Operación Trazador: Díaz dice que “no funcionaron las alertas" y se pone la mira en monitoreo de redes de cobranzas

La Operación Trazador, por la que se condenó por lavado de activos a un asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, puso sobre la mesa el tema del financiamiento de los partidos y el blanqueamiento de capitales. Más allá de la discusión política —que tiene varios días y se dio sobre todo en el Partido Nacional—, este martes los hechos se trataron en la comisión contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que encabeza el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz.

El prosecretario, después de que concluyó la reunión con distintas autoridades, se centró en la ponderación de lo que sucedió a partir de la Operación Trazador, por la que se hallaron más de 260 kilos de drogas, $ 3.000.000, US$ 42.000, municiones, vehículos de alta gama y armas.

En retrospectiva, Díaz entiende que “no funcionaron las alertas que debieron funcionar” en el sistema, porque el “uso de dinero en efectivo en grandes cantidades es un elemento indicativo de riesgos y, si son de baja denominación, mucho más”.

Por eso, en el marco de la Estrategia Nacional de Riesgos —la hoja de ruta del gobierno contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que tiene poco más de un año—, se piensan “lanzar determinadas acciones”.

El prosecretario aclaró que la comisión coordinadora no tiene poder de investigación y que, aunque hay organismos que la integran que sí forman parte de las indagaciones —como el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Banco Central de Uruguay—, no aportaron información.

Pero la comisión sí empezó a evaluar el sumar a las redes de pagos en la Evaluación Nacional de Riesgos, a través de la cual se monitorea al sistema para, por ejemplo, detectar amenazas.
En ese sentido, Díaz afirmó que la Evaluación Nacional de Riesgos “no es estática, sino que está sometida a constante evaluación”.

El próximo paso será la reunión con las redes de pagos que realizará la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Además de incluir a las redes de cobranzas la Evaluación Nacional de Riesgos, se habló sobre las criptomonedas, el oro y el ingreso de billetes al país.

También estuvo arriba de la mesa que la investigación haya sido en dos partes. Esto porque primero hubo una condena de tres personas después de la investigación de la Fiscalía de Crimen Organizado; y, días después —ya cuando el caso tomó notoriedad pública y comenzaron las acusaciones públicas de una supuesta vinculación con el local de cobranzas que tiene la esposa de Jorge Gandini— se abrió una causa en la Fiscalía de Lavado de Activos.

“Lamentablemente” no hubo una “investigación conjunta del delito precedente y del lavado”, indicó Díaz, quien aclaró que esto sí está previsto en la Estrategia Nacional de Riesgos y que es un “reclamo que hizo el Ministerio del Interior desde el primer día que se configuró la comisión”.

Gandini ha dicho que él y su esposa no conocían al asesor condenado por lavado de activos, Pablo Leiva. Y que “habitualmente pagaba dos recibos (al mes) del Banco de Previsión Social de dos pequeñas empresas constructoras” y “en alguna ocasión” un recibo de la Dirección General Impositiva.