La Cámara de Representantes, tras haber aprobado en general la Rendición de Cuentas en una extensa sesión que terminó en la madrugada, continuó este martes con el tratamiento del articulado, tarea con la que prevé terminar el jueves próximo. Con el vencimiento del plazo constitucional el viernes, se separaron los artículos en tres bloques distribuidos cada día.
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición refiere al artículo 122, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, por entender que fue confeccionado “con nombre y apellido”, para beneficiar a una jerarca frenteamplista.
“Como vivir en la calle es un derecho para esa funcionaria, también cobrar esta compensación es un derecho. El Poder Ejecutivo le armó un artículo a Fabiana Goyeneche; un artículo para los amigos, con nombre y apellido”, dijo el diputado blanco Juan Martín Rodríguez el lunes en la cámara.
Este martes en rueda de prensa, explicó que el artículo 122 de la Rendición “establece que algunos funcionarios que están en pase en comisión en la Cancillería cobran una compensación adicional a su salario”.
“Casualmente esto surge a partir de un proyecto de la señora Fabiana Goyeneche, funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas en comisión en la Cancillería, que como no cobra esa partida, presentó un escrito y reclamó cobrar esa prima”, agregó.
Según Rodríguez, este beneficio se ubica en unos $ 30.000 nominales mensuales y el pedido de Goyeneche fue denegado, por lo que “el Poder Ejecutivo no tuvo mejor idea que mandar un artículo para satisfacer el deseo de la compañera”.
A priori, este artículo no contaría con la mayoría necesaria para ser aprobado.
El pasado 21 de julio, una delegación de Cancillería asistió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y la directora de Asuntos Técnicos Administrativos, Virginia Scarppe, se refirió al asunto: “El motivo por el cual nosotros incorporamos este artículo en esta Rendición de Cuentas fue incentivado por una petición que hizo una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas que presta funciones en pase en comisión en la Cancillería”.
La jerarca sostuvo —sin nombrarla— que Goyeneche sí cobraba en el MEF “compromisos de gestión y cumpliendo ya funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores se enteró de que dejaba de cobrar esos compromisos en su organismo de origen, pero tampoco los cobraría en la Cancillería”.
Scarppe señaló que la normativa vigente prevé que esta prima sea abonada solo a “funcionarios presupuestales” del organismo, y no aplica a los pases en comisión.
A su vez, Andrés Peláez, director general de Secretaría, dijo que actualmente se “excluye a aquellos funcionarios en comisión en Cancillería a cobrarlo”, por lo que se busca “reequilibrar” y que “aquellos pases en comisión que hacen a la función dentro de la Cancillería sí puedan recibirlo”.
Puntos críticos de la discusión
La oposición está en contra especialmente de la creación prevista de dos organismos estatales en la órbita de Presidencia. Concretamente, se propone conformar la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay y la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales.
El primero funcionaría como un “órgano independiente encargado de la prevención, control, educación y lucha contra la práctica del dopaje en el deporte”. Asimismo, “sustituye íntegramente” el organismo homónimo de la Fundación Deporte Uruguay.
Blancos y colorados no acompañan este tipo de iniciativas de creación de entidades paraestatales, y de hecho proponen que este apartado pase al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), donde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) ya tiene potestades vinculadas.
El segundo organismo planteado podría “actuar como administrador de proyectos de gestión, transferencia, o disposición de bienes inmuebles del Estado”, así como “crear o adquirir sociedades comerciales o participar en consorcios y/o en fideicomisos especializados en la explotación de las concesiones o proyectos que se le otorguen, y participar en la compra venta de los inmuebles bajo su gestión”.
También se le habilitaría “ejercer como administrador y/o fiduciario de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de bienes inmuebles, con recursos públicos, préstamos o donaciones nacionales o internacionales”.
La oposición calificó este proyecto como una “superinmobiliaria” y cuestionó su alcance de “facultades ilimitadas”. “Puede terminar en una calamidad, totalmente inconstitucional”, dijo este martes el nacionalista Pablo Abdala. Los artículos referidos a la creación de esta agencia fueron aprobados por parte del Frente Amplio junto con los votos de Cabildo Abierto, lo que sucedió en buena parte de las votaciones.
Según señalaron desde la coalición a El País, en principio los partidos Nacional, Colorado e Independiente tienen una postura única de cara a los diferentes artículos, y cuentan con que cabildantes, y Gustavo y Nicole Salle, los legisladores de Identidad Soberana, compartan su postura en algunas ocasiones.
Por lo pronto, propondrán reasignaciones más que nada desde la cartera de Economía y Presidencia —donde hubo una subejecución presupuestal cercana al 74%—, destinadas a organismos como el Poder Judicial, Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y la Suprema Corte de Justicia.