Senado aprobó acceso al Fondo de Garantía a Casmu y se suman más exigencias del Poder Ejecutivo a mutualistas

Está previsto que luego de la votación de la Rendición de Cuentas, Diputados continúe con el tratamiento del proyecto de ley de salvataje estatal a Casmu, que ayer se votó en el Senado. Dos de tres artículos cosecharon el respaldo unánime, mientras que el tercero, sobre exigencias del Poder Ejecutivo a las instituciones que accedan a una garantía estatal, generó críticas de la oposición.

El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo hace un mes vinculado con el futuro de la mutualista, que contenía cuatro puntos, se desarmó tras varias cuestionamientos de la oposición. El 28 de julio se votó por unanimidad solo el punto de extender la intervención —activada en julio de 2024— por hasta dos años, al filo del vencimiento del plazo fijado (29 de julio), para evitar que la tercera institución con más afiliados entre en concurso.

Los puntos que quedaban pendientes fueron tres, los cuales fueron discutidos primero en comisión tras recibir información oficial del estado de salud de Casmu, y contó con la comparecencia de representantes de los ministerios de Economía (MEF) y Salud Pública (MSP) este lunes, previo al pasaje al plenario en otra iniciativa, con tres artículos.

El Senado aprobó ahora por unanimidad —28 votos en 28— el primer artículo referido a que la mutualista acceda a un nuevo Fondo de Garantía —el séptimo a la fecha— por unos US$ 120 millones, “sujetos” a la aprobación de los planes de reestructuración por parte del Poder Ejecutivo, actuando a través del MSP y MEF.

El proyecto exime "temporalmente” a Casmu la obligación de “constituir garantías reales u otras garantías a favor del Fondo cuando ello no sea posible”.

El segundo artículo plantea que los planes previstos en la ley 18.439 (Fondo de Garantía) deberán incorporar “programas de reestructuración de la situación económico-financiera, de los aspectos administrativos y funcionales, y de la gobernanza de las instituciones, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”. Este punto fue aprobado por 27 votos en 27.

El tercer artículo, que solo contó con el apoyo del Frente Amplio (17 votos en 28) busca sumar a la ley 18.439 la obligación de que las mutualistas que accedan a una garantía aseguren que quienes integran sus órganos de dirección, administración y conducción ejecutiva deben poseer “idoneidad y experiencia”, así como reunir condiciones de “honorabilidad e integridad”, no mantener “conflictos de interés”, no encontrarse comprendidos en “inhabilitaciones legales”, y que se conduzca a la población “conforme” al plan de reestructura aprobado.

La iniciativa también prevé que durante todo el período de vigencia de la garantía, la designación de los integrantes de los consejos directivos u órganos de dirección, de la gerencia general, la dirección técnica, del gerente administrativo y financiero del Casmu y todas las mutualistas estarán sujetos a la “no objeción previa” del MSP y MEF, que deberá expedirse en un plazo de 30 días. Toda objeción deberá ser “fundada y referirse exclusivamente al incumplimiento de las condiciones”, agrega.

Asimismo, el mismo artículo prevé que cuando la integración de los consejos directivos u órganos de dirección se realice mediante procedimientos electorales, los candidatos estarán “obligados” a presentar una declaración jurada en la que manifiesten cumplir con los requisitos citados.

También se estableció que el MSP y el MEF podrán verificar “en cualquier momento” durante el período de vigencia de la garantía, el cumplimiento de las condiciones, que podrán motivar diversas acciones que correspondan, “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas” que pudieran corresponder.

Senadores nacionalistas y colorados presentaron un aditivo del artículo primero, que buscaba que Casmu, MSP y MEF remitan cada tres meses a las comisiones de salud de cada cámara un informe sobre el estado de avance del plan de reestructura y la situación económica financiera de la mutualista.

El senador colorado Pedro Bordaberry recordó que este aditivo es uno de los puntos de acuerdo al que se comprometieron “todas las bancadas” hace un mes, cuando se desgajó el proyecto de ley original remitido por el Poder Ejecutivo.

En tanto, el senador frenteamplista Daniel Borbonet propuso que dicho aditivo sea discutido en la comisión de salud de manera que las bancadas tengan el “tiempo suficiente para opinar” sobre el mismo.

El senador blanco Javier García apuntó en sala que al no cumplir con ese punto y enviarlo a comisión “no se está honrando” el acuerdo citado. Mientras que Borbonet retrucó que ese acuerdo “no se firmó”, por falta de cuorum oficialista, y se mostró personalmente a favor.

El envío del aditivo a comisión fue aprobado por 17 votos en 28, solo con los votos del oficialismo. “Se elige lo que le conviene al Frente Amplio y no la seguridad al pueblo uruguayo que los (US$ 120) millones van a ser bien utilizados y el Parlamento va a poder controlarlo. No se honra lo que pactamos y está por escrito”, lanzó Bordaberry.

“Habíamos quedado en sacar el artículo de no objeciones y que vinieran los informes cada tres meses. No es uno, son dos incumplimientos. Horrible”, lanzó el senador blanco Sergio Botana. “Lamentablemente lo que vamos a tener que hacer es contratar un escribano y protocolizar los acuerdos que hagamos de aquí en más”, dijo.

“No podemos dejar pasar que por la vía de la fundamentación del voto se le falte el respeto a un senador como Daniel Borbonet”, retrucó la senador frenteamplista Bettiana Díaz. “De ninguna manera queremos cuestionar la honorabilidad y la palabra de Borbonet”, respondió la senadora blanca Graciela Bianchi.

Por otro lado, Bordaberry cuestionó que el artículo tercero -votado solo por el oficialismo- será aplicable exclusivamente respecto a las garantías otorgadas a partir del 31 de julio de 2026. En la votación se modificó a que entrará a regir a partir de la promulgación de la ley.

"La única garantía que entraría dentro de esto es el de la Asociación Española, a quien el gobierno no le va a reclamar todo lo que está reclamando al Casmu", lanzó Bordaberry en sala.

El colorado recordó que quienes accedieron hasta ahora al Fondo de Garantía fueron Casa de Galicia, Casmu y la Asociación Española. “Acá estamos poniendo un inciso que exonera a la Asociación Española de cumplir con los requisitos que tanto exige el MSP y MEF", insistió el colorado que presentó días atrás un proyecto de ley para prevenir y sancionar los conflictos de intereses en el sistema de salud.

“¿Qué estamos haciendo trampas al solitario, diciendo que vamos a adoptar un artículo para ponernos duros, para que sean realmente personas capaces, o vamos a ir al hueso y encarar los conflictos de intereses?”, desafió el senador colorado, quien llamó a encarar lo que denominó las “roscas”.