El eslogan del “cambio en paz” resume el legado principal del primer gobierno de Julio María Sanguinetti. “El gran logro fue haber consolidado una transición pacífica de la dictadura a la democracia”, explica el politólogo Óscar Bottinelli. Y allí juegan tres leyes fundamentales: la ley de caducidad, la ley de amnistía de los presos políticos y la ley que reincorpora a los funcionarios públicos destituidos en dictadura. Pero también en aquel gobierno se aprobó en 1987 la primera ley forestal, que tuvo un rol decisivo en la generación de las condiciones para la llegada de plantas de celulosa varias décadas después.

La reforma educativa de Rama, las AFAP y el balotaje

La reforma impulsada por el sociólogo Germán Rama, muy resistida en aquella época por los sindicatos de docentes y estudiantes con históricas ocupaciones de los centros de estudio, fue uno de los legados de la segunda administración de Julio María Sanguinetti. El politólogo Óscar Bottinelli dice que muchos de los aspectos aún se aplican hoy, a pesar de que en aquel entonces fue “muy frenada” por los gremios. Pero hay otros dos cambios con consecuencias notorias en las décadas posteriores: la reforma de la seguridad social, que en 1996 impulsó el Sistema Previsional Mixto de las AFAP, y la reforma de la Constitución de 1997, que instaló el sistema electoral con elecciones internas, nacionales, balotaje y elecciones municipales al año siguiente.

Luis Alberto Lacalle quiso llevar adelante un ambicioso plan de privatizaciones y en setiembre de 1990 envió al Parlamento el proyecto de empresas públicas. La ley se aprobó un año más tarde pero cinco de los 32 artículos fueron derogados en un referéndum en diciembre de 1992. Fue una derrota para aquel gobierno pero la apertura de la economía fue “la gran revolución” que dejó Lacalle, a juicio del politólogo Óscar Bottinelli, junto con la desregulación laboral que implicó la eliminación de los consejos de salarios. El exministro de Economía Ignacio de Posadas cree que el principal legado de Lacalle fue “haber puesto por delante los principales problemas del país; algunos los resolvió, otros los tiró para afuera”. Y pone como ejemplo las privatizaciones, la situación de los funcionarios públicos, el puerto y la Aduana. “Lo hizo con coraje, cosas que él había anunciado en la campaña. Fue un gobierno que se la jugó, que apuntó a transformar al Uruguay. Y lo que hizo no se tocó”, dice De Posadas.

La crisis económica marcó a fuego al gobierno de Jorge Batlle y su legado está claramente asociado a ese momento histórico del país. “La salida exitosa en acuerdo con todas las fuerzas políticas y sociales, es decir el logro de una salida consensuada, queda como un activo de Batlle”, opina el politólogo Óscar Bottinelli. Mientras, Leonardo Costa, quien fue prosecretario de la Presidencia de Batlle, sostiene que “la propia salida bancaria y la forma en que se instrumentó, y también el haber respetado la deuda, fue lo que después potenció el crecimiento, así como las inversiones que vinieron más adelante”. Costa también destaca tres obras que quedaron como legado de aquel gobierno: el aeropuerto de Carrasco, la terminal del puerto de Montevideo y por último la instalación de la planta de Botnia (luego de UPM), “cuyo contrato se firmó en el gobierno de Batlle y una de las exigencias era el tratado de protección de inversiones del gobierno”. En otro terreno, la histórica Comisión para la Paz, que indagó sobre las desapariciones en la dictadura militar, fue el primer gran esfuerzo realizado por el Estado uruguayo para acercarse a la verdad sobre los hechos sucedidos en las décadas de 1970 y de 1980. Algo que no habían realizado los gobiernos anteriores.

Eran momentos de cambios. La izquierda había llegado al poder y el país empezaba a salir de la crisis económica. No había pasado un mes desde la asunción de Tabaré Vázquez cuando el 21 de marzo de 2005 el Parlamento sancionó una ley de urgencia por la cual se creó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para atender la emergencia social tras la crisis de 2002 y en particular la pobreza extrema e indigencia. Los dos primeros años funcionó el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (Panes), que luego fue continuado por el Plan de Equidad. La reforma de la salud y la reforma tributaria, que instaló el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) así como el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), son parte de los cambios que instaló Vázquez y que se mantuvieron hasta hoy. “El país cambió para bien y se terminaron obras que durante 40 años estaban paradas, como el Sodre y la Torre Ejecutiva”, dice a El País María Julia Muñoz, quien fue ministra de Salud Pública de aquella administración. “Salieron de la pobreza un millón de personas y se crearon 350.000 puestos de trabajo. Eso es inclusión con justicia social”, opina la ministra.

“Pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma”, dijo el entonces ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro el 21 de junio de 2012, cuando el Poder Ejecutivo anunció en conferencia de prensa que se promovería el cultivo y la venta de marihuana como parte de un paquete de medidas contra la inseguridad. Esa ley del cannabis, aprobada un año más tarde, terminó siendo parte de la agenda de derechos, que parece ser el principal legado del gobierno de José Mujica. Allí también se incluye el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo. Son medidas que no promovió en forma directa el entonces presidente (salvo el cannabis), aunque sí quedaron asociadas a su gobierno. “Está bien, él no promovió la agenda de derechos, pero tampoco la golpeó”, dice Eduardo Brenta, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Mujica. El histórico acuerdo sobre la patente única de rodados, postergado durante décadas, también es otro legado que dejó Mujica.