Tras caso Gómez, Tribunal de Cuentas va por mayor intervención en gastos de las 19 juntas departamentales

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR), actualmente presidido por Francisco Gallinal, evaluará este miércoles la posibilidad de controlar con mayor intensidad los gastos y pagos que realizan las 19 juntas departamentales del país, una facultad que surge del artículo 211 de la Constitución y está complementada por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

Según supo El País, el directorio estudiará la posibilidad de aumentar el control sobre esos gastos, aunque antes podría solicitar un informe a la División Jurídica. No obstante, el organismo tiene competencia para intervenir y cuenta con múltiples antecedentes de observaciones a gastos de los legislativos departamentales (aunque no tiene potestad sancionatoria).

La discusión nuevamente cobró impulso a partir de una denuncia vinculada al caso del edil del Partido Nacional en Montevideo Gonzalo Gómez. En el escrito además se solicita que el TCR examine “el régimen de utilización de recursos públicos destinados a ediles, asesores, secretarios y funcionarios que prestan servicios en las juntas departamentales de todo el país”.

El criterio predominante en el TCR para intervenir sobre el gasto de las Juntas—es decir, considerar que cumple con los requisitos legales— es que se trate de partidas destinadas a alimentación, alojamiento o traslados inherentes al cumplimiento de la función. Estos desembolsos son considerados de carácter “indemnizatorio o resarcitorio”, en tanto compensan los costos en que incurren los ediles por el ejercicio de su actividad.

No obstante, entre los gastos observados —es decir, aquellos que incumplen disposiciones legales o constitucionales— figuran los destinados a cubrir secretaría, asesoramiento y tareas similares. Son precisamente esos fondos los que quedaron bajo la lupa en los últimos días, luego de que se conociera que los ediles de Montevideo disponen de una partida específica de $ 260.000 para esos rubros y que, en algunos casos, llegan a contratar hasta cinco personas, incluso sin que exista una tarea específica asignada.

La denuncia fue presentada este lunes por un colectivo de 36 personas que se autodenomina Movimiento Nacional Constituyente. En diálogo con El País, Enrique Ortega Salinas —integrante de la agrupación y quien previamente había participado en la organización de encuentros de frenteamplistas desencantados— sostuvo que la iniciativa no persigue un fin político-partidario. “Hay irregularidades que no son percibidas como hechos de corrupción porque se han naturalizado; pero eso no significa que sean prácticas correctas”, resumió.

Apuntaron, a partir de declaraciones de curules de Montevideo y de dirigentes políticos, al reconocimiento de que existen asesores que no cumplen tareas o que las realizan exclusivamente para la estructura partidaria, y no para el edil que los contrató con fondos de la intendencia.

En esta línea, los denunciantes citan los artículos 140 y 141 del Tocaf, que establecen que, ante la presunción de irregularidades en el manejo de fondos públicos que puedan ocasionar daños y perjuicios al erario, corresponde llevar adelante una investigación administrativa o un sumario, que debe ser controlado por el TCR.

Sobre el destino de las partidas que cobran los ediles departamentales, el documento cuestiona que esos fondos sean utilizados para actividades partidarias y no para el cumplimiento de las funciones propias de los órganos legislativos departamentales y sus integrantes.

Por lo pronto, el directorio del TCR deberá resolver próximamente si da lugar a la denuncia, a la luz de los hechos ocurridos en las últimas semanas, que volvieron a poner en discusión la existencia de sueldos encubiertos para los ediles —prohibido por la Constitución— y, además, dejaron al descubierto pagos sin contraprestación, utilización indebida y falta de control en el manejo de partidas de dinero y vales en el segundo nivel de gobierno.

A su vez, la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep) recibió siete denuncias —que están en trámite— a partir de que estalló el caso del edil Gómez. El colectivo que se presentó ante el TCR, además lo hizo ante la Jutep y solicitó que se investiguen también posibles delitos como fraude, conjunción del interés personal y del público y abuso de funciones.