Tras caso en Medicina, PN propone sistema de historia de violencia de estudiantes; FA advierte posible “prontuario”

Tras el intento de femicidio ocurrido a principios de mes en la Facultad de Medicina (FMED) de la Universidad de la República (Udelar), un proyecto de ley presentado por el Partido Nacional propone crear un sistema de información que registre todos los episodios violentos de cada estudiante y esté unificado para todos los centros educativos.

La iniciativa, elaborada por la diputada Roxana Berois, propone que la denominada Historia Educativa Única y Protegida (HEUP) contenga las “sanciones disciplinarias firmes, denuncias e intervenciones institucionales motivadas por actos de agresión, hostigamiento (bullying y cyberbullying) y discriminación” de cada alumno, así como sus respectivas “intervenciones pedagógicas, de acompañamiento y adecuaciones curriculares realizadas”.

Asimismo, en ese tipo de casos, “se deberá especificar el tipo de violencia ejercida, garantizando un enfoque que visibilice las asimetrías de poder y las formas específicas de violencia basada en género”, dice el texto. El objetivo es “garantizar la trazabilidad de las trayectorias socioeducativas” de los estudiantes e “intervenir precozmente ante situaciones de agresión, hostigamiento o acoso escolar”, para “romper con la cultura del silencio”.

“El propósito es anticiparse y prevenir actos de extrema violencia donde se pueda ver afectada la integridad física y psíquica de pares”, reafirmó Berois en diálogo con El País. También aclaró que “no es el propósito” registrar casos de violencia más casual como agresiones leves entre niños chicos.

La legisladora sostuvo que hoy en día en el sistema educativo “no existe trazabilidad de las conductas y relacionamiento social violento de eventos recurrentes en niños y adolescentes que amerite seguimiento y acompañamiento profesional acorde a cada situación”.

En la exposición de motivos del texto, la diputada puntualiza que, “cuando un estudiante es trasladado de un centro educativo a otro, las alertas previas, antecedentes de hostigamiento o intervenciones institucionales suelen perderse en el traspaso administrativo”.

En el Frente Amplio (FA), entienden que el proyecto “parte de una preocupación legítima”, según dijo a El País la diputada Magela Rinaldi, vicepresidenta de la comisión de Educación y Cultura, donde se trata la iniciativa.

“El caso de la estudiante de Medicina nos obliga a mirar con mucha seriedad qué hacemos cuando existen señales previas de situaciones de violencia. No podemos naturalizar que esas señales se pierdan cuando un estudiante cambia de institución”, aseguró.

Sin embargo, acotó que hay “algunas preocupaciones” y que se debe ser “muy cuidadoso para que la respuesta a la violencia no termine convirtiendo la historia educativa de un niño, niña o adolescente en una especie de prontuario”.

“Una denuncia no es lo mismo que un hecho probado, y tenemos que garantizar el derecho a la defensa, la protección de datos y, sobre todo, evitar la estigmatización”, agregó la diputada. En ese sentido, afirmó que “ya existen formas de acceder a cierta información entre subsistemas, sin necesidad de poner una herramienta estigmatizadora”.

“El proyecto merece una discusión profunda. No cuestiono la necesidad de prevenir y actuar tempranamente frente a la violencia; al contrario, creo que es imprescindible. Pero entre perder las señales y construir un registro que pueda etiquetar a un gurí durante años, tiene que existir una tercera vía: más prevención, más acompañamiento y más capacidad institucional para intervenir a tiempo”, sentenció Rinaldi.

En contraposición, el colorado Felipe Schipani, presidente de la comisión, dijo a El País que el planteo es “súper interesante” en la medida que permite “tener trazabilidad”, principalmente en situaciones “de permanente cambio de institución” que afecta la continuidad del registro.

“La falta de información hace que muchas veces no se atiendan las situaciones como se deben. Puede ser muy importante para que las instituciones educativas se relacionen y atiendan la situación de cada estudiante con información que lamentablemente hoy no tienen”, manifestó el diputado.

El proyecto surgió tras lo ocurrido en la FMED el 1° de setiembre, cuando un joven de 19 años apuñaló a una compañera de clase con el objetivo de asesinarla, lo cual no sucedió, pero sí le dejó secuelas físicas y psicológicas en la víctima. El agresor fue imputado la semana pasada por tentativa de femicidio.

Además, la investigación recogió los testimonios de numerosos estudiantes y personas de su entorno familiar, así como declaraciones de exalumnos del liceo Nº 1 de Salinas, a dónde había asistido anteriormente el joven.

Los exestudiantes de ese centro denunciaron que el agresor ya había acosado a compañeras. En un comunicado público señalaron que existieron miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acoso por redes sociales y amenazas verbales. Los jóvenes agregaron que el agresor llegó a masturbarse en clase y decir frases como “hay que matarlas a todas”.