Tras polémica, Orsi firmó adjudicación por US$ 24 millones para comidas destinadas a refugios y comedores

Luego de varias idas y vueltas entre Presidencia de la República y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el presidente de la República, Yamandú Orsi, finalmente firmó la adjudicación de la licitación para el suministro de 3.600.000 comidas refrigeradas para los refugios y comedores dependientes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA).

Como informó El País, el mandatario, a partir de observaciones realizadas por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), no había convalidado inicialmente el resultado de la adjudicación por un monto de US$ 24 millones, en la que se establecía un orden de prelación entre seis empresas proveedoras y que fue recurrido y denunciado por una de las firmas que se consideró perjudicada: Fedir S.A. (Delibest).

No obstante, la resolución desestimó los descargos presentados por la empresa, en línea con el análisis de la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea). Finalmente, se adjudicaron a Indunet S.A. 1.215.000 comidas por $ 286.321.800 (US$ 7 millones); a Inche S.A. 176.400 por $ 48.777.186 (US$ 1,2 millones); a Alhambra SRL 48.000 comidas elaboradas por $ 12.299.173 (US$ 307.000); a Ble Boulangerie SRL 1.203.840 por $ 335.104.915 (US$ 8,3 millones) y a Goddard 304.125 por $ 83.539.822 (US$ 2.100.000).

A Fedir S.A., por su parte, le fueron asignadas 652.632 comidas elaboradas por un monto de $ 184.659.158 (US$ 4,6 millones). “Desestímase la petición formulada por Fedir respecto a las consideraciones formuladas en la presente licitación”, señala la resolución firmada por Orsi y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila.

De esta forma, el Ejecutivo rechazó el reclamo de la empresa, que alegó haber sido perjudicada —consideran que el perjuicio estuvo dirigido a favorecer a Indunet, que no contaba con antecedentes previos en proveer viandas frescas—, en particular, en el orden de prelación por una “errónea ponderación de los antecedentes”, entre otras denuncias sobre irregularidades durante el proceso (se presentaron varios recursos durante el transcurso de los últimos meses).

Las autoridades de Fedir, cuando la adjudicación todavía no había sido resuelta aunque el orden de prelación se conocía, comparecieron a la comisión de Legislación del Trabajo y la Seguridad Social de la Cámara de Diputados el pasado miércoles 6 de octubre y advirtieron por las consecuencias que la decisión del gobierno traería para algunas empresas, pero también para las trabajadoras jefas de hogar que serían afectadas.

Valentina Wild, gerenta de Delibest, dijo en el Parlamento que la empresa, hasta principios de agosto de 2026, Delibest elaboraba 6.800 viandas diarias para el INDA. Sin embargo, esa cifra cayó a 1.900 luego de que las autoridades de esa dependencia del Mides comenzaran a ejecutar el orden de prelación establecido en la adjudicación, pese a que aún no había sido aprobada.

Esa irregularidad, marcada por la firma proveedora también de organismos como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS), fue denunciada ante Presidencia de la República y notificada al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Según Wild, esa caída de la demanda provocó una pérdida del 72% de la facturación, en razón de 5.000 viandas diarias y repercutió directamente en los puestos de trabajo. La planta industrial para la elaboración de esos alimentos refrigerados está ubicada en el barrio Peñarol.

“Si bien somos una planta de elaboración y una industria, nuestros procesos son muy manuales: cerramos y servimos cada bandejita a mano, no hay grandes máquinas. Tener 5.000 viandas menos tendrá un impacto directo en la desvinculación de 80 personas; afectará al menos 80 puestos de trabajo. Hasta ahora desvinculamos a 30 trabajadores y enviamos al seguro de paro a 12, pero sabemos que, si esto se concreta, el impacto real será ese para poder sostener la empresa y seguir pagando los costos en relación con la facturación”, relató Wild.

Actualmente, dijeron desde Fedir, la firma emplea a 500 trabajadores, de las cuales 371 son mujeres y destacaron que por el lugar en que está ubicada la planta —en el barrio Peñarol— brinda “trabajo a una zona bastante alejada del centro de Montevideo”.

En defensa de sus intereses, la empresa argumentó que los puestos de trabajo que se perderían no serían absorbidos por la firma beneficiada con la adjudicación, dado que esta “elabora 10.000 viandas con 13 personas, ya que trabaja con maquinaria”.

“Ponen la comida en una máquina y sale la vianda. Si esto no se revierte, esos puestos de trabajo se van a perder”, había advertido Wild. Según supo El País, la empresa recurrirá el resultado de la licitación, lo que podría tener un efecto suspensivo sobre la ejecución de la adjudicación. A futuro, el caso podría terminar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).