$ 10,7 millones e inició el proceso camino a un arbitraje internacional.
La firma privada —aunque el 40% corresponde al Estado alemán—, cuyos servicios se utilizan en los puertos de Montevideo y Colonia y pasos de frontera terrestres, reclama que el cobro de US$ 2,10 más IVA, que se debía aplicar por cada pasajero que se controlara, no fue abonado pese a estar operativo el sistema hace más de un año, informó El Observador.
Veridos envió una nota dirigida al presidente Yamandú Orsi y los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y del Interior, Carlos Negro, el 11 de agosto para notificarlos del inicio del período de negociaciones. En la misiva de seis páginas, a la que accedió El País, se indicó que hubo "omisiones" del Estado uruguayo.
Luego se afirmó que "con el propósito de encauzar estas negociaciones y evitar la agravación del daño", los inversores piden que "pague de inmediato" lo adeudado y que "asegure la operativividad futura del mecanismo de pago" sea cumpliendo con el decreto o generando un nuevo mecanismo.
Además, se advirtió en la carta que de no alcanzarse una solución "amistosa" en los próximos seis meses —a partir del 11 de agosto— seguirán adelante hacia el arbitraje internacional. Se reclaman US$ 10,7 millones, cifra estimada por Veridos.
La licitación y los antecedentes
Veridos resultó adjudicatario en setiembre de 2023 y el 20 de diciembre de ese año firmaron un contrato de los denominado "llave en mano" por la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay.
La solución implicó actuar sobre 17 pasos fronterizos en los que se renovaría la forma en que se revisarían a los pasajeros y su documentación bajo la creación del Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay (Sigmu).
El precio acordado, US$ 2,10 más IVA que se pagaría solo en los pasos fluviales, se estableció en un decreto aprobado el 31 de enero de 2024 que obligaba a las empresas navieras que operen en los puertos a cobrar el cargo a los pasajeros.
En febrero de 2024 las navieras impugnaron el decreto negándose a cumplirlo e impusieron un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Un año después, en febrero de 2025, el Ministerio del Interior y Veridos emitió el informe final y con ello se puso en operación el sistema de control, lo que para la firma mexicano alemana, implicó que a partir de ese momento comenzaba el cobro.
"A la fecha, los inversores no han recibido pago alguno a cuenta del precio y pese a los reiterados llamados de los inversores para buscar una solución a esta problemática. Uruguay no ha adoptado medida concreta alguna para atender sus reclamos y se ha negado a cumplir sus obligaciones", se indica en la nota enviada al presidente y los ministros.
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