Polémica en INDA: empresa denunció que se hizo pedido de cotización por compra directa para comida ya entregada

Luego de que el presidente de la República, Yamandú Orsi, resolviera no convalidar el resultado de una licitación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) para el suministro de alimentos refrigerados a los refugios y comedores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el organismo se comunicó con algunas de las empresas que participaron del proceso para solicitarles cotizaciones por la adquisición de miles de comidas mediante el mecanismo de compra directa por excepción.

Según supo El País, la decisión de Orsi de devolver el expediente al Mides —desde donde la semana pasada señalaron que no había novedades al respecto— se tomó luego de que el mandatario consultara a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), que realizó observaciones sobre el proceso licitatorio.

Lo irregular ahora, e incluso “ilegítimo”, según volvió a denunciar la empresa Fedir S.A., radica en que la cotización solicitada por el INDA a las distintas proveedoras corresponde a comida que ya fue entregada durante el último agosto (en su caso 59.206 platos que equivaldrían a 60 días según lo adjudicado en la licitación no aprobada), sin que previamente existiera un acto administrativo que autorizara o validara esas adquisiciones.

Según documentación a la que accedió El País, Fedir (Delibest) acusa a la dirección del INDA, encabezada por Micaela Melgar, de pretender legitimar mediante una excepción de compra directa un gasto que, según la firma, fue previamente “fraccionado” y dirigido de forma “artificial”.

Según establece el artículo 32 del Tocaf, el “funcionario que comprometa cualquier erogación sin estar autorizado para ello será responsable de su pago, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderle”.

“La comprobación de que se fraccionare el gasto artificialmente para que la operación encuadre en determinados límites será considerada falta grave”, agrega el artículo mencionado que menciona el escrito.

Pese a que en el 43 se habilita la posibilidad de “fraccionar las compras dejando expresa constancia de su fundamento y de su conveniencia para el servicio”, la irregularidad radica en que parte de la cotización que se pidió —equivalente al suministro de viandas por dos meses en un caso— responde a la instrucción dada por el INDA a los proveedores el pasado 3 de agosto de entregar comida de acuerdo al orden de prelación que había quedado establecido en la licitación rechazada por Presidencia.

Fedir entiende que el llamado a cotización constituye una maniobra de la dirección del INDA para justificar una adjudicación “de facto” que había dispuesto sin el correspondiente acto administrativo o jurídico.

En una carta previa, de la que dio cuenta El País, la empresa había advertido que pese a no existir una resolución de la adjudicación desde el INDA se instruyó a los proveedores a que “entreguen la comida en determinadas cantidades sin un marco jurídico que lo ampare”.

En un nuevo recurso de revocación para suspender las compras directas, ahora Fedir sostiene que el “INDA continúa ejecutando un contrato inexistente con sus proveedores” y vía este llamado a compra directa “estaría utilizando vías oblicuas de excepción para pretender regularizar la ilegitima ejecución de un contrato inexistente".

“En otras palabras, desde el 3 de agosto el INDA se encuentra recibiendo productos por parte de los proveedores sin ningún marco legal que le ampare”, apunta la empresa, que reclamó se suspenda el acto de compra directa este martes.

Para la parte que presenta el recurso, el problema no reside solo en una disputa entre empresas por una licitación, sino en el riesgo de que, en algún momento, las proveedoras corten el suministro de comida destinado a las personas más vulnerables por no contar con garantías de cobro, dado que al momento de brindar el servicio no existe una acción administrativa ajustada a derecho.

Después de presentado el recurso, se sumó un nuevo episodio al conflicto. Este martes, INDA solicitó a Fedir y las otras proveedoras una nueva cotización —aunque con modificaciones— para la adquisición de hasta 200.000 comidas refrigeradas, y fijó como plazo para presentar el presupuesto las 11:00 de este miércoles (menos de 24 horas). Para Fedir, por lo tanto, persiste la irregularidad y volverá a presentar un nuevo recurso.

El origen del conflicto entre las autoridades del INDA y Fedir SA, proveedora del Estado desde 1996, se remonta a la fallida licitación por US$ 24 millones para suministrar 3.600.000 comidas refrigeradas. En ese proceso, la firma denunciante —tanto ante Presidencia como ante el Mides— se consideró perjudicada por una “errónea ponderación de los antecedentes de los oferentes” por parte de la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Cadea).

El llamado se había abierto el 3 de setiembre de 2025 y Fedir fue la empresa peor valorada entre las seis que se presentaron.

“Resulta claro y evidente que la administración tiene la necesidad, para cumplir con sus fines constitucionales y legales, de adquirir las comidas refrigeradas para Montevideo. Por eso inició un proceso licitatorio, pero hasta hoy no hay adjudicación, pese a que se trata de un servicio de primer orden y, por tanto, la necesidad subsiste”, apuntó la empresa.

En ese sentido, cuestionó que el INDA recurra ahora al mecanismo de compra directa por excepción. “Llama la atención que se pretenda utilizar ese mecanismo, ya que el límite para ese método es de $654.000 y la cantidad de comidas solicitadas es considerablemente inferior a las 3.600.000. Esta compra directa no puede jamás satisfacer la necesidad real que la administración ha evidenciado tener”, sostuvo la firma enfrentada con las autoridades del organismo.