Tras reclamo de Bordaberry, sector colorado plantea prisión domiciliaria para adultos mayores; PN y CA definen postura

Diputados del Partido Colorado presentaron un aditivo de cara al tratamiento de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes que propone habilitar la prisión domiciliaria para “toda persona imputada o condenada en un proceso penal por hechos cuyo inicio de consumación ocurrió hace más de 30 años y que tenga 65 años o más de edad”.

Según el texto de la propuesta —proveniente del sector Vamos Uruguay, liderado por el senador colorado Pedro Bordaberry—, al que accedió El País, establece que “la solicitud se presentará ante el juez competente, acompañada de la documentación que acredite la edad del solicitante”, a partir de lo cual la Fiscalía controlará “si se dan los presupuestos respecto a la edad exigida para otorgarla y la antigüedad de inicio de consumación del hecho”.

“Verificados, el juez dispondrá preceptivamente la prisión domiciliaria con independencia de cualquier otro requisito establecido. El régimen de prisión domiciliaria previsto será aplicable a todos los procesos con independencia del texto normativo por el que se tramitan”, añade el aditivo, que se votará el jueves al final de la jornada junto al resto de sustitutivos.

El diputado que lo elaboró, Juan Martín Jorge, dijo a El País que están “aprovechando esta instancia para que sea un tratamiento del tema ahora y no dilatarlo más, cosa que todo el mundo evite meterse en temas difíciles”.

“No estamos pidiendo una rebaja de la pena ni una exculpación, sino que en base a tratados internacionales, y las normas constitucionales y legales uruguayas se permita el cumplimiento de la pena del domicilio por ser adultos mayores”, declaró.

Jorge remarcó que le “consta” que existe “una falta de garantías legales en varios casos” de militares condenados “que hacen dudosos algunos procedimientos donde se pueden estar cumpliendo grandes injusticias”.

Asimismo, señaló que el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone fue “invitado a firmar” en dos ocasiones distintas —antes y después del acuerdo con el Frente Amplio (FA)— y en ambas declinó.

Según supo El País, los cabildantes se inclinan por acompañar el aditivo, pero aún existen dudas sobre su contenido específico y si contará con el apoyo de los diputados del Partido Nacional (PN). La Coalición Republicana (blancos, colorados y Partido Independiente) presentó decenas de aditivos; dentro de ellos, los que cuentan con el apoyo de todo el bloque están firmados por los tres partidos, pero este no es el caso.

Fuentes blancas dijeron a El País que están al tanto de la propuesta y la analizarán, pero por el momento no hay una postura definida, a la espera de reunirse para estudiar el conjunto de aditivos y sustitutivos presentados.

A mediados de 2025, fue el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, actual presidente de la cámara, que presentó un proyecto de ley para brindar prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años, con especial énfasis en aquellos casos de detenciones por hechos acaecidos antes de la última dictadura militar.

Por entonces, el propio Perrone cuestionó el planteo: “¿Alguna muestra más de que el PN hizo de todo para destruir a Cabildo? No apoyaron el proyecto de Cabildo siendo gobierno y con mayorías parlamentarias, ahora vienen con esta demagogia sin ser gobierno y sin mayorías, sabiendo que no va a salir”.

El diputado de CA hizo alusión al proyecto que su partido promovió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que buscaba facilitar el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los adultos mayores de 65 años a los que les corresponda una pena de cárcel. El proyecto logró la aprobación por parte del Senado en diciembre de 2023, con 16 votos del oficialismo, sin los del FA. Luego, al pasar a Diputados, nunca fue aprobado.

El actual planteo de los colorados había sido adelantado por el senador Bordaberry a fines de julio, cuando incluso a los pocos días el FA criticó el planteo por incluir a los militares detenidos en la cárcel de Domingo Arena: “No son presos políticos. Fueron investigados, procesados y condenados por la Justicia uruguaya, en democracia, con derecho a defensa y todas las garantías del debido proceso. Garantías que jamás tuvieron quienes fueron detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Juan María Bordaberry”.

De hecho, la iniciativa también fue criticada a nivel interno por parte de la Unión de Jóvenes Reformistas (UJR), perteneciente al sector liderado por el senador colorado Andrés Ojeda, Unir para Crecer. “Los delitos de lesa humanidad constituyen algunas de las violaciones más graves que puede sufrir una sociedad. Las víctimas, sus familias y la búsqueda permanente de la verdad y la justicia merecen el compromiso indeclinable del Estado uruguayo y de toda la sociedad”, afirmó en un comunicado.

No obstante, cuando la Rendición de Cuentas pase al Senado, el Frente Amplio tendrá la potestad de aprobar los artículos que disponga, al contar con mayoría propia por sobre blancos y colorados.