Los entretelones de la decisión del PN de suspender a su edil y pedirle que deje su banca para cerrar episodio

El Partido Nacional busca darle cierre al episodio que tiene como protagonistas al edil electo Gonzalo Gómez y quien supo ser su asesor, el condenado por lavado de activos Pablo Leiva. El directorio resolvió, por un lado, suspenderlo por dos años, lo que implica que deja de integrar este órgano. Pero, además, declaró que “debería apartarse” de la Junta Departamental mientras dure la sanción. Se escribió en condicional porque no lo pueden obligar en el eterno debate de quién es el dueño de la banca, punto que estuvo en la discusión de la sesión al mediodía de ayer.

Había blancos que creían que el mejor camino era que Gómez renunciara, lo que se mencionó en la reunión del directorio. Era una manera de terminar rápidamente el tema y no extender la discusión pública que tiene al Partido Nacional en los titulares desde hace varios días. Además, era una forma de que Gómez se hiciera cargo de la situación y, de esa manera, deslindar al partido de la polémica, dijeron fuentes nacionalistas que integran el directorio.

Hay quienes pensaron un paso más allá y analizaron la posibilidad de echarlo del Partido Nacional. Sin embargo, otros nacionalistas ponderaron que debe haber una gradualidad en las penas en el partido y que, si se tomaba ese camino, la sanción iba a ser demasiado elevada.

Pese a que la aspiración de algunos era exigirle la renuncia de Gómez, en los hechos se dio de manera diferente. El edil blanco, como solicitó en un inicio, concurrió a la comisión de ética en los últimos días para dar —al igual que lo hizo hace una semana en conferencia en el segundo piso de la Junta Departamental— su versión de los hechos.

Gómez solo habló una vez desde que se desencadenó el escándalo, si no se cuenta un comunicado que publicó durante su viaje a China. Hace una semana se sentó delante de los micrófonos y aseguró que no veía “mérito” para su renuncia como edil. Asimismo, explicó que a Leiva lo contrató en diciembre, pero que “no tenía tareas asignadas” pese a cobrar $ 52.000 nominales, unos $ 41.000 líquidos. Hasta ese momento, este era un dato que se desconocía.

Gómez argumentó que no le asignó tareas porque sus prioridades “estuvieron en otros lados”.

La contratación de Leiva ya estaba en el centro de la polémica porque, mientras era asesor de Gómez, fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Todo en el marco de la operación Trazador en la que incautaron más de 260 kilos de drogas, $3.000.000 y armas.

Finalmente, la comisión de ética entendió que la conducta de Gómez era “merecedora de condena ética por la contratación de un asesor con dineros públicos sin que este prestara tareas”. Por eso, recomendó al directorio del partido la suspensión de sus “derechos y obligaciones partidarias” por dos años. También expresó que era “menester reparar el daño patrimonial causado a los dineros públicos”, por lo que sugirió que se acepte la voluntad del edil de “restituir a la Junta Departamental de Montevideo” el monto de los “salarios indebidos”.

Pero hay una diferencia entre lo que recomendó la comisión de ética —y después aprobó la comisión de asuntos políticos— en comparación con lo que finalmente determinó el directorio.

Los integrantes del directorio sumaron a la sanción al edil que “debería apartarse” de la banca mientras dure la suspensión de dos años. Este punto se llevó parte de la discusión de la sesión porque había distintas posturas sobre cuán riguroso debía ser el castigo de Gómez.

El País intentó, sin éxito comunicarse con el edil Gómez para saber si pedirá licencia en su banca en la Junta Departamental durante los dos años que dura la sanción partidaria.

El directorio reafirmó —en la declaración que publicó— “su compromiso con los principios de responsabilidad, transparencia y correcta administración de los recursos públicos, así como con el cumplimiento de las normas y obligaciones éticas que deben regir la conducta de quienes representan al partido en funciones públicas y partidarias”.

La decisión del directorio la comunicó su presidente, Álvaro Delgado, quien aseguró que esta era una “decisión severa y necesaria” que el partido tenía que hacer. En esa línea, añadió: “En estos temas no le va a temblar la mano (al partido) ni va a esconder debajo de la alfombra”.