Se aprobó la Ley Casmu y se habilita nuevo acceso al Fondo de Garantía con aportes de médicos capitalizadores

Tras la votación en Diputados, el Senado aprobó por unanimidad (30 votos en 30) este jueves la Ley Casmu, que le garantizará a la mutualista el séptimo acceso a un Fondo de Garantía, que podrá ampliarse con aportes de unos 3.200 médicos capitalizadores de la institución, intervenida por el Poder Ejecutivo desde julio de 2024.

El proyecto votado en el Senado, que entrará en vigencia a partir de su promulgación, fue negociado en Diputados, donde también cosechó el acuerdo entre oficialismo y oposición tras arduas negociaciones. Así se destraba un asunto que venía empantanado desde hacía semanas.

En una primera etapa, a fines de julio, al límite del vencimiento del plazo de la intervención de la mutualista, se votó extenderla por hasta dos años más, para evitar así un concurso de acreedores. No obstante, en ese entonces quedaron varios puntos por resolver al respecto.

Ahora, finalmente, el Parlamento habilitó a Casmu un nuevo acceso a un Fondo de Garantía estatal por 668.289.347 unidades indexadas (UI), unos US$ 108 millones a valores actuales, más intereses. Se trata de una cifra un 10% menor a lo solicitado por el Poder Ejecutivo en un comienzo: 742.543.719 UI, unos US$ 120 millones.

Sin embargo, la ley habilitó que el monto al acceso al Fondo de Garantía “podrá ampliarse” a los US$ 120 millones, previstos al comienzo, sujeto a la aprobación previa del Ministerio de Salud Pública (MSP) de un “plan de capitalización” de los socios de Casmu.

La ampliación del acceso al Fondo de Garantía sería con un “aporte de capital” de los socios capitalizadores de Casmu a la institución “equivalente al 8% del monto garantizado, en un plazo máximo de hasta 48 meses con destino a inversiones en infraestructura o tecnología”.

Ese porcentaje equivale a unos US$ 8,7 millones, que repartidos en 48 meses, entre los 3.200 capitalizadores, arroja un aporte de US$ 57 (unos $ 2.300) al mes por cada socio.

El “plan de capitalización” quedará sujeto a lo que defina la asamblea de socios de la mutualista.

En tanto, el acceso al Fondo de Garantía ya aprobado para Casmu —por US$ 108 millones— “quedará sujeto a la aprobación de los planes de reestructuración por parte del Poder Ejecutivo actuando a través del MSP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Otro aspecto que incluye la redacción es que el Casmu, MSP y MEF deberán remitir a la Asamblea General un informe trimestral sobre el “estado de avance” del plan de reestructura aprobado y la situación económico-financiera de la mutualista.

El informe, mientras se mantenga vigente el acceso al Fondo de Garantía, deberá dar cuenta “como mínimo, del grado de cumplimiento de las metas y plazos previstos en el plan de reestructuración vigente, de la evolución del pasivo garantizado y de la utilización del Fondo de Garantía, de la situación patrimonial y de resultados de la institución, y de toda modificación relevante introducida al plan por el Poder Ejecutivo”, detalla.

La ley sumó al artículo 1° de la Ley 18.439 (Fondo de Garantía), que los planes previstos “deberán incorporar programas de reestructuración de la situación económico-financiera, de los aspectos administrativos y funcionales, y de la gobernanza de las instituciones, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación".

Ante la inclusión de que los socios capitalizadores hagan aportes, la agrupación de médicos Fosalba se manifestó en contra. “Solo contando hasta 2024, los médicos trabajadores de Casmu aportaron más de US$ 25 millones por ser capitalizadores, mediante descuentos de salario”, marcó Fosalba en su cuenta de Instagram.

“No es justo que se pida todavía más. El déficit no puede cargar siempre sobre los mismos”, acotó la organización.

También se posicionó en contra el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), liderado históricamente por la Fosalba, que emitió un comunicado este jueves ante la inminente aprobación del proyecto de ley: “El salario médico no financia a las instituciones. No lo hace cuando se le llama retención ni cuando se le llama aporte de capital, ni cuando la ley habilita la denominación ‘socio’ o ‘capitalizador’ a quien, en los hechos, trabaja en relación de dependencia y cobra un sueldo. La forma jurídica que se elija para instrumentar el mecanismo no altera esta posición”.

“Un socio capitalizador de Casmu no tiene el control efectivo ni el poder de decisión de un propietario real sobre el destino de su capital. Tiene, en cambio, la obligación de un accionista sin la injerencia de un accionista”, acotó el sindicato médico.

El senador colorado Pedro Bordaberry destacó este jueves en el Plenario que el aporte citado de los capitalizadores es una “buena señal, porque sino, soy dueño y le paso la cuenta al Estado, y así somos todos empresarios, ¿no?”, desafió.

Este paso derivará en que los capitalizadores “controlen más” a la entidad, y “se den cuenta” que contar con directivos que “no administran bien” la institución “les ocasiona perjuicios a ellos también”, agregó el colorado.

“Es un acto de responsabilidad, que debió venir de primera, y que es increíble que sea públicamente cuestionado”, marcó el senador nacionalista Sergio Botana.

Sobre el monto mensual estimado de US$ 57, el legislador marcó que no se está pidiendo que “ninguno se quede sin auto, ni pagar la cuenta de luz de la casa”.

“Fue una buena de llegar a un término medio”, dijo el senador frenteamplista Daniel Borbonet, sobre el plan de brindar el 90% del Fondo de Garantía solicitado al comienzo, y que el resto pueda ser financiado por los capitalizadores.

“Hay una suerte amenaza al sistema político y al Casmu por parte de unos prestamistas de la institución”, desafió Bordaberry en el Plenario, en alusión a un artículo del diario La R, titulado “Casmu: “No saben lo que están haciendo y los problemas que han generado”, donde se cita a supuestos prestamistas de la institución.

“Quiero decirles, porque deben estar mirando por TV, que al Parlamento nacional nadie lo amenaza, por más dinero y poder financiero que tengan”, lanzó el senador.

“Hago un llamado a las autoridades del Casmu y al MEF que vaya hasta el fondo con esos prestamistas que cobraban 179% de interés en dólares a una entidad. Que vayan al fondo. Y que se analice por los abogados y por la Justicia si eso no es usura, porque yo creo que lo es”, acotó.

“En la previa de votar esto, les decimos bien claro: no queremos caranchos alrededor de la salud de los uruguayos”, remató Bordaberry.